La Ley 8/2021 reforma profundamente la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Ha supuesto en palabras de los expertos en un "cambio de paradigma", obligando a adaptar el ordenamiento jurídico a la Convención de los derechos de este colectivo.
En la nueva situación predomina la sustitución de las personas con discapacidad en la toma de decisiones por otro basado en el respeto a su voluntad y preferencias y en la promoción de su autonomía.
Pero han surgido muchísimas dudas al respecto, cuestiones y puntos controvertidos y novedosos desde el punto de vista de la práctica judicial. Por ello, un Comité de Expertos, fiscales y magistrados, crearon un Grupo de Trabajo, que ha culminado en el dictado de una serie de conclusiones sumamente esclarecedoras.
El Diario La Ley les ofrece la lectura completa de las mismas en ESTE ENLACE (LA LEY 499/2022).
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