En el Diario Oficial de la Unión Europea de 23 de enero se ha publicado la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (LA LEY 362/2023), realizada conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.
Esta Declaración expone las intenciones y compromisos políticos comunes y recuerda los derechos más importantes en el contexto de la transformación digital. Debe, asimismo, guiar a los responsables de las políticas cuando reflexionen sobre su concepción de la transformación digital: situar a las personas en el centro de la transformación digital; respaldar la solidaridad y la integración, mediante la conectividad, la educación, la formación y las capacidades digitales, unas condiciones de trabajo justas y equitativas, así como el acceso a los servicios públicos digitales en línea; recordar la importancia de la libertad de elección en la interacción con los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, así como en un entorno digital equitativo; fomentar la participación en el espacio público digital; aumentar la seguridad, protección y empoderamiento en el entorno digital, en particular de los niños y jóvenes, al tiempo que se garantiza la privacidad y el control individual de los datos; promover la sostenibilidad. Los distintos capítulos de la presente Declaración deben constituir un marco de referencia integral y no deben leerse de forma aislada.
En el ámbito específico laboral, cabe destacar el expositivo "Condiciones de trabajo justas y equitativas (LA LEY 362/2023)”, dentro del capítulo segundo (LA LEY 362/2023) de la Declaración, “Solidaridad e inclusión”, que se desarrolla a través de dos principios:
- • Toda persona tiene derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, justas, saludables y seguras, así como a una protección adecuada en el entorno digital y en el puesto de trabajo físico, con independencia de su situación laboral y de la modalidad o la duración del empleo.
- • Las organizaciones sindicales y patronales desempeñan un papel importante en la transformación digital, en particular en lo relativo a la definición de unas condiciones de trabajo justas y equitativas, también en lo que respecta al empleo de herramientas digitales en el trabajo.
Añade el documento el compromiso de los firmantes a:
a) Velar por que toda persona pueda desconectar y beneficiarse de salvaguardias para asegurar el equilibrio entre vida privada y vida laboral en un entorno digital;
b) Garantizar que las herramientas digitales no supongan ningún tipo de riesgo para la salud física y mental de los trabajadores en el entorno de trabajo;
c) Garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores en el entorno digital, incluidos su derecho a la privacidad, el derecho de asociación, el derecho de negociación y acción colectiva, así como la protección frente a una vigilancia ilegal e injustificada;
d) Garantizar que el uso de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo sea transparente y siga un enfoque basado en los riesgos, y que se adopten las medidas de prevención correspondientes para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable;
e) Garantizar, en particular, que las decisiones importantes que afecten a los trabajadores cuenten con supervisión humana y que, en general, se los informe de que están interactuando con sistemas de inteligencia artificial.
Asimismo, en el mismo capítulo, expositivo “Educación, formación y capacidades digitales (LA LEY 362/2023)”, se propone “brindar a toda persona la posibilidad de adaptarse a los cambios provocados por la digitalización del trabajo mediante el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales”.
Por último, en el capítulo VI (LA LEY 362/2023)(“Sostenibilidad”) encontramos una referencia a la lucha contra el trabajo forzoso, asociado al incentivo de alternativas para los consumidores y modelos de negocio que sean sostenibles, y fomentar un comportamiento sostenible y responsable por parte de las empresas a lo largo de las cadenas de valor mundiales de productos y servicios digitales.
En definitiva, la Declaración no contiene normas y programas concretos, siendo su finalidad promover una vía europea para la transformación digital basada en los valores europeos y los derechos fundamentales de la Unión Europea, que sitúe a las personas en el centro, reafirme los derechos humanos universales y beneficie a todas las personas, empresas y a la sociedad en su conjunto, lo que implica repercusiones importantes en el ámbito laboral.