La decisión de suspender el juicio le fue comunicada al letrado el jueves 15 de septiembre por la tarde, la víspera del día en que su mujer tenía cita para la inducción del parto. El abogado había solicitado previamente poder realizar por Zoom la asistencia en este señalamiento en el que ejercía la acusación particular por un presunto delito de amenazas de la ex pareja de su cliente. El 16 de septiembre estaba fijada la declaración del investigado para el 16 de septiembre, precisamente mediante videoconferencia.
Eraus, que tenía que declarar de manera presencial por ser la acusación, solicitó formalmente declarar por zoom ya que su mujer salía de cuentas el 10 de septiembre, por lo que era previsible que no pudiera asistir. “Mi intención era no provocar una suspensión y dilación del procedimiento”, afirma el letrado.
En agosto le comunicaron desde el juzgado que denegaban su petición por no haber acreditado documentalmente el hecho.
A principios de septiembre, el abogado acudió a hablar con la juez para enseñarle los documentos médicos justificativos. “Su señoría me recibió en la secretaría junto a la LAJ -la cual no hizo un solo comentario- y resto de oficiales del Juzgado. Me dijo que no necesitaba ver el documento y que no iba a justificar nada más allá de lo dicho en la resolución. Que en todo caso podía pedir la suspensión de la vista”, explica el letrado.
Tras la revisión ginecológica del 13 de septiembre, el abogado volvió a remitir al juzgado un escrito con el informe médico sobre la fecha de la inducción del parto y el libro de familia. Finalmente, el 15 de septiembre por la tarde, a pocas horas de ser padre, el juzgado le notificó por correo electrónico que procedían a suspender el señalamiento.
Para evitar situaciones como esta, el Consejo General de la Abogacía lleva meses reclamando que en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal se regulen por ley los supuestos para la suspensión de vistas y procedimientos, incluyendo el parto inminente, la enfermedad, el fallecimiento de familiares, de manera que no dependa de la discrecionalidad de los jueces.