El Consejo de Estado advirtió al Gobierno, el pasado 15 de diciembre, de las repercusiones económicas "muy relevantes", en especial para las pequeñas y medianas empresas, que conllevará el Real Decreto de Envases al que confiere, al mismo tiempo, un impacto ambiental positivo.
El dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que desde el punto de vista de la economía en general, la norma, según llegó al órgano consultivo, tendrá "importantes consecuencias asociadas, en particular a las nuevas obligaciones de establecer sistemas de resposnabilidad ampliada del productor, que ahora, de conformidad con el derecho de la UE, alcanza no solo a los envases domésticos sino también a los comerciales e industriales, a las nuevas obligaciones impuestas a dichos productores y a la obligación de establecer también por parte de los productores de sistemas de depósito, devolución y retorno".
En todo caso, abunda en su consideración de que la norma trata con una importante ambición de protección ambiental y frente al cambio climático, lo que "se valora muy positivamente", pero avisa de que al mismo tiempo establece obligaciones que tendrán "repercusiones económicas muy relevantes".
En concreto, refleja que el Real Decreto va "en muchos aspectos más allá" de los requerimientos explicitados en las normas de la Unión Europea, por lo que sería "deseable" justificar las decisiones adoptadas.
Así, llama la atención al Gobierno sobre una mayor necesidad de justificación del principio de proporcionalidad que resulta del mayor grado de ambición respecto a lo que exige la normativa de la UE, no solo en lo que se refiere al principio de libre circulación dde mercancías sino también respecto a las cargas o restricciones que se imponen a los operadores económicos.
"Si bien es legítimo y positivo un grado de ambición en las medidas que se articulan, esta mayor exigencias supone también un requerimiento de ponderar con especial cuidado y adecuadamente los efectos que resultan de las medidas que se adoptan para justificar su proporcionalidad, su conformidad con enfoques relativos coste-eficiencia de las medidas y que no suponen cargas exesivas para la competitividad de las empresas y la economía en su conjunto.
Entre los principales impactos, apunta que puede tener efectos en el precio de los productos y generar nuevas cargas para los envasadores y productores, riesgos de implementación que, en su opinión, deben ser ponderados conjuntamente con las ventajas que se anuncian.
En concreto, el dictamen del Consejo de Estado pronostica impactos "muy relevantes", por ejemplo, en la obligación de financiar la fracción resto o establecer los sistemas de depósito, devolución y retorno de envases
Avisa también el dictamen de que sería desable una valoración más pormenorizada y detallada de los efectos de la norma en la competencia y en particular en las PYMES. En definitiva, estima insuficiencias en la memoria justificativa de la norma.
Por otro lado, sugiere al Gobierno que reconsidere incluir las obligaciones nuevas de materias que están siendo estudiadas ahora por la Comisión dado que la norma "va a tener un impacto muy importante en muchos de los sectores económicos, tanto productivos como de comercio y distribución" y que afecta "de forma intensa a las pequeñas y medianas empresas".
Esto para el Consejo de Estado hace "particularmente importante" atender a las exigencias propias del principio de seguridad jurícida tanto más necesario cuando las obligaciones resultantes del Real Decreto tendrá que ser cumplidas en breves plazos de tiempo, por los numerosos destinatarios directos de la norma.
Otros de los aspectos analizados por el órgano consultivo se refieren a los plazos distintos para la aplicación del conjunto de obligaciones de la nueva norma y que pueden dar lugar a "problemas", ante lo que el dictamen "sugiere a la autoridad consultante reconsidera, bien el establecimiento de los objetivos generales o bien modular su cumplimiento en función de dichas circunstancias".