La venta de productos falsificados y la vulneración de los derechos de Propiedad Industrial es un delito que, según los recientes estudios elaborados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y por la OCDE, sigue una tendencia en alza, en Europa y en España.
Las cifras son cada vez más preocupantes, por las consecuencias que tienen: disminución del número de ventas de productos originales, disminución en los ingresos públicos, pérdidas de puestos de trabajo, desincentivo a la innovación, perjuicios al medioambiente, daño a la imagen de las marcas y riesgos para la salud y para la seguridad de la población.
Las organizaciones criminales en muchos casos aprovechan sus redes beneficiándose de este tipo de fraudes, por los ingresos económicos que aportan, y por el escaso coste que les supone en el ámbito penal. No obstante, es necesario aumentar la coordinación entre los agentes más involucrados en este fenómeno de la falsificación de productos y vulneración de los derechos de Propiedad Industrial, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agentes aduaneros, titulares de derechos de Propiedad Industrial, jueces y fiscales, legisladores y la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la que le compete la Secretaría de la Comisión Interministerial citada.
Es también necesario una coordinación interadministrativa, ya que las medidas a tomar abarcan diversos ámbitos competenciales, de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
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