Proyecto de Circular del Banco de España, por la que se modifican la Circular 2/2016, de 2 de febrero (LA LEY 1221/2016), del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE (LA LEY 10339/2013) y al Reglamento (UE) n.º 575/2013 (LA LEY 10371/2013); la Circular 2/2014, de 31 de enero (LA LEY 1110/2014), del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (LA LEY 10371/2013), sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (LA LEY 13237/2012); y la Circular 5/2012, de 27 de junio (LA LEY 12040/2012), del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.
El objetivo fundamental del proyecto es completar, mediante la modificación de la Circular 2/2016, la transposición de la Quinta Directiva de Requisitos de Capital al ordenamiento jurídico español, en los términos que establecen las habilitaciones que le concede al Banco de España el Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril (LA LEY 9105/2021), y el Real Decreto 970/2021, de 8 de noviembre (LA LEY 24274/2021), que modifican, entre otros, la Ley 10/2014, de 26 de junio (LA LEY 10274/2014), y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero (LA LEY 1785/2015), respectivamente. Respecto a la modificación de la Circular 2/2014, el objetivo es ejercer las opciones y discrecionalidades aplicables a nivel nacional que el Reglamento (UE) 2019/876 (LA LEY 10052/2019) CRR II o el Reglamento Delegado 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, atribuyen a las autoridades nacionales competentes, fundamentalmente relacionadas con el riesgo de liquidez.
Asimismo, también modifica la Circular 5/2012 con el objetivo de desarrollar determinadas obligaciones de información aplicables al crédito revolving, en fase precontractual y contractual, establecidas en la Orden 2899/201, que resultan necesarias para alcanzar los objetivos de política pública en materia de protección de la clientela bancaria perseguidos en dicha orden ministerial.
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