España es el país europeo, tras Alemania, con mayor número de fundaciones –más de 9.000–, con unos activos de más de 22.000 millones y unos ingresos anuales de cerca de 8.000 millones de euros (entre ayudas públicas y donaciones privadas) que generan cerca de 300.000 empleos. Pese a la importancia de este sector y a la creciente demanda social de los servicios que prestan –con casi 44 millones de beneficiarios en 2019–, sus niveles de transparencia son claramente mejorables, según pone de manifiesto el estudio Información financiera y no financiera de las fundaciones en España realizado por el Consejo General de Economistas.
El estudio revela que aunque las fundaciones están obligadas a publicar información financiera y sobre sostenibilidad, dicha información es, en algunos casos, escasa y heterogénea, y, en otros, está desactualizada. Este problema deriva en la complejidad de obtener información económico-financiera por parte de cualquier interesado, lo que puede estar ocasionado por la inexistencia de un registro centralizado donde se deposite toda esta información al igual que existe para las sociedades mercantiles. Por ello, los economistas demandan una mayor estandarización de los requerimientos mercantiles de las fundaciones de competencia estatal y autonómica, ya que la normativa presenta diferencias –a veces bastantes– en función del ámbito territorial de su actividad, lo que genera una distorsión del mercado único en cuanto a homogeneidad y transparencia informativa.
Mejorar la transparencia de las fundaciones estableciendo un registro centralizado donde se deposite la información financiera y no financiera de las mismas, incrementar el tamaño de este tipo de entidades, avanzar hacia una mayor profesionalización en su gestión y acelerar la transformación digital son algunas de las conclusiones que pueden extraerse del Informe
Información financiera y no financiera de las fundaciones en España: análisis de casos a partir de sus notas a los estados financieros y otros estados
, que ha sido presentado hoy y que ha sido elaborado por el Consejo General de Economistas de España (CGE), a través de su órgano especializado en Información Financiera y no Financiera –Economistas Contables (EC)–, bajo la coordinación del Servicio de Estudios de dicho Consejo General.
El acto ha sido inaugurado por Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), y por María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de España, y en él han participado los coordinadores de este estudio: Salvador Marín, presidente EFAA for SMEs y director del Servicios de Estudios del CGE, y Francisco Javier Martínez, presidente del Registro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI) del CGE. El acto ha concluido con un coloquio, que ha sido moderado por Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables (EC), en el que han participado todos los intervinientes.
Dicho estudio está dividido en tres partes: En la primera se realiza una aproximación a la coyuntura económica del sector de las fundaciones. En la segunda parte se analiza la normativa contable que afecta a las fundaciones. En la tercera, se identifica, clasifica y analiza la casuística sobre la información financiera y no financiera del sector a través 75 casos de fundaciones reales. El estudio incluye al final una serie de conclusiones y propuestas.
Coyuntura económica del sector de las fundaciones
Según se destaca en el estudio Información financiera y no financiera de las fundaciones en España, el sector de las fundaciones en España tiene un papel destacable en la economía, aportando un 0,8% del PIB y generando en su conjunto más de 267.000 empleos directos y no menos de 10.000 indirectos. Los beneficiarios totales de las fundaciones en España se han incrementado de forma notable desde 2008 a 2019, con un total nacional en este año final de 43.706.351, frente a los 17.801.780 al inicio de la serie.
La penetración de las fundaciones en la sociedad española es relativamente alta. Así, según la Asociación Española de Fundaciones (AEF), en 2019 (último dato disponible) había en España 20 fundaciones por cada 100.000 habitantes, localizándose en las CCAA de Madrid, Cantabria y Navarra las mayores densidades (33, 31 y 31 por cada 100.000 habitantes, respectivamente).
En relación al número de fundaciones a nivel europeo, España es, después de Alemania, el país con mejores cifras de este tipo de entidades activas, concretamente 9.218, de las cuales cerca del 50% se han constituido entre los años 2003 y 2019 (último dato disponible). Lo que demuestra la importante tradición fundacional española y el creciente interés por este tipo de entidades.
Desde la perspectiva presupuestaria, la actividad de las fundaciones se ha mantenido en equilibrio presupuestario a lo largo de los años, aunque, de media, incurren en un pequeño déficit (en 2019 tuvieron unos ingresos totales de 7.754 millones de euros y unos gastos de 8.499 millones).
En cuanto a la suma de los activos gestionados por estas fundaciones, tampoco presenta grandes cambios a lo largo del periodo. En promedio anual, el activo de las fundaciones en España se sitúa en 21.772 millones de euros, siendo el dato de 2019 algo mayor, con 22.501 millones de euros.
Respecto a la procedencia de los ingresos de las fundaciones, durante el periodo analizado, aproximadamente y de media, el 85% de los fondos han tenido origen privado, mientras que el 15% procedía del sector público.
Además, la iniciativa creadora de estas fundaciones recae mayoritariamente en personas físicas, suponiendo casi el 73% las creadas por estas, frente al resto, que son constituidas por asociaciones y empresas, y casi tres cuartas partes de todas las fundaciones se constituyen con dotaciones referentes al mínimo estándar (30.000 euros), y las que lo sobrepasan son en su mayoría inferiores a 150.000€.
Si atendemos a la estructura de las fundaciones según su patrimonio, en 2019, aquellas con patrimonios pequeños y medianos (hasta 500.000€) suponían el 69,77% del total registrado en España.
Información financiera y no financiera del sector del sector de las fundaciones
A la vista de estos datos, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha destacado la creciente importancia del denominado Tercer Sector, del que forman parte las fundaciones, cuyo buen comportamiento de estas últimas –que se refleja en el cada vez más elevado número de beneficiarios– podría explicarse por la naturaleza social y asistencial de las actividades que desarrollan, y por los valores que promueven que son “claves para el bienestar y la prosperidad de cualquier nación desarrollada”. Es por ello que, para Pich, “si bien resulta razonable que las fundaciones tengan un régimen fiscal privilegiado con respecto al resto de entidades (tributación a un tipo reducido del 10%, frente al tipo general del Impuesto sobre Sociedades del 25% por las actividades económicas que realicen fuera de su finalidad estatutaria, no teniendo que tributar en este impuesto por la actividad propia de su objeto), no lo es que los requerimientos sobre información financiera y no financiera que están obligadas a depositar en el registro difieran, o no estén en consonancia, con los exigidos a cualquier otra sociedad mercantil, ya que, en aras de la transparencia, es absolutamente necesario que quien quiera consultar dicha información para la toma de decisiones –ya sea un donante de fondos o un usuario de servicios– pueda hacerlo sin ningún tipo de traba”. “Esta responsabilidad recae en la Administraciones –ha recalcado Pich–, por eso desde el Consejo General de Economistas pedimos a los gobiernos –estatal y autonómicos– que garanticen un mejor escenario regulatorio para este tipo de entidades y trabajen en la estandarización de los requerimientos mercantiles de las fundaciones, ya que la normativa presenta bastantes diferencias en función del ámbito territorial donde realicen su actividad”.
Además de analizar las principales variables económicas que caracterizan el sector de las fundaciones, el estudio titulado
Información financiera y no financiera de las fundaciones en España
identifica, clasifica y analiza la ingente casuística sobre la información financiera y no financiera que presentan las fundaciones españolas (a través de 75 casos de estudio de fundaciones reales de diferentes tamaños y actividades). Todo ello con objeto de determinar si las fundaciones españolas son, o no, suficientemente transparentes en cuanto a la rendición de información financiera y no financiera.
El estudio –según han explicado sus coordinadores, Salvador Marín, y Francisco Javier Martínez– pone de manifiesto que “aunque las fundaciones están obligadas a publicar información financiera y sobre sostenibilidad, dicha información es, en algunos casos, escasa y heterogénea, y, en otros, está desactualizada”. “Este problema –han afirmado– deriva en la complejidad de obtener información económico-financiera por parte de cualquier interesado, lo que puede estar ocasionado por la inexistencia de un registro centralizado donde se deposite toda esta información al igual que existe para las sociedades mercantiles”.
Para Salvador Marín, “otro problema añadido de las fundaciones españolas radica en su reducido tamaño, “un mal endémico de nuestro país que afecta a todo tipo de entidades”, que ahora pretende ser atajado mediante la Ley “Crea y Crece”, que se encuentra en estos momentos en tramitación parlamentaria, y a la que “desde el Consejo General de Economistas hemos presentado alegaciones enfocadas a facilitar la constitución de entidades de economía social y favorecer su crecimiento, ya que el texto legal parece estar solo pensado para sociedades mercantiles”. Además de la necesidad de mejorar la transparencia e incrementar el tamaño, Marín ha destacado otros retos para el sector, entre los que se encuentran “la aceleración de la innovación y la transformación digital, y una mayor profesionalización en los ámbitos de gobernanza y gestión, y adicionalmente en aspectos como el cambio climático, la lucha contra la contaminación, y, en general, en temas de dependencia, asistenciales y de atención a desplazados por causas bélicas o económicas”.
En opinión de Francisco Javier Martínez “este tipo de estudios llevados a cabo por el Consejo General de Economistas son muy útiles y apreciados tanto por los profesionales que los utilizan como por la propia academia, pues ayudan a profundizar en aspectos clave, como puede ser la casuística contable de un determinado sector, coadyuvando en la adquisición de un mayor y certero conocimiento, lo que hace que nos podamos situar en una mejor posición a la hora de proponer cambios normativos”.
El acto se ha cerrado con un coloquio que ha sido moderado por Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables (EC), quien ha señalado que “cada vez más, las fundaciones trabajan sobrepasando las fronteras de un determinado país; sin embargo, el enfoque de los reguladores internaciones ha sido desarrollar solo estándares contables para entidades con fines de lucro del sector privado, como es el caso de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), pese a reconocerse la necesidad de avanzar en la elaboración de informes estandarizados para las entidades sin fines lucrativos que sirvan de referencia”. “Este vacío normativo –ha afirmado Gracia– ha llevado a algunas jurisdicciones, como la española, a desarrollar sus propios estándares, algo loable pero que no permite la comparabilidad de la información financiera entre países”.
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FOTO (de izda. a dcha.): Francisco Javier Martínez, presidente del Registro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI); María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de España; Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables (EC), y Salvador Marín, presidente EFAA for SMEs y director del Servicios de Estudios del CGE.
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Para más información: Consejo General de Economistas de España (CGE). Prensa: Fernando Yraola (Tfno.: 696 12 77 15); yraola@yraola.com
Economistas Contables (EC) es el órgano especializado en materia de contabilidad e información financiera y no financiera del Consejo General de Economistas, que está constituido por cerca de 3.000 economistas pertenecientes a los distintos colegios. EC se creó en 2008 con el propósito de servir de cauce y punto de unión entre las diversas actividades del Economista y su relación con la información financiera en general y la contabilidad en particular.
El Consejo General de Economistas de España coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a todos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de España, y ordena y defiende el ejercicio profesional de sus colegiados. En la actualidad hay 55.000 colegiados entre los 44 Colegios existentes.