La Ley refuerza la autonomía universitaria en el marco de las bases comunes del sistema universitario, la necesaria conexión y colaboración con el entorno en el que se inserta la universidad mediante el Consejo Social, al mismo tiempo que adopta novedades en relación con la elección de la Rectora o Rector, y en relación con los límites de los mandatos de las personas titulares de los órganos unipersonales electos. Asimismo fomenta la multi e interdisciplinariedad mediante una estructura interna que permita la cooperación entre sus diferentes elementos. Por otro lado, la participación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria se erige como un componente definitorio de las universidades públicas. De esta forma, se apuesta por el desarrollo de procesos participativos, consultas y otros mecanismos de participación del conjunto de la comunidad universitaria asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Además, entre otros aspectos, se aumenta la representación mínima del estudiantado en diversos órganos de gobierno de la universidad, y se mandata la creación de un Consejo de Estudiantes en cada universidad.
Modificación:
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre (LA LEY 2769/1984), de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administraciones Públicas
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LA LEY 1038/1986)
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LA LEY 126/2000)
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (LA LEY 18750/2011)
• Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (LA LEY 15490/2013)
Deroga:
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LA LEY 1724/2001)
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LA LEY 3629/2007), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LA LEY 1724/2001), salvo sus disposiciones finales segunda y cuarta
• El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo (LA LEY 7206/2012)
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