El funcionamiento del sistema judicial español es complejo, entre otros motivos porque compromete diariamente a decenas de miles de profesionales. Antes de la pandemia, en 2019, había 154.296 abogados ejercientes… frente a los 5.341 jueces y magistrados en activo de 2020. Además, los datos objetivos muestran que España es, en términos generales, un país litigioso y, en concreto, durante la «gran recesión» (tras 2008), fue el tercer país más litigioso de la OCDE en términos per cápita.
La cuestión es que el buen (o mal) funcionamiento del sistema judicial resulta muy importante para la vida de los ciudadanos y es además un instrumento muy relevante de prosperidad económica a nivel de todo el país. Como resultado, está sujeto a grandes tensiones (y pasiones) políticas, territoriales y personales que impiden, demasiadas veces (y a veces intencionadamente), hablar fríamente de su situación objetiva.
En este contexto no es nuevo escuchar que la justicia española funciona mal, que es lenta y que carece de la «eficacia» que cabría esperar en un país como el nuestro. Además, está altamente arraigado en el debate social que los abogados son los «malos de la película» porque generarían constantemente pleitos y conflictos diversos. Según ese razonamiento, esos litigios muchas veces no favorecerían ni siquiera a sus propios clientes y engrosarían las listas de casos pendientes dentro del sistema.
Ese debate incompleto se produce porque frecuentemente se olvida que los problemas de la justicia son una cuestión de dos: no cabe responsabilizar solo a los abogados (y sus clientes, ya sean empresas o ciudadanos) sino que también hay que tener en cuenta las características propias del sistema judicial propiamente dicho y, en concreto, de su dotación de medios, entre otras cuestiones.
En este artículo (y en los dos siguientes, este y este), me gustaría centrarme, sin embargo, en algunas de las críticas usuales hacia la abogacía y su «culpabilidad» en cuanto a cómo funciona la justicia en España.
I.
«Hay más abogados en Madrid que en toda Francia» y otras críticas a la abogacía que sería mejor analizar fríamente con datos
Se repite asiduamente que hay demasiados abogados en España. En concreto se afirma popularmente que «hay más abogados en Madrid que en toda Francia». Pero, ¿Realmente tenemos un mercado de abogados «hipertrofiado» respecto de otros países? ¿Esto genera litigiosidad?
Esas preguntas, sin embargo, tan solo se quedan en la superficie del (posible) problema. Cabe dar un paso más allá y plantearse por qué litigan los abogados sea cual sea su número ¿Son realmente «culpables» del funcionamiento de la justicia en España? Para contestar a este segundo bloque de cuestiones (que abordaré en posteriores artículos), es importante recordar que los abogados, los ciudadanos y las empresas puede que litiguen más debido a las circunstancias que les rodean y que, hasta cierto punto, les vienen dadas. Destaco ya tres «realidades» estadísticas: por un lado, cuando una economía entra en crisis, aumenta la litigación. Por otro, a nivel de toda la OCDE, una economía basada mayormente en los servicios y la agricultura es más pleitista que otra basada en actividades industriales. Por último, la complejidad de la regulación no ayuda: solo en el año 2020 se publicaron nada menos que 12.250 normas nuevas en España.
Volvamos aquí a la primera discusión o posible causa de litigación, que es, de hecho, el objeto de este artículo: ¿Es el número de abogados en España muy elevado en términos comparados? (¿Hay realmente más en Madrid que en toda Francia?) y ¿Cuál es su relación con la litigiosidad? Aunque no es fácil comparar datos internacionales, con las debidas cautelas se puede afirmar que sí: en Madrid hay más abogados que en toda Francia. En 2018 Francia tenía 66.958 abogados, frente a los 78.358 colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Alcalá de Henares (ICAAH) juntos. Con todo, sin embargo, quedarnos con esa comparación es más bien una «caricatura» porque Francia es un país que tiene especialmente pocos abogados respecto de su población. En términos absolutos, el resto de las grandes economías europeas tienen más abogados que España y, en términos per cápita, nos supera Italia y estamos cercanos al caso del Reino Unido. El gráfico 1 muestra el número de abogados a nivel internacional a partir de los datos de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ, 2021) para el año 2018, que es el más reciente para el que se puede establecer una comparativa.
GRÁFICO 1. NÚMERO DE ABOGADOS A ESCALA INTERNACIONAL
Fuente: CEPEJ (2021)
En términos per cápita (abogados por 100.000 habitantes), la cifra española es de 304,6 abogados. Como ya se señalaba, está por debajo de la italiana (388,3) y no es lejana a la media de las jurisdicciones seleccionadas en el gráfico (252,4).
Dicho esto, en cualquier caso, ¿Es la abogacía la responsable de la litigiosidad? Es razonable pensar que pueda haber una base teórica que sostenga ese tipo de preocupación… Sin embargo, por el lado de la estadística, no cabe relacionar directamente el número de abogados y la litigación pues ambas magnitudes están afectadas por un problema de «circularidad» (lo que en economía y econometría se denomina «endogeneidad»). Si hay más abogados, habría más litigiosidad… Pero si hay más litigiosidad también habría más abogados (que serían atraídos al mercado). Por tanto, no sería válido solo observar una de las direcciones. En resumen, la comparación directa no sería adecuada.
Debido a ese problema de estimación hay pocos estudios que hayan encontrado una respuesta clara y técnicamente solvente. Algunos análisis dicen que existe una relación entre el número de abogados y la litigiosidad en EEUU, Japón o Italia… mientras que otros no encuentran relación en Inglaterra, Austria y, de nuevo, en EEUU (es decir, para EEUU estudios distintos dan resultados diferentes) (2) . Para el caso de España, teniendo en cuenta esos condicionantes y cautelas, los resultados apuntan a que un incremento de un 1% en el número de abogados per cápita se relacionaría con un incremento en la litigación de un 1,4% (véase el estudio de Mora-Sanguinetti y Garoupa, 2015 (3) ), pero llegar a esta cifra requiere tener en cuenta condicionantes históricos, como la distribución de las facultades de Derecho (en 1968) o las fronteras de los distritos universitarios de 1845.
Ahondando en ese último punto, resulta interesante observar que, efectivamente, permanece un importante poso de historia en la distribución de los abogados a lo largo de la geografía española. Es decir, si bien cabría razonar que la riqueza y la población deberían contribuir a explicar mayormente la presencia de los despachos, siguen existiendo mercados de la abogacía amplios en Salamanca, Granada o La Coruña (donde se sitúa Santiago de Compostela). Esas provincias son sedes de instituciones académicas centenarias. El gráfico 2 muestra la localización de las facultades en 1968. Se ha escogido ese año porque es el momento de creación de la UNED, que podría distorsionar el análisis de años posteriores.
GRÁFICO 2. LOCALIZACIÓN DE LAS FACULTADES DE DERECHO EN 1968
Fuente: Mora-Sanguinetti y Garoupa (2015)
A modo de conclusión cabe señalar que, factualmente, es cierto que «Madrid tiene más abogados que toda Francia». Pero también conviene recordar que esa comparación, si no se realizan más reflexiones, viene a deformar una realidad más amplia: Francia tiene pocos abogados respecto de su población. Además, en términos absolutos, el resto de las grandes economías europeas tienen más abogados que España. Por otro lado, no hay que conectar a la ligera «abogacía» y «litigación». La comparación directa no sería adecuada pues es una relación circular (lo que en econometría se conoce como «endogeneidad»). De hecho, en términos estadísticos pocos estudios han encontrado una respuesta clara y solvente. Para el caso de España, los resultados apuntan a que un incremento de un 1% en el número de abogados per cápita se relacionaría con un incremento en la litigación de un 1,4% pero llegar a esta cifra requiere tener en cuenta condicionantes históricos. Así, siguen existiendo mercados de la abogacía amplios en provincias con instituciones académicas centenarias, como Salamanca, Granada o La Coruña (donde se sitúa Santiago de Compostela).
II.
Referencias
Hanssen, F. (1999). «The effects of judicial institutions on uncertainty and the rates of litigation: the election versus appointment of state judges». Journal of Legal Studies 28, 205-232.
Mora-Sanguinetti, J. S. y N. Garoupa (2015) «Do lawyers induce litigation? Evidence from Spain, 2001-2010». International Review of Law and Economics 44, 29-41.
Posner, R. (1997). «Explaining the variance in the number of tort suits across U.S. states and between the United States and England». Journal of Legal Studies 26, 477-489.