¿Qué es la automatización?
Esta fue la primera de las preguntas que planteó Alejandro Sánchez del Campo Redonet, Abogado y Consejero de Innovación y Legaltech en LA LEY, en el Webinar dedicado a la automatización de tareas en los órganos judiciales, en el contexto de la transformación digital que avanzará de manera irrevocable cuando cobre vida el Proyecto de Ley de eficiencia digital del servicio público de justicia.
Y a ella respondió Álvaro Perea, Letrado de la Administración de Justicia (en adelante, LAJ) cuyo juzgado participa en un proyecto piloto a través de la aplicación de gestión procesal civil de la Comunidad de Madrid: «es el proceso en virtud del cual los distintos usuarios y agentes de la administración de Justicia, empleamos técnicas que permiten racionalizar e introducir inteligencia en la operatividad de tareas de tal forma que, aquellas tareas sencillas, de trámite, meramente ejecutivas que encontramos a diario en el funcionamiento de la Justicia, se desarrollan a través de un automatismo fundamentado en la tecnología». Precisando que «estamos hablando de operaciones sencillas y repetitivas que antes hacía un humano y que ahora pasarían, o bien a ser supervisadas por un ser humano o en muchos casos se hacen automáticamente por parte de la aplicación digital orientada a la automatización».
Necesidad de interconexión
Álvaro incidió en la idea de que la automatización nunca debe operar como un elemento inconexo entre el sector privado y el sector público, sino que deben poder comunicarse. Puso el ejemplo de los primeros pasos de LexNET y sus disfunciones iniciales con la abogacía y colegios de procuradores. Por ello, consideró interesantes los entornos de prueba (sandbox) « para que los proyectos de automatización que dentro de nada se van a ver en la Justicia del día a día, se puedan operar con el papel fundamental que indudablemente tiene la tecnología.
Proyecto piloto en la gestión procesal civil y la «formación por lote masivo»
Álvaro Perea aclaró que se trata de un proyecto piloto que lleva por iniciativa propia. Destacó, como problema para avanzar, que no haya un único sistema, sino distintos desarrollos de aplicaciones según se trate del ámbito competencial de Ministerio de Justicia o de las diferentes Comunidades Autónomas con competencias.
En cuanto a GESPRO, la aplicación de la Comunidad de Madrid, resaltó una de sus funcionalidades peculiarmente interesante, la «formación por lote masivo», que permite agrupar escritos contenido idéntico. Puso como ejemplo de uso las ejecuciones judiciales, explicando cómo los embargos precisan de un Auto despachando ejecución que pide la averiguación patrimonial del ejecutado y que se activen los embargos sobre sus cuentas bancarias y sobre sus devoluciones de la Agencia Tributaria. «Son escritos prototípicos, de modelo, no cambia nada».
Esta funcionalidad permite, por lo tanto, seleccionar los procedimientos en los que existe una misma petición y desarrollar para ellos una única resolución procesal. «No pongo cien resoluciones judiciales sino que dicto una y la replico a los cien procedimientos», dijo. De modo que, dado el tiempo que lleva cada resolución, «estamos hablando de un ahorro de coste enorme». No obstante, puso en evidencia la necesidad de mejorar el proceso en cuanto a la notificación de estas resoluciones, por la falta de enlace entre LexNet y la aplicación de gestión procesal. «Esa pasarela es uno de los grandes problemas que tenemos que resolver», concluyó.
¿En qué estado se encuentra la automatización en la Justicia?
Perea comentó que el estadio es muy inicial, a la espera de las consecuencias que conlleve la Ley de eficiencia digital. Un proyecto de Ley en el que ha participado y que calificó de ambicioso, frente a la situación actual en que se trabaja, conforme a la Ley 18/2011 (LA LEY 14138/2011). Mientras la tecnología ha evolucionado enormemente en estos más de 10 años, el legislador no ha respondido con prontitud, pero ahora parece consciente de la necesidad de la transformación digital de la justicia, y de su impacto económico.
Comentó con Alejandro, como referente, la experiencia de Estonia y su apuesta por la tecnología Blockchain y por la administración electrónica. Y explicó su procedimiento piloto «para los procedimientos que ellos llaman de escasa cuantía, donde se hacen sentencias prototípicas, es decir, propuestas por inteligencia artificial». También charlaron sobre la situación en Latinoamérica y, en concreto, en Perú.
¿Cómo será la automatización en dos o tres años
Ante esta pregunta Perea respondió que es difícil hacer un pronóstico, pero sí puso sobre la mesa la cuestión de la jubilación de un tercio de los grupos A (Jueces, Ficales, LAJs, Abogacía del Estado, etc.) el los próximos 3/5 años, que va a generar un gran vacío que merece la pena prever invirtiendo tanto en personal como en tecnología.
A la hora de automatizar, ¿conviene empezar por algún tipo de tarea?
Álvaro Perea distinguió entre cuestiones de índole procesal (o adjetiva) de las puramente sustantivas. Consideró difícil imaginar automatizaciones relacionadas con estas últimas, siendo más adecuadas para «los diferentes actos que ordenan la tramitación de un proceso (admisión de la demanda, la contestación, actos de comunicación…». Puso algunos ejemplos que ahorrarán mucho tiempo, como los casos en los que en un procedimiento contencioso-administrativo se tiene que recabar el expediente administrativo, las peticiones de embargos en el marco de la ejecución forzosa o los cálculos de indemnizaciones, por ejemplo, cuando se reconoce el derecho a los salarios de tramitación.
Como consejo a la hora de empezar a automatizar, y basándose en su experiencia, Álvaro aconsejó preguntarse: «¿Qué es lo que más nos cuesta y qué es lo que más se repite?».
¿Es posible la automatización de los procedimientos judiciales, a pesar de sus particularidades?
Álvaro Perea respondió con un sí rotundo, aclarando que «digitalizar no es escanear». Así, expuso cómo se trabaja actualmente con gestores procesales, en especial en la Comunidad de Madrid y en su Juzgado, donde utilizan ya sistemas que aplican el formato OCR para el reconocimiento de peticiones en los escritos procesales. Puso el ejemplo de solicitudes de embargo, donde el sistema, al reconocerlo, sugiere el dictado de un Decreto o Auto, si el LAJ o el Juez están de acuerdo. Reconoció que no hay dos pleitos iguales, pero que hay muchos automatismos posibles en la tramitación procedimental, e incluso, a veces, en cuanto al fondo, por ejemplo, para redactar los antecedentes de hecho o para incorporar doctrina o jurisprudencia en la fundamentación jurídica. Insistió en los automatismos posibles en los trámites procesales de ejecución, pues calcula que permitirían reingresar en la economía real probablemente más de 3 mil millones de euros de los casi 5 mil millones consignados actualmente en España.
¿Veremos jueces robots o pleitos en los que la interacción humana sea casi inexistente?
Perea consideró que «para todo aquello en lo que la función jurisdiccional consiste precisamente en juzgar y, por tanto, en una valoración epistemológica de la prueba, me parece impensable que pueda haber una aplicación digital o tecnológica que pueda valorarlo». «Me parece muy difícil que algo que no es humano pueda valorar algo que es humano», aseveró, y puso como ejemplo los procedimientos de divorcio, donde se tiene que determinar un régimen de custodia; o la dificultad para valorar la credibilidad de una persona, en términos tecnológicos.
Incluso para los procedimientos más estándares entendió que será precisa siempre la supervisión humana. En todo caso, refirió el potencial de los medios adecuados de solución de controversias por los que apuesta el legislador, enlazados además con las posibilidades que genera la tecnología Blockchain en materia de contratación.
¿Qué enseñanzas puede sacar Justicia del camino que lleva ya recorrido la Administración Tributaria?
Perea admitió su admiración por el modo de funcionamiento de la Agencia Tributaria Española (AEAT), pero consideró, no obstante, importante destacar la relevancia de la tutela del derecho de defensa, que obliga a ser «extremadamente garantistas» en Justicia.
Como lección a aprender, destacó los actos de comunicación y la relación telemática con la AEAT. Puso ejemplos de automatizaciones que ve posibles en las notificaciones de resoluciones del juez o LAJ que, consideró, «ahorrarían mucho tiempo». Reconoció los problemas de los emplazamientos electrónicos, que han llegado hasta el Tribunal Constitucional, pero lanzó incluso una que podría activarse incluso desde el momento de activación del DNI electrónico. Añadió, además, que «la comunicación electrónica no solo es mucho más rápida, sino que es mucho más garantista, porque permite la fehaciencia de lo que se ha comunicado».
Los LAJ, cuerpo de esencial protagonismo en la tramitación procesal: ¿existe algún tipo de organización entre Letrados de diferentes CCAA?
Álvaro Perea respondió que no existen asociaciones, sino que, en realidad, prima «la voluntad y la iniciativa personal». Sí existen, por el contrario, iniciativas nacionales e internacionales, también con jueces y fiscales en el Ministerio, a través de las diferentes organizaciones y fórmulas de cooperación.
Justicia orientada al dato
Álvaro Perea explicó cómo el dato es el condicionante de la automatización. «Los datos lo son todo a efectos de organización, trabajo, racionalización». Pero subrayó el problema que supone que la Administración de Justicia no cuente con una política de mínimos del tratamiento de datos, a pesar de manejar un volumen ingente de ellos, al amparo del art. 590 LEC. (LA LEY 58/2000) Indicó posibles mejoras, como la producida en el ámbito de la instrucción y enjuiciamiento penal a partir del año 2009. Calificó de acertada la apuesta del legislador por una «Justicia del dato», pero mostró curiosidad por comprobar cuál será su traslación a la práctica.
¿Qué impacto va a tener la Ley de eficiencia digital cuando se apruebe y se desarrolle?
Álvaro Perea describió el impacto, centrándose en la apuesta por la automatización del prelegislador recogida en los artículos 56 a 58 del proyecto de Ley y su interesante diferenciación entre actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas. Las automatizadas no necesitarán supervisión humana, pero el art. 57 (actuaciones asistidas) «es el verdaderamente novedoso», porque «nos habla de propuestas de resolución».
Explicó también las características que deberán cumplir los escritos procesales, y que deberá homologar el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica), para que sean interoperables, pues seguirán existiendo aplicaciones diferentes. «Es una apuesta clara por la interoperabilidad», dijo. Álvaro explicó en qué consiste este organiso y qué funciones tiene, y apostó por «incorporar a los colegios profesionales de abogados, procuradores y de graduados sociales como mínimo» porque «un procedimiento judicial es un diálogo, es un partido de tenis». Consideró asimismo esencial la cooperación público-privada e iniciativas como la de la charla porque apuestan «por que un profesional público y uno privado hablen sobre lo que tiene que hacer la Justicia en el futuro».
También consideró que la pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital en la Administración de Justicia, «impone necesidad donde antes había voluntad». No obstante, aludió a la relevancia de la brecha digital, «hay que mejorar sobre todo de cara al servicio público».
Recalcó que «la regulación de la tecnología en Justicia es siempre una regulación fragmentaria» pues los verdaderos avances se han hecho en la LEC, en la LECRim (LA LEY 1/1882), en la LOPJ (LA LEY 1694/1985), en la LJCA… Y es que legislar sobre tecnología es complicado cuando se trata de Derecho, porque hay que pensar en los «juegos de adaptación con disposiciones finales, disposiciones adicionales, la transitoriedad para algunas leyes, para otras no, etc.».
Pero concluyó que, pese a todo, la automatización de la que hemos estado hablando afectará en modo positivo a la ciudadanía, y a los operadores jurídicos, abogados, procuradores, y profesionales de Justicia. Porque se acude a los Juzgados para resolver problemas, por lo que «la Justicia tiene que hablar de eficacia y de eficiencia, que es de lo que hablan los proyectos de ley que estamos comentando». De hecho, comentó, es notorio que las grandes empresas acuden al arbitraje, precisamente por la ineficiencia de los juzgados.
Algunas preguntas de los asistentes
¿Es posible técnicamente que los embargos de sueldos se reactiven automáticamente todos los meses igual que las devoluciones?
Perea respondió en sentido afirmativo, y explicó que, de hecho, hace años era así, pero se dejó de hacer, porque se generaron casos de nulidad de embargo. Añadió una propuesta de automatización ofreciendo al afectado todas las facilidades posibles para denunciar la nulidad del embargo por excesivo. Admitió que la situación actual supone un gran retraso y «genera una cantidad de escritos en ejecución enorme».
Automatización de entrega de cantidades
Un asistente, procurador, preguntó cómo se podría agilizar la entrega de las cantidades consignadas. A lo que Álvaro contestó refiriéndose a un proyecto que le consta que se esta desarrollando en el Ministerio de Justicia, «una aplicación de automatización de entrega de cantidades que consiste en algo tan sencillo como consignar un número de cuenta y todo lo que vaya ingresándose se repita a esa cuenta de forma automática, comprobable, revisable por parte del LAJ pero de forma automática».
¿Funciona y está operativo el registro de rebeldes civiles previsto en el art. 157 LEC?
A esta nueva pregunta de un oyente, Álvaro respondió que es un clásico ejemplo de fracaso de la normativa, y no existe en la práctica, aunque es verdaderamente fundamental pero parece que se está trabajando en ello.
Consejos para la presentación telemática de escritos
«Todo lo que versa sobre la indexación electrónica de los documentos que acompañan a los escritos es fundamental», dijo. Incidió en la conveniencia del uso de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), que permite reconocer la tipología del escrito que se está presentando
¿Debemos los abogados o procuradores sentirnos amenazados por la tecnología?
«Jamás», respondió Perea, contundente. «Un abogado es un profesional indispensable desde cualquier perspectiva». La tecnología ayudará en tareas complejas y aliviará de tareas repetitivas. Pero «el potencial de decisión y sobre todo el concepto de estrategia global, es el que define a un buen abogado. No tiene que ver con la tecnología sino con el talento y la inteligencia: la tecnología es un medio, eso nunca lo ignoremos».
Esta pregunta de una de las asistentes suscitó un interesante debate, en el que Alejandro aportó el valor que puede añadir la tecnología a los profesionales jurídicos. Y ambos comentaron tecnologías de simulación y opciones del metaverso que están por llegar.