La normativa comunitaria fue adoptada en 2018 tras el accidente nuclear de Fukushima (Japón) para incluir nuevos protocolos de emergencia y proteger mejor de los riesgos derivados para trabajadores, pacientes y ciudadanos de una exposición a radiaciones ionizantes.
Los Estados miembro tuvieron hasta junio del pasado año para transponer la norma a su legislación pero España no ha cumplido con los plazos previstos, razón por la que el Ejecutivo comunitario inició un expediente sancionador.
Ya en junio, los servicios comunitarios remitieron a las autoridades españolas un dictamen motivado, segunda fase en el procedimiento que supone un ultimátum al Estado miembro para que responda a las dudas de la Comisión.
Sin embargo, Bruselas considera insuficientes las explicaciones y apunta que hasta la fecha España únicamente ha transpuesto "una pequeña parte de los requisitos" de la nueva directiva.
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