Los organizadores piden a la Comisión que inicie reducciones fiscales para los productos ecológicos, producidos de forma sostenible y respetuosos con el medio ambiente en Europa, a fin de sostener la protección del clima y el medio ambiente. Puesto que la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) cumple las condiciones necesarias, la Comisión considera que es jurídicamente admisible. La Comisión no ha analizado en esta fase el fondo de la iniciativa.
También la Comisión ha debido denegar el registro de la «Iniciativa EVE para la creación del derecho de decisión». La iniciativa pide a la Comisión que presente una propuesta con miras a la introducción de un nuevo derecho fundamental que establezca un «sistema de democracia directa» a nivel de las instituciones de la Unión, en el que los ciudadanos puedan decidir, «de forma cohesionada», «en lo común o cosa pública», ejerciendo así conjuntamente la «soberanía del pueblo». La consecución de este objetivo solo puede lograrse mediante una modificación de los Tratados. Sin embargo, el Reglamento (UE) 2019/788 solo permite iniciativas que pidan a la Comisión que proponga, en el marco de sus competencias, actos de Derecho derivado para la aplicación de los Tratados. La denegación sucede a un procedimiento en dos fases, en la primera de las cuales se instó a los organizadores a modificar su iniciativa inicial, teniendo en cuenta la primera evaluación de la Comisión.
Próximas etapas
Tras el registro, los organizadores de la ICE sobre el «IVA ecológico» disponen de seis meses para empezar a recoger firmas. Si una iniciativa ciudadana europea consigue, en el plazo de un año, un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete Estados miembros, la Comisión deberá actuar. La Comisión podrá dar curso o no a la iniciativa, pero en ambos casos deberá motivar su decisión.
Contexto
El Tratado de Lisboa introdujo la Iniciativa Ciudadana Europea como herramienta en manos de los ciudadanos para definir la agenda política. Se puso en marcha oficialmente en abril de 2012.
Los requisitos de admisibilidad son los siguientes: 1) que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, 2) que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria y 3) que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.
Desde el inicio de la ICE, la Comisión ha recibido 110 solicitudes para poner en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea, 86 de las cuales eran legalmente admisibles y, por tanto, podían ser registradas.
La denegación del registro de la iniciativa «Iniciativa EVE para la creación del derecho de decisión» es la primera denegación del registro de una ICE desde que el nuevo Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea empezó a aplicarse en enero de 2020. Desde entonces, la Comisión ha registrado dieciséis iniciativas (incluidas cuatro que se acogieron al nuevo procedimiento de registro en dos fases).