Puede consultarse en este enlace la tabla comparativa de las modificaciones introducidas por la Orden INT/131/2023, de 11 de febrero (LA LEY 1612/2023), por la que se modifica la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, mediante la que el titular del Ministerio del Interior delegó determinadas atribuciones y aprobó las delegaciones efectuadas por otras autoridades en distintos órganos superiores y directivos del Departamento.
El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero (LA LEY 645/2020), establece en su artículo 5 la dependencia directa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del titular del Ministerio del Interior, a diferencia de la situación precedente, en que se hacía depender del titular de la Secretaría de Estado de Seguridad. Este cambio de adscripción orgánica conlleva la necesaria reforma de las delegaciones previstas del titular de la Secretaría de Estado al titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que han de adaptarse a la nueva realidad organizativa. Por otro lado, dentro de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio (LA LEY 12574/2018), que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, creó la nueva Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
En lo que respecta a la gestión de los recursos humanos, pretende que, dentro de su ámbito organizativo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo puedan llevar a cabo la gestión ordinaria de los asuntos de recursos humanos de una manera más autónoma, de acuerdo con la distribución competencial que establece la normativa sobre empleo público.