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Como recuerda el psicólogo argentino Rossetti no somos seres racionales. Somos seres emocionales que razonan. Y nuestra naturaleza pasional se recoge y se debe recoger en la forma de organizarnos. Porque la gestión de lo público sin pasión va en contra de nuestra naturaleza.

Pero conscientes individual y colectivamente de nuestra dependencia de lo emocional, por encima de lo analítico, establecemos sistemas de contrabalance que controlen los previsibles excesos de nuestra personalidad, volcánica tanto de manera aislada como en sociedad.

Nuestro instinto nos puede. Por eso frente a los dictados de la razón y de la voluntad hay un 40 % de obesos, un sostenido número de dipsómanos, fumadores, sedentarios, violentos o inciviles. Nuestro probablemente mayor compromiso vital vitalicio termina en divorcio en un 70 por cien de los casos. Somos así. Y lo sabemos. Y conscientes de que no hay que minusvalorar nuestra inclinación temperamental son múltiples las cortapisas que el sistema democrático establece —nos establecemos— precisamente para limitar, e incluso cercenar, la capacidad decisoria del electorado, terco —y teórico— pilar de la democracia.

Desconfiamos de nosotros mismos y somos conscientes de ello. De que nos poseen potentes tendencias autodestructivas. Quien se asome al tribunal de twitter comprobará que siempre condena, nunca absuelve, ni se plantea presunción de inocencia alguna. «El engendro que hemos parido con los jirones de nuestras pasiones es ingobernable. Preparémonos porque se prepara para destruirnos, porque, y es nuestro sino, tampoco nosotros le gustamos a él», llega a decir Manuel Pimentel. El gentío grita «Crucifícale, Crucifícale». Por eso el leitmotiv de que Democracia es un sistema en que el pueblo «decide» no queda completo sin su colofón: y que se autoimpone o se le imponen límites a la capacidad de decisión.

¿Rescoldos de viejas construcciones edificadas sobre la desconfianza en el gusto banal de la masa? Quizás. Nuestro instinto de matar lo hemos cercenado aboliendo la pena de muerte, pero está vivo, aunque soterrado, el instinto de certificar muertes civiles. El neologismo «cancelación» lo describe bien. Stuart Mill y Ortega ya se plantearon la vigencia, dentro de la democracia, de la superioridad de la elite, la necesidad de compensar los sistemas democráticos con esquemas de tutela por la ciudadanía ilustrada.

Asumiendo que incluso por encima de la voluntad popular, e incluso de la legalidad, hay principios superiores como la moral o el respeto a los derechos humanos individuales y de las minorías. Como se ejemplificó en la película «Vencedores y Vencidos. El juicio de Nüremberg» que muestra el juicio, no de los dirigentes nazis, sino de los jueces que serían finalmente condenados por …no haber desobedecido y no haber inaplicado la ley vigente en aquel entonces.

En nuestro caso la desconfianza es más sutil, y se visibiliza en varios exponentes que se analizan a continuación.

I. Control supranacional: La Unión Europea y los organismos internacionales como garantía última frente a las amenazas a la democracia derivadas de las urnas

La inserción de una papeleta en la urna no legitima la ruptura de principios básicos de convivencia. De aquí que los riesgos y temores de medidas amparadas en las mismas obligue a crear un cierre final.

La democracia no está por encima de las reglas institucionales sociales ¿Tengo la mayoría y puedo cargarme un poder judicial independiente? La historia muestra situaciones en que los principios sociales básicos son demolidos desde dentro. Desde Chávez en Venezuela a los Hermanos Musulmanes en Egipto. Esa es la tesis principal que recogen Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su conocido libro «Como mueren las democracias». Mueren erosionadas poco a poco desde su interior.

Y por eso, voluntariamente asumimos una cesión a instituciones internacionales que limiten nuestra capacidad de decisión si viola principios esenciales de nuestro sistema y esquema de valores.

Una cesión de soberanía que les traslada un control y cierre final en situaciones de crisis, incluso provocadas por las urnas.

Es el caso de crisis territoriales profundas, como se manifestó en el caso de Cataluña, en que un alzamiento institucional, con un eventual resultado derivado de unas «urnas», encuentra un muro de contención en las instituciones europeas. Dispuestas a evitar cualquier tipo de dilución, efecto en cadena de nacionalismos locales y efecto dominó disgregador y violento. Evitar guerras justifica muchas cosas.

Ya lo ha dicho Víctor Lapuente, «Lo que de veras impide la separación de Cataluña no son las instituciones judiciales o políticas españolas, sino las europeas… La UE es, sobre todo, un aparato burocrático-legal, que avanza lentamente, pero no retrocede. Petrifica todo lo que toca. Los ingenieros de la UE —no los políticos, sino los funcionarios— han tejido una tupida red de regulaciones y compromisos de la que no puedes escapar».

También en caso de crisis económica sistémica o, lo que es más habitual, de tentaciones de gasto por encima de las disponibilidades y posibilidades. El ex ministro de economía griego Varoufakis ya se quejaba de los sistemas ademocráticos que imponían la conversión de Grecia, por hombres de negro sin rostro de Bruselas, en lo que denominaba «Rescatistán». Los burócratas de Bruselas prevalecen sobre Parlamentos nacionales. Los hombres de negro sin cara son una aséptica última instancia revisora de los hybris nacionales que se activan ante los diferentes peligros sobre las esencias. Bien sea un plan contra la desinformación (1) , los riesgos del español como lengua vehicular (2) o la politización del Consejo General del Poder Judicial (3) , sobre la que también se ha manifestado el Consejo de Europa —cuyo objetivo es desarrollar principios democráticos comunes aplicando el Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950)— considerando anómalo la implicación del Parlamento en el nombramiento de sus vocales.

II. Control a través de las reglas. Por profesionales no elegidos de quienes nos fiamos: Estado de Derecho

Que hermoso es el olor a Estado de Derecho por la mañana. A imperio de la ley, pilar esencial del Estado Democrático. Porque huele…a victoria.

Un verdadero monumento basado en un poderoso y complejo sistema para… limitarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad individual y colectiva, de la persona y también del grupo, que debe renunciar a la violencia, a la auto imposición unilateral de la venganza, a la agresividad o sencillamente a nuestro libre albedrío. Consiguiendo cambiar espadas por palabras, «changing swords by words». Imponiendo el control racional de las pasiones.

El padre de Albert Camus —dice su hijo— ya lo dijo un día: «Un hombre tiene que saber reprimirse» (4) . Pero no viene mal una obligación de inhibición de procedencia externa (lo decidimos nosotros) ante la constancia de nuestras traicioneras inclinaciones. Para ayudarnos a controlar nuestros impulsos, para evitar ser reprimidos y sancionados.

Con una remisión como cierre final... a los «profesionales». A los que han accedido por mérito y capacidad. No a los que hemos elegido. Sino a los que sobresalen en el proceso que hemos decidido que les elegirá: superar un procedimiento objetivo de selección en competencia abierta

Por un lado, los profesionales dan confianza a la hora de decidir. La portavocia en situaciones de crisis sanitaria como el ébola o el coronavirus con independencia del Gobierno recaen en técnicos cualificados (5) . Respondiendo implícitamente a la pregunta de a la postre ¿a quién confiarías la vida? ¿a un político o a un científico?

Por otra parte, por la confianza en el prohombre, en el individuo, en los sabios en su caso reunidos en Consejo. El maremagnum plural y multitudinario propio de todo proceso democrático, en el que se encuentran involucrados millones de personas, converge en un contraste final de uno o varios individuos independientes. En conciencias individuales donde se celebra el debate final, como en un pantocrátor definitivo anticipando el juicio final. Todo depende de un proceso introspectivo e inaccesible, en la mente del Juez/es o magistrado/s o profesional/es de la Administración hasta que pueda formarse una «convicción». Que analiza pros, contras y realiza experimentos en su mente, dentro de su cabeza, donde se ubica su laboratorio de pruebas, donde realiza ensayos mentales aplicando los criterios de ciencia jurídica. De la lógica, en definitiva. Como corresponde a una religión de sustitución impartida por sacerdotes del sagrado don de la justicia. Asumiendo, como mal menor, las contradicciones entre los arúspices. Quizás conscientes de que en los casos en que se ha ensayado una impartición de justicia más democrática, como intentó Pilatos, el resultado quedó lejos del deseado.

Alcanzando también a los restantes poderes, que se someten al control judicial-profesional como un logro de civilización. Debe recordarse que el modelo inicial de separación de poderes diseñado por Montesquieu partía de la falta de control del poder ejecutivo y del poder legislativo por parte del judicial.

La voluntad de cada persona y grupo se somete al control por profesionales semianónimos, decathletas acreditados del mérito, que es poco —o menos— probable que se dejen influenciar por el ruido exterior; El poder judicial controla tanto a la Administración racional como a la política pasional, porque somos conscientes de los sesgos a los que nos lleva nuestro temperamento y apoderamos a la razón de Salomón como forma de control de impulsos y de inclinaciones inherentes a nosotros como el «poder».

Confiamos más, pues, en quienes no hemos elegido colectivamente. Por ello, como se ha dicho, constitucionalmente (art 117) la justicia emana del pueblo pero se administra en nombre del Rey (símbolo de unidad y permanencia) y por Jueces independientes e inamovibles. Debiendo interpretarse la alocución «la justicia emana del pueblo» en el sentido de que los Jueces y Magistrados deben someterse al principio de legalidad, a las leyes resultantes de la soberanía nacional representada en las Cortes Generales que, qué duda cabe, se erige habitualmente en un marco susceptible de variadas y divergentes interpretaciones.

La contradicción explosiona definitivamente al constatar que de quien menos nos fiamos es de quienes elegimos y que, por el contrario, confiamos más en quienes no hemos elegido. Los barómetros del CIS raramente muestran que la población otorgue un aprobado a ninguno de los más importantes líderes y valora a los políticos (la solución) como uno de los principales problemas (6)

De manera recurrente las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas resumen nuestra desconfianza respecto a los que hemos elegido. En enero de 2020 situaba en cuarto lugar de las preocupaciones de los españoles «El mal comportamiento de los políticos» y en el octavo «lo que hacen los partidos políticos».

Por el contrario aquellos que nos vienen dados por sistemas méritocráticos y profesionales —jueces, médicos, educadores, ejercito, policía— no sólo son el soporte del sistema sino que concita nuestra valoración más positiva (7) .

El cierre del sistema se encuentra, pues, en la conciencia o conciencias de personas ajenas, que han accedido a través de un sistema méritocratico de oposición.

Incluso confiamos más en jueces independientes e Inamovibles que en una Administración que es dirigida por quienes hemos elegido.

Tal circunstancia, no por admitida, deja de ser relativamente sorprendente.

Tenemos más confianza en los jueces que en la Administración, cuyos miembros están dotados de una legitimidad democrática indirecta procedente de la superación de un sistema de acceso profesional. Preferimos a un juez o árbitro imparcial frente a una Administración dirigida por el Gobierno elegido por una mayoría del Parlamento, y por tanto frente a una minoría. Seguramente porque consideramos que están más cerca de la política y que los jueces garantizan que estamos todos en igualdad de condiciones. Pero no únicamente. Son pocas de las millones de decisiones que toman los jueces que tienen trasfondo político.

Pero en todo caso nos fiamos más de la conciencia individual, introspectiva y personal —aunque sea como acumulación en un órgano «colegiado»—, que de la colectiva.

Tenemos más confianza, pues, en personas-jueces independientes. En terceros ajenos a nuestra voluntad. En el juicio de un Salomón, individual o colectivo (8) , que nos pueda partir por la mitad al niño, que del resultado de una polarización política que no refleja sino la polarización social, tan española (9) . Todavía hay jueces en Berlín también respecto a nosotros mismos (10) .

Sabemos que el juez no va a decidir trocear al bebe. Y que decide un erudito que solo se debe a su conciencia. No tenemos claro que cada polo político no tire hacia su posición y descuartice a la criatura.

Hay muchos ejemplos.

Como la polémica introducción de previsión (11) de otorgamiento de la condición de víctimas de violencia de género por parte de las Administraciones Públicas frente a la anterior reserva a fiscales y jueces (12) —medida acompañada por un alto grado de contestación social— involucrando a empleados públicos no judiciales en las decisiones sobre las acusaciones de violencia de género contra el padre (13) .

O la posibilidad de que el Gobierno pueda cortar redes y comunicaciones (y, por tanto, internet) en una zona concreta del territorio español sin orden judicial previa, solo alegando una alteración del «orden público» (14) .Nos fiamos más de alguien —un juez— a quien no hemos elegido —pero ha demostrado objetivamente su capacidad— que de un Gobierno al que hemos elegido o de una Administración impregnada. No nos fiamos de nosotros mismos como colectivo.

Esto dice mucho del sistema político y de nuestra esencia.

El Gobierno del pueblo (la democracia) desemboca en el laberinto, en el oxímoron, de que nombramos a aquellos que denostamos. Despreciamos el resultado de nuestra emoción electoral que, por otra parte, consideramos irrenunciable. En gran parte, qué duda cabe, porque negamos la representatividad a aquel al que no hemos votado. Por lo que el gobernante de turno es cuestionado, e incluso negado, por casi o más de la mitad de la población votante. Y por la totalidad del grupo electoral en ocasiones más numeroso: los que se abstienen.

Sin embargo, aquello que no controlamos, en cuyo nombramiento no influimos concita toda nuestra admiración. Lo aséptico políticamente, profesional, estable y meritocrático concita concordia.

Quizás por ello ningún Gobierno ha mostrado ni muestra un verdadero interés en dotar suficientemente de medios materiales y humanos a uno de sus rivales, también en «afectos», la Administración de Justicia. En contraste con los medios puestos a disposición de Hacienda. Siempre es preferible gastar en fiestas —ninguna comparable para cualquier Gobierno con una buena recaudación tributaria —que en aguafiestas. Que España sea el país 22 de 27 de la UE en jueces por habitante es una subrepticia declaración de principios, intereses e intenciones (15)

Somos, en consecuencia, una sociedad Saturno que devora a los hijos elegidos. Elegidos por una parte de la sociedad que gobierna y que se enfrenta a otra parte de la sociedad que ansía el poder o sencillamente «pasa» (se abstiene). Confrontados a través de unos representantes concienzudos en matar a hierro sin ser conscientes de que morirán a hierro una vez que consigan el poder (16) .

III. Control al liberar de ataduras a la conciencia del elegido

El sistema democrático ofrece una pluralidad de sistemas de desconfianza hacia el «elector», ya que su voluntad queda minimizada al reforzar la independencia del «elegido».

1. El «coraje» del gobernante que se separa del criterio de su elector

La remisión a la conciencia personal de jueces y funcionarios independientes tiene su colofón en la remisión a la de los políticos.

En su libro «Perfiles de coraje» galardonado con premio Pulitzer y publicado en 1956, John Fitzgerald Kennedy precisamente suscita como una de las principales pruebas de coraje político su actitud frente a la presión de los electores, a la que debe hacer frente, desafiarla y, si lo considera, satisfacerla o no. «Aquel senador que no sigue el curso de su conciencia considera que debe ser despreciado». Para ello se basa en lo que Ernest Heminway definió como «gracia bajo presión»: el coraje que lleva a elegir por sí mismo que camino debe elegir: «los votantes nos eligieron porque tenían confianza en nuestro juicio y en nuestra capacidad para ejercerlo desde una posición en la que pudiéramos determinar cuáles son sus propios intereses como parte de la nación. Esto puede significar que en ciertas ocasiones debemos corregir y a veces hasta ignorar la opinión de los electores si queremos ejercer plenamente ese juicio para el que fuimos elegidos». Todo ello al margen de que ningún representante puede saber con certeza qué piensan exactamente la mayoría de los electores.

Como recuerda JFK, los Padres fundadores concebían al Senado como un órgano no sujeto a las presiones de los electores por lo que incluso se sugirió que el cargo debía ser vitalicio y no debían ser elegidos por el voto popular.

John Quincy Adams lo llevaría más allá negando el deber de los representantes electos de estar paralizados por la voluntad de sus electores. Ahuyentar riesgos de alcanzar el éxito al convertirse en lo que llamaba un «patriota de profesión» fingiendo «una extraordinaria preocupación por el pueblo, halagando sus prejuicios, satisfaciendo sus pasiones y complaciendo sus opiniones transitorias y cambiantes».

Atticus/Gregory Peck en «Matar a un Ruiseñor» explica a su hijo porque defiende, frente al criterio de todos, a un hombre de raza negra «Antes de vivir con otras personas tengo que vivir conmigo mismo. Y lo único que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de cada uno».

Conciencia por encima incluso de las promesas. Ya decía Churchill que la dieta ideal de cualquier gobernante responsable debe ser comerse sus propias palabras.

De aquí que en este juego de rol constante e imprescindible una misma persona adquiere una dimensión diferente en función del lugar en el que esté ubicada. La visión desde una atalaya no tiene por qué coincidir.

Como de forma chocante y extrema pero absolutamente ilustrativa certificaba la vicepresidenta del gobierno en rueda de prensa: inexistencia de identidad entre las manifestaciones de un candidato a la Presidencia y de un Presidente electo. El candidato Sánchez y el Presidente Sánchez podían perfectamente discrepar sobre la existencia de un delito de rebelión en Cataluña (17) . El puesto que se ocupa condiciona de manera insoslayable la dimensión en que el titular del mismo debe actuar. La ética de la «convicción» del candidato —coloreada de fuerzas ajenas inseparables de la estrategia para obtener el poder— puede no coincidir con la ética de la «responsabilidad», en la que se sumerge el antiguo candidato al ser nombrado. En un ejercicio de bilocación constante, en mayor o menor medida, en toda gestión política.

Porque, como decía el sociólogo Max Weber, el político cuando gobierna ya no se guía por la ética y por su ideología sino por las consecuencias de sus decisiones. Los códigos son diferentes. Ya no hay que predicar. Hay que dar trigo. La democracia y la mentira de los candidatos es, por ello, inherente, sin que quepa, me temo, pedir responsabilidades por ello.

2. El mandato representativo a los elegidos

Tales principios de comportamiento tienen su traslación al marco jurídico.

Con rango nada más y nada menos que constitucional (art 67) se prevé que los diputados de las Cortes no estén ligados por mandato imperativo. Son independientes jurídicamente no sólo de su partido político —al menos en teoría— sino de sus electores.

Carl Smichdt ya había recogido hace cien años que el «mandato representativo» recogido en la constitución de Weimar suponía que los diputados no fueran sujetos a ningún mandato proveniente de quienes le eligieron. Sino únicamente a su conciencia. Tampoco jurídicamente de las derivaciones internas del partido en cuyas listas se integró, que pueden abandonar manteniendo su escaño: ser tránsfuga es legal.

Jurídicamente se deben también, al menos teóricamente, en exclusiva a su criterio.

3. Falta de vinculación jurídica de los programas electorales de los partidos políticos (18) .

La desvinculación entre la voluntad de los electores y las decisiones que adopten los elegidos se apuntala con la inexistencia de efecto jurídico alguno que derive de las promesas vertidas a la búsqueda del voto.

Los tribunales han tenido ocasión de pronunciarse, al menos dos veces, para determinar si existe vinculación entre promesas electorales y actuación postelectoral del Gobierno derivado de las urnas y si hay responsabilidad por su incumplimiento.

La Audiencia Provincial de Madrid (19) confirmó la inadmisión de una demanda planteada contra un partido político, el PSOE, por incumplimiento electoral de su programa. El «ajuste de cuentas» frente al incumplimiento de «promesas electorales» no consideró que debiera residenciarse en sede judicial, sino en la responsabilidad política derivada del ejercicio del derecho a voto. Esto es, retirando el elector el voto en los siguientes comicios.

En línea similar se manifestó el Tribunal Supremo cuando analizó el incumplimiento del programa electoral en materia de transportes (Plan Intermodal de Servicios e Infraestructura del Transporte) con el que el Partido Socialista Obrero Español concurrió a las elecciones generales de 2004, en lo concerniente a la penetración de la línea Ave en la comarca de L’Horta Valencia.

Destaca que las «promesas electorales» y su cumplimiento forman parte esencial de la acción política, enmarcada en principios de libertad de hacer o no hacer (y también de responsabilidad aunque de naturaleza igualmente política) que escapan al control jurisdiccional. Y de nuevo subraya el alto tribunal que las cotas de la justicialidad se detienen en el ámbito estricto de las funciones de Gobierno, al que pertenece, en este caso, la elección de los medios técnicos y económicos para desarrollar programas e infraestructuras.

IV. Quiebra del silogismo entre recuento de urnas y Gobierno resultante

Pero no solo el Gobierno no se vincula jurídicamente a las medidas que propuso en su programa electoral.

Prevalece también un recurrente cortocircuito entre el pueblo que pulsa un interruptor y la bombilla del Gobierno que se va a formar (que se ilumina) (20) .

La muerte de las mayorías tras los procesos electorales y la inexistencia de un sistema de doble vuelta como Francia —que en una segunda votación permite elegir entre los dos partidos más votados— acentúa la posposición de la constitución del Gobierno, como es evidente, a pactos y componendas postelectorales imprevisibles y desconocidas anticipadamente para el propio elector e incluso, qué duda cabe, para el elegido y para el Rey, que tiene que proponer candidato a Presidente.

El votante individual, y la sociedad como votante colectivo cuya voluntad se recoge en el recuento electoral, no realizan ningún apoderamiento inamovible y claro, sino que difieren hacia negociaciones con frecuencia espurias que provocan frustraciones (21) . No hay «contrato electoral», salvo que el elegido se considere moralmente vinculado y además pueda permitírselo por disponer de una cada vez más rara mayoría holgada. Ni siquiera se aplican las reglas vigentes en el derecho de «publicidad», que dispusieran que el contenido de la oferta (electoral) que se hace pública tiene carácter vinculante. Y tampoco hay ningún planteamiento serio de elección del Presidente del Gobierno —a doble vuelta y/o en distrito único nacional— para que el votante recupere aquello que difiere a estrambóticos e imprevisibles pactos entre partidos.

Desazón sobre lo inevitable. Y en todo caso, perfectamente legal y legítimo. Nada se debe jurídicamente al elector.

V. Un sistema electoral «dirigido» que ignora al que se abstiene

Tampoco, como es conocido, el sistema electoral pondera de manera similar a todos los votos. Adopta decisiones modulando su valor, de manera que hay muchos votos de partidos pequeños que no se contabilizan. Apostando por los grandes partidos.

Por un lado, modulando el umbral de voto (el porcentaje mínimo de voto para conseguir escaños). Las formaciones políticas necesitan un mínimo del 3% de los votos de la circunscripción y aquellas que no lo consigan quedan excluidas.

Por otro, por la combinación del sistema de distribución de escaños D´hondt (22) y de la provincia como circunscripción que supone que muchos «restos» de votos en diferentes provincias no se acumulen, sino que se desperdicien (23) .

A lo que se añade que, en España, las provincias con pocos habitantes tienen bastantes más representantes que las provincias con muchos habitantes, que contienen las grandes ciudades, como consecuencia de que la ley impone un mínimo de dos escaños por provincia. Paradójica —aunque justificadamente— la España vacía se encuentra sobrerrepresentada.

Un sistema electoral, adicionalmente, que funciona al margen de la participación. Que ignora al renuente, al inactivo, al que se abstiene de votar. Inexistente en la validez del recuento. Que pasaría por encima incluso del eventual despego de una mayoría de la población con derecho a voto.

VI. Eventual control por las estructuras de los partidos: compromisarios vs militantes

Los filtros internos de los partidos pueden actuar también como un eventual control frente a impulsos incontrolados de la militancia. Ese es el objetivo en Estados Unidos del sistema de cribado de candidatos dentro de los partidos al ser elegidos mediante «compromisarios».

Frente a su designación a través de un más vehemente y polarizador proceso de votación por los «militantes» a través de «primarias». Lo dice Joaquín Leguina (24) : «…solo votan los afiliados o militantes, cuyo pensamiento y aspiraciones se parecen a los de los votantes como un huevo se parece a una castaña…no traen sino divisiones internas, "limpiezas étnicas" e hiperliderazgo».

VII. Estéril iniciativa legislativa popular

La iniciativa ciudadana prevista la Constitución permite la presentación de iniciativas de ley sin la intermediación de los representantes en las Cámaras de los diferentes partidos políticos. Deben contar con el aval de 500.000 firmas al menos —o nada menos— y en el caso de España incluye importantes prohibiciones como la materia tributaria (25) .

Iniciativas en que los ciudadanos con frecuencia se rebelan, precisamente, frente al sistema de partidos políticos como intermediarios, utilizándolas como fórmula para puentearlos como interlocutores obligados en régimen de monopolio. Intentos de limitar la partitocracia por parte de los electores.

Pues bien, fracasan sistemáticamente. De las aproximadamente 140 iniciativas legislativas populares planteadas en España hasta 2019, la práctica totalidad o han sido rechazadas, caducadas, reenviadas a las siguientes legislaturas o no tramitadas. Decayeron así iniciativas centradas en aspectos como la eliminación de privilegios de índole retributiva de la clase política cesada, así como de revisión y eliminación de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos públicos.

VIII. Desacreditación de referendos

La desacreditación de los referendos también es ilustrativa.

El 30 de mayo de 1982, bajo el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y tras la intentona golpista de febrero de 1981, España se convirtió en miembro de pleno derecho de la OTAN. Frente a la oposición de Felipe González, y del PSOE por extensión, que manifestaron en reiteradas ocasiones su negativa a la adhesión de España y su deseo de que se realizara un referéndum «por respeto a la opinión pública». Referéndum que, a la postre, se convertiría en el primero post constitucional.

Doce años después el propio Felipe González reconocería que el referéndum para entrar en la OTAN fue «un error serio» (26) incluso el error más grande de su carrera política porque —según afirmó— no se le puede pedir a la población que se decante acerca de la participación en un organismo internacional militar (de nuevo la ética de la responsabilidad frente a la ética de la convicción). Es más, el mismo Adolfo Suárez reconocería veinte años después de la aprobación de la Constitución, que no se hizo un referéndum sobre la monarquía por la idea de que la mayoría de los ciudadanos la hubiera rechazado.

Porque en un referéndum, como en los sistemas de democracia directa, nos portamos como energúmenos y se miente, se manipula, se insulta, se enfrenta a amigos y a familias, se dejan heridas gane quien gane En un referéndum, sobre todo de ese tipo, TODOS nos portamos como ENERGÚMENOS. Se miente, se manipula, se insulta, se enfrenta a amigos y a familias, se dejan heridas gane quien gane.

¿Cuál es la diferencia entonces con la democracia representativa?

El referéndum puentea el filtro imprescindible del «representado», de la conciencia y mente que va a decidir cómo resolver los problemas, complejos, intrincados. Involucrándonos en primera persona en una resolución gregaria.

El propio julio Verne en su novela los náufragos del Jonathan llegó a describir como, tras una utopía ácrata creada por los supervivientes de una catástrofe marina que les llevó a una disputa constante, se impuso ante el alivio de todos la existencia de un líder encargado de resolver problemas —un nativo del lugar del naufragio en el estrecho de Magallanes, Kaw-djer — y de restablecer el orden. Renegando de los propios principios anarquistas. Un líder providencial y benefactor.

Aquella pobre gente pasaba de un desánimo general a la esperanza. Estaban salvados desde el momento en que el Kaw-djer se ocupaba de sus asuntos. Elsabría sacarles de su miseria ¿Cómo?¿Por qué medios? Nadie tenía idea pese a que ya no era la cuestión puesto que él se iba a encargar de todo. No hacía falta ir más lejos.

La democracia directa no es fiable, en consonancia con la reticencia que tenemos de nosotros mismos. Las asambleas y métodos asamblearios, instalados en la ética de la convicción, no han dado buen resultado. Ni siquiera en los concursos es fiable el comodín del público…

De nuevo, también a través del proceso electoral, volvemos la vista hacia personas de prestigio y ascendiente a nuestros ojos, y las invocamos.

IX. Acción popular cuestionada y necesidad de encauzar la labor de los jurados

La acción popular, recogida expresamente en el artículo 125.1 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) es la principal forma de participación directa del pueblo en la Administración de Justicia

También se encuentra en crisis. Es uno de los aspectos más controvertidos del proceso penal, al considerarse que se aleja con demasiada frecuencia de la defensa desinteresada de los intereses públicos que la Constitución pone en manos de los ciudadanos, pasando a entroncarse en la satisfacción de intereses privados (27) .

De aquí que crezcan las voces, e incluso se consolide la interpretación del Tribunal Supremo, en el sentido de que el ejercicio de la acción popular debe ser realizado en exclusiva por aquel que tiene un derecho afectado, un interés específico al estar perjudicado (28) ,superando así su vocación inicial y evitando que una extensiva acusación popular se superponga a la explícita voluntad del Ministerio Fiscal y del perjudicado (29) (30) .

En paralelo, la institución del jurado, que implica a ciudadanos sin conocimientos de derecho en la impartición de la justicia, aboca a un vértigo a sus miembros que exige un apoyo y dirección por parte de abogados, letrados y Magistrado Presidente. Como afirma alguien de tanto prestigio como Vicente Magro, Magistrado del Tribunal Supremo, «Es como si a los juristas nos dijeran un día por una cédula de citación que tenemos que acudir a un centro médico a intervenir solos en una actuación médica sin ayuda de ningún profesional cualificado, sino dejando en nuestras manos la responsabilidad de decidir qué hacer y cómo actuar, lo que nos daría una tremenda responsabilidad y sentimientos semejantes a los que perciben los ciudadanos».

Por lo que su correcto desempeño debe ir acompañado de un tutelaje continuo por parte del Magistrado-Presidente (31) .

No en vano se han realizado estudios que subrayan que los jurados son, con más frecuencia, víctimas del «sesgo de retrospectiva» en toda función revisora de hechos pasados, que consiste en que una vez que los individuos conocen el desenlace de un evento tienden a pensar que podrían haber previsto ese resultado anticipadamente (32) .

En todo caso, sea por estas u otras razones, la evolución a lo largo de los años muestra un descenso importante en el número de asuntos que se someten a su conocimiento (33) .

X. Autoritarismo graduable en situaciones de crisis

«Cuando las cosas se ponen serias, tienes que mentir...», se sinceró Jean Claude Juncker en una conferencia en 2011 (34) . O suspender derechos.

En tiempos de crisis o de emergencia la necesidad de conseguir un fin prevalece sobre los medios.

Crisis por razones de orden público, conflicto armado, pandemia. Los estados de alarma, excepción y sitio previstos en el artículo 116 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) se construyen sobre la restricción de derechos fundamentales.

El estado de excepción, por ejemplo, afecta a las privaciones de libertad personal, inviolabilidad domiciliaria y de la propiedad privada, o el derecho a la libre expresión o reunión, entre otros. El largo confinamiento y limitación de movimiento derivado del estado de alarma provocado por el Covid-19 se erigió, es evidente, sobre una limitación de derechos.

También la crisis por incumplimiento de sus deberes por parte de una Comunidad Autónoma se sustenta sobre la limitación de su derecho a la autonomía de acuerdo al art 155 CE. (LA LEY 2500/1978)

Cuando pintan bastos, cuando las cosas se ponen serias, cuando truena, se vuelve la vista hacia la disciplina y autoridad, que suspende derechos en aras de la eficacia.

XI. El rol institucional de la Administración en situaciones de parálisis o inestabilidad política

Es comúnmente asumido que la Administración ostenta un carácter bifronte. Una naturaleza vicaria e instrumental del poder político. Pero también, como se ha dicho, una legitimidad institucional indirecta que proviene del pueblo soberano y de la Constitución, que le otorga y le encomienda tareas propias de continuidad, gestión y servicio público al margen de instrucciones políticas.

Esta naturaleza cobra toda su extensión en los supuestos de crisis política.

Al margen de supuestos extremos como el Gobierno de Subsecretarios que se erigió 23 F ante el secuestro del gobierno legítimo, cabe destacar un supuesto habitual: los Gobiernos en funciones.

España pasó desde 2015 a 2020 alrededor de 600 días —casi dos años— en funciones. El Presidente Rajoy estuvo casi un año funciones y el Presidente Sánchez cumplió en enero de 2020 ocho meses hasta que se formalizó un Gobierno de coalición.

Según la ley del Gobierno el ejecutivo en funciones «limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar salvo casos de urgencia… cualesquiera otras medidas». Entre ellas la aprobación de proyectos de ley.

La Administración, en estas situaciones de parálisis, actuó institucionalmente auto motivándose y garantizando los servicios públicos.

También en los casos de crisis, en que la sociedad ha de tirar de músculo, como tras la declaración del estado alarma declarado por el coronavirus, el cantinfleo político cede ante el andamiaje social, ante los pilares básicos del Estado. Médicos, policía, ejército, educadores y demás servicios públicos —administración en estado puro— se redescubren echándose a las espaldas el país, ignorando consignas y banalidades y centrándose en lo profesional

XII. El autoapoderamiento de las tecnológicas para «mejorar la experiencia del usuario» como nuevo vector

Hace apenas unos años internet, las tecnológicas y en especial GAFAMT (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft y Twitter) (35) han irrumpido en todos los campos —laboral, social, personal…— como una incontestable solución mágica al suministrar servicios tan seductores que adormecen cualquier tipo de reacción del usuario.

Pero también se erigen en paralelo como un inmenso problema, al arramblar con los sistemas y fuerzas que confluyen en la formación de nuestra voluntad, estructurados tradicionalmente a través de las instituciones públicas.

Serán las tecnológicas las que colonicen nuestro libre albedrío y nuestra vida bajo premisas novedosas y alternativas:

• — son ademocráticas. Sometidas a un únicamente teórico control vía consentimiento» del usuario. Que se convierte en la práctica en un placebo y apoderamiento general al resultar imposible destripar y negociar farragosas clausulas. Reconociéndoseles institucionalmente, además, un «interés legítimo» para actuar sin permiso en múltiples aspectos.
• — son opacas. Es imposible conocer sus entrañas y el alcance de sus procesos internos. Ni siquiera el Gobierno de Estados Unidos ha hecho investigaciones en profundidad en sus servidores.
• — ejercen unas funciones de tal calado y con tal grado de independencia que se erigen en un verdadero poder autónomo. En especial al recibir la instrucción de los poderes públicos de realizar labores de policía en internet.

Ya no nos organizamos como somos. Las tecnológicas son capaces de doblegar en segundos cualquier ejercicio racional humano. Y nos organizan desde fuera estrujando y manipulando nuestra naturaleza y emociones hasta quedar narcotizados. Con los riesgos avizorados en la Elegía de Rilke:

«La belleza no es nada más que el comienzo de lo terrible, que apenas soportamos y si lo admiramos tanto es porque, sereno, desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible».

Un maravilloso «Nuevo mundo», con inevitable e implícito cuestionamiento de los esquemas de organización tradicional que nos siguen enfrentando en paradojas y contradicciones todavía pendientes de despejar.

Baste realizar una comparación entre dos recientes novedades.

El 12 de octubre de 2022, ha sido publicado en el DOUE el Reglamento de Mercados Digitales (DMA) que refuerza la premisa de que la red se soporta sobre los gráficamente bautizados como «guardianes de acceso» a internet de las empresas y usuarios finales establecidos o ubicados en la UE aunque les impone obligaciones. Busca embridar a los «señores de internet» desde la constatación de que la red se soporta sobre su configuración como «guardabarreras».

Y apenas una semana antes el Tribunal Supremo había acordado que la Administración no puede acordar por sí sola la interrupción del acceso a un sitio web de contenidos informativos o de opinión (36) .

Matizando, pues, desde dos premisas y principios que puestos en paralelo llevan a la reflexión: la retirada de contenidos por parte de los señores de internet y la prohibición de que la Administración pueda realizarla sin orden judicial.

XIII. Conclusión

Nuestras dos almas (racional-emocional) están presentes en el plano individual en nuestra vida cotidiana y en la pirámide de necesidades de Maslow (fisiológicas y de autorrealización), factores de motivación en el trabajo de Herzberg (higiénicos y motivacionales), doble sistema de pensamiento, «automático» y «deliberativo» de Kahneman (pensar despacio, pensar rápido) o contrapuntos literarios de Cervantes (Sancho y Quijote).

Y, como no podía ser menos, también se recogen en el plano colectivo y social en nuestra manera de organizarnos institucionalmente a través del sistema democrático, que crea profusos sistemas, carcasas y entramados de participación en la actuación de los tres poderes.

Pero respecto del que la rana racional que llevamos dentro —y que conoce nuestra naturaleza de escorpión— procede a desactivar socavando sutilmente los vistosos artefactos a nuestra disposición: diluyéndolos (iniciativa legislatura popular, jurado y acusación particular, referéndums) y apoderando sin condiciones a prohombres personales que nos tutelen y decidan (parlamentarios no vinculados por mandato imperativo ni por el programa electoral, compromisarios en partidos políticos, jueces independientes…) o institucionales (Administración pública en movimiento continuo o Unión europea).

Concurriendo suficientes atisbos de que hay que añadir a esta categoría, con abrupto e incuestionable protagonismo, a las megaempresas tecnológicas autoapoderadas y con legitimidad propia («interés legítimo») complementada con nuestro consentimiento genérico para que procedan a mejorar nuestra experiencia y a suministrarnos adictivos servicios ya esenciales.