Vicente Sánchez, CEO Wolters Kluwer España y Portugal
Con motivo de la publicación del nº 10.000 del Diario LA LEY, hemos hablado con Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer Legal & Regulatory para España y Portugal, que nos cuenta, entre otras cosas, como ha ido evolucionado el mundo de la información jurídica en estos últimos cuarenta años y como el Diario LA LEY ha ido evolucionando con la sociedad, pasando de ser un producto en papel a un soporte enteramente digital y enriqueciendo su campo de información de forma paralela al desarrollo social que se ha producido en nuestro país.
También, entre otras cosas, nos da su visión sobre el futuro del sector legal, el impacto de la tecnología en la Justicia y de cuáles serán las principales oportunidades de negocio que se generarán a raíz de los cambios legislativos que se avecinan.
Tras dos años de pandemia que han convulsionado a la sociedad en general y, claro está, también al negocio jurídico, ¿cómo ve el futuro del sector a corto y medio plazo?
Como ha ocurrido en otros segmentos de mercado, el negocio jurídico se ha visto compelido a acelerar un proceso de transformación con el que muchas firmas legales, departamentos de empresa y organismos públicos en sus diferentes niveles ya empezaban a estar fuertemente comprometidos. Sin embargo, es cierto que pese a haberse avanzado mucho en los procesos colaborativos del trabajo a distancia, a través de las herramientas más implantadas en el mercado como TEAMS o ZOOM, el proceso de implantación de herramientas básicas (CRM, ERPs, Sistemas de gestión de proyectos legales) y herramientas avanzadas (automatización documental, eDiscovery, etc) ha seguido un ritmo más lento de despliegue. Es importante que una vez alcanzada la nueva normalidad, en la que nada volverá a ser como antes, los actores en el mercado legal y regulado adopten los paradigmas que están siendo asumidos por el resto de los sectores económicos: hibridación en el trabajo, deslocalización de centros de trabajo, diversificación y delegación de funciones de valor añadido menor, trabajo efectivo por proyectos, adaptación y adquisición de competencias digitales y enfoque, en definitiva, hacia una estrategia sólida y realista de renovación tecnológica con apuesta por la nube e implantación progresiva de sistemas de gestión de negocio y práctica jurídica, partiendo primero de la base y luego avanzando hacia sistemas más sofisticados.
¿Qué papel han jugado la digitalización y la tecnología en estos dos años? ¿Y qué papel espera que tengan en el futuro?
Creo que, como frecuentemente suele suceder en este mercado, se ha sobredimensionado el impacto que la pandemia y sus consecuencias han tenido en la renovación tecnológica del sector. Más allá de un uso más generalizado de la video conferencia y el refuerzo de las plataformas que permiten el trabajo en remoto, la realidad es que durante estos dos años la generalidad del sector ha mantenido los proyectos de digitalización y renovación tecnológica de base que ya estaban en marcha antes de la crisis, sin que se haya producido un refuerzo o una aceleración hacia la transformación y optimización plena.
En este sentido, posiblemente sean los grandes despachos y los departamentos legales de grandes corporaciones los que hayan dado pasos más amplios, incrementándose la brecha frente a actores más pequeños en el mercado. Se han reforzado, especialmente por las grandes firmas, las posibilidades que la tecnología ofrece para optimizar los procesos, tanto en práctica jurídica como en gestión del negocio legal. Sin embargo, para una gran parte del mercado, los retos que existían antes de 2020 siguen estando muy presentes.
En la parte positiva, sí destacaría sin embargo que algo ha cambiado en la mentalidad de los profesionales a lo largo de la pandemia, lo que los sitúa en un punto de partida mucho más favorable y permeable a la hora de abordar de nuevo tras la crisis este reto de transformación.
Creo que en los próximos dos años va a haber un fuerte movimiento hacia la digitalización por parte de las organizaciones más pioneras: aquellas que ya contaban con un plan estratégico en este sentido con el apoyo y soporte de su alta dirección, que ya se habían enfrentado con menor o mayor éxito a diversos aspectos del reto de la transformación y que contaban con presupuestos asignados para ello. Sin embargo, la vuelta a la normalidad va a pinchar la burbuja de la digitalización para otra gran parte del sector que tenderá a seguir perpetuando procesos tradicionales. Como resultado, preveo una brecha mayor entre los distintos operadores de este mercado.
¿La tecnología iguala a despachos grandes y pequeños o solo está a disposición de los primeros aumentando la distancia entre ellos?
La tecnología que se dirige a la transformación efectiva es tremendamente democrática y está hoy en día a disposición de cualquiera que quiera hacer uso de ella de una manera eficiente e inteligente. En este ámbito, más que diferenciar entre despachos grandes y pequeños, yo distinguiría entre profesionales que apuestan por realizar su trabajo en condiciones eficientes, que aspiran a consolidar el contacto y la gestión de sus clientes y que optimizan los procesos alrededor de su práctica jurídica, frente a aquellas otras firmas que seguirán sobreviviendo alrededor de los métodos y sistemas tradicionales. Estamos por tanto en un contexto en donde la mentalidad hacia el cambio es fundamental, pero también lo es el identificar qué es aquello que la tecnología puede transformar para hacer el trabajo del día a día de una forma más efectiva. También es importante que toda la visión hacia el cambio se plasme en una estrategia consistente y robusta, fuertemente apoyada por los propietarios de los despachos o la alta dirección de las empresas y con una apuesta presupuestaria decidida hacia el cambio. Y en todos estos parámetros, el hecho de ser un gran despacho no supone necesariamente un aspecto facilitador frente a despachos más pequeños que, sin embargo, pueden ser más innovadores y ágiles a la hora de digitalizar.
Se espera que en 2022 vean la luz tres normas que pretenden sentar las bases de una «nueva Justicia» en nuestro país: la ley de eficiencia procesal, la de eficiencia organizativa y la de eficiencia digital. En concreto, esta última pretende establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización. ¿Cómo valora esta iniciativa del Ministerio enmarcada en el Plan Justicia 2030? ¿Cree que con ellas se llegará a la tan ansiada digitalización de la Justicia?
Creo que las administraciones públicas en su conjunto y el Ministerio de Justicia entre ellas, está haciendo un esfuerzo titánico en promover no sólo un contexto legislativo y programático, sino también de mentalidad orientado al cambio, dotando asimismo al mercado de ayudas para conseguirlo. Este proceso indudablemente se va a seguir reforzando en los próximos años en el marco de los distintos planes estratégicos que las administraciones van a ir poniendo en marcha con este fin. El plan Justicia 2030 creo que es suficientemente ambicioso y está debidamente estructurado para dar un gran paso hacia la nueva justicia digital, apoyándose entre otras en los programas citados, dirigidos a aumentar la eficiencia del servicio público de justicia. Sin embargo, creo que lo verdaderamente interesante más allá de la planificación de estos programas, es la forma en la que se van a ir ejecutando, dotando presupuestariamente y articulándose en la práctica. Y, sobre todo, cuál va a ser la apuesta de los sucesivos gobiernos en este sentido. Espero por tanto que haya continuidad y que, dentro de 7 años, si me vuelve a plantear esta pregunta, pueda dar un sí rotundo a la capacidad real de estos programas, espero que ya implantados, para transformar el funcionamiento de la Justicia en España.
¿Hasta dónde puede llegar la Justicia gracias a las nuevas tecnologías? ¿Veremos jueces robots? ¿Juicios en el metaverso? ¿Se pueden hacer predicciones en esta materia?
Es curioso cómo, siempre que hablamos de digitalización transformadora en la Justicia, tendemos a centrarnos en los elementos tecnológicos más disruptivos, como lo es en el caso de su pregunta, el uso de la inteligencia artificial, la automatización de procesos robóticos o las simulaciones hiperrealistas basadas en realidad aumentada o virtual —el llamado metaverso—. Todos estos aspectos nos deslumbran y nos hacen pensar en una Justicia muy diferente a la actual. Y esto es positivo. Sin embargo, creo que en este ámbito como en otros muchos procesos, es necesario ir avanzando lentamente en una dirección estratégica nítida. Pasos firmes y decididos, pero con impacto material a corto plazo que, partiendo de los elementos más básicos, construyan de una manera realista un nuevo entorno. Cuando nuestra Justicia se encuentra todavía en un marco muy tradicional, creo que no ayuda el perderse en conceptos ciertamente muy avanzados y atractivos pero que están muy lejos de ser el elemento transformador que la Justicia de la década venidera necesita. La transformación de la Justicia debe por tanto apoyarse en primer lugar sobre pilares más básicos a los que se debería de dar prioridad. Siempre he sido más partidario de construir sobre los elementos esenciales y tangibles que están ya a disposición del mercado y no considerar quimeras cuyo desarrollo hay que observar con atención, pero que están hoy muy lejos de ser los grandes transformadores de la administración de Justicia en España con, entre otros, sus problemas de equipamiento y obsolescencia técnica, volumen de recursos, procesos manuales no siempre eficientes, falta de homogeneización tecnológica entre regiones, congestión y dilación en los procedimientos.
Junto a las reformas procesales comentadas anteriormente, la reforma laboral y el fin de la moratoria concursal parece que serán las «estrellas jurídicas» de este año. ¿Afectarán positivamente al negocio legal? ¿Cree que la profesión está preparada para estos importantes cambios que se avecinan?
La realidad es que tras la intensa sequía legislativa que hemos vivido desde finales de 2015, lo que es un proceso regulatorio normal nos parece realmente una avalancha normativa. Sin embargo, creo que las dos reformas a las que se refiere en su pregunta forman parte de un proceso de producción legislativa que tiene que ir ampliándose y extendiéndose progresivamente a otros dominios durante los próximos años, no solo para transponer un gran número de directivas que siguen pendientes de integración en nuestro ordenamiento local, sino también para hacer frente, como no puede ser de otra manera, a las nuevas necesidades y demandas sociales que se han ido produciendo.
Es previsible, por tanto, que junto a la reforma laboral vivamos en el corto plazo nuevas e importantes reformas fiscales, procesales, penales y administrativas. Esta es la dinámica normal del mercado regulado y por supuesto, recuperar un ritmo normal normativo beneficia al negocio legal y a todos los operadores que se mueven en torno al mismo, aunque es cierto también que obliga a los profesionales jurídicos a salir de su zona de confort y ponerse al día respecto a todos los cambios que se vayan produciendo.
¿Destacaría algún campo más que en un futuro inmediato pueda generar negocio a los profesionales jurídicos?
Es difícil de prever porque está vinculado a las distintas reformas del marco legal que se vayan produciendo y a la evolución económica y social del país y los retos que se deriven de dicha evolución. Es claro que el fin de la moratoria concursal intensificará el número de procedimientos en este ámbito. También destacaría como un área de fuerte crecimiento el Derecho vinculado a la tecnología, conocido como Derecho digital, que constituye indudablemente uno de los campos con más impacto transformador de la sociedad y que requerirá importantes reformas en los próximos años para adaptar el marco normativo a la nueva realidad digital que estamos viviendo. Dentro de este epígrafe destacaría las oportunidades que surgirán en torno a la ciberdelincuencia y ciberseguridad, las criptomonedas, el teletrabajo, la gestión del Big Data, la propiedad intelectual, los delitos informáticos, la identidad digital, la privacidad y la protección de datos, el compliance tecnológico y la contratación electrónica.
Recientemente han publicado el n.o 10.000 del Diario LA LEY, la publicación de referencia sobre actualidad y opinión jurídica en nuestro país. ¿Cómo ha evolucionado el mundo de la información jurídica en estos más de 40 años de vida de esta publicación?
En Wolters Kluwer nos sentimos muy orgullosos de esta celebración, que destaca el relieve que Diario LA LEY, como soporte decano de la prensa jurídica, ha tenido y sigue teniendo para la comunidad legal de nuestro país. A lo largo de estos más de 40 años, el Diario ha ido evolucionando con la sociedad, pasando de ser un producto en papel a un soporte enteramente digital desde 2016 y ampliando y enriqueciendo enormemente su perímetro de contenidos, de forma paralela al desarrollo social que se iba produciendo en nuestro país. El Diario, que en su origen era un producto muy centrado en la interpretación normativa y jurisprudencial, con análisis doctrinal en profundidad, ha ido incluyendo secciones de noticias y actualidad multimedia, e incluso módulos temáticos vinculados a la actualidad, como son las secciones actuales de Legal Management, Ciberderecho o Plan de Choque de la Justicia. Con todo ello, hemos intentado siempre ser pioneros en un contexto de información jurídica en el que se han multiplicado las fuentes de información, en donde los medios tradicionales han reforzado su cobertura en este ámbito y en donde se han integrado blogs y contenidos generados por los propios usuarios, inexistentes en la época en el que el Diario vio la luz por primera vez.
Además de la evidente evolución del formato y el contenido, uno de los cambios más llamativos que percibo al ver, por ejemplo, la portada del primer número del Diario fechado el 1 de octubre de 1980, es la ausencia en aquel momento de mujeres en la dirección, redacción y comité editorial de la publicación. En la actualidad en nuestra redacción y dirección editorial el talento femenino es claramente mayoritario, y el número de firmas expertas en nuestras páginas refleja también una diversidad que, lamentablemente, no tenía el Diario en sus inicios. Éste es uno de los aspectos en los que el Diario, como la sociedad, ha mejorado notablemente.
Uno de los puntos más destacados que aporta el Diario LA LEY a la comunidad jurídica es el proporcionar, junto a la información de actualidad, opinión y análisis doctrinal. ¿Son los autores el gran valor del Diario LA LEY y lo que le distingue de otros medios de información jurídica?
Sin duda ninguna, nuestros autores son el mejor activo que Wolters Kluwer aporta al mercado en todas sus soluciones. Y Diario LA LEY no podía ser una excepción. Creo que si hay un elemento común que se haya mantenido en el Diario desde su creación ha sido el cuidado exquisito a la hora de escoger las mejores firmas y las voces más autorizadas para hacer entender todas las dimensiones de los cambios legales y jurisprudenciales que se han ido produciendo en España desde hace más de cuarenta años. Son ellos quienes han ido construyendo día a día las mejores interpretaciones a la evolución normativa y jurisprudencial y son ellos los que han ido proponiendo, dirigiendo y creando las distintas secciones y módulos temáticos que el Diario ha ido poniendo en marcha. Creo que uno de los grandes aciertos del Diario es haber sabido mantener un excelente equilibrio entre calidad, dinamismo y variedad de los temas tratados: leer el Diario LA LEY es tener la seguridad de estar totalmente al día y en profundidad de todas aquellas novedades y noticias de actualidad que se producen en el segmento legal y regulado de nuestro país.