Introducción
En el sector legal, como en muchos otros, es preciso y necesario diferenciar entre las labores que poseen un valor añadido y aquellas otras que presentan circunstancias rutinarias, de trámite, y que por ello pueden ser simplificadas en cuanto a su ejecución mediante la «automatización». Pero… ¿Qué es la «automatización»?
La «automatización» es un método inteligente de gestión de las actividades en una organización mediante el cual se reducen los esfuerzos y costes de tiempo a través del empleo de patrones automáticos de reconocimiento documental y planteamiento de soluciones. En el caso del sector legal —definitoriamente sostenido sobre expedientes de recopilación de información— la «automatización» está llamada a ser (la única pregunta es cuándo) la herramienta central en despachos profesionales, juzgados, tribunales y fiscalías.
Las funciones de abogados (asesorar, defender…), jueces (resolver conflictos con resoluciones judiciales), fiscales (proponer acusaciones sobre la base de diligencias practicadas…) o letrados de la administración de justicia (dirigir los procedimientos hasta su fase de juicio…) deben focalizarse en su misma esencia, aportando eficiencia al conjunto de sus tareas y rentabilidad a los clientes y ciudadanos. La Justicia, siempre y sin excepción, debe aspirar a ser un servicio ágil y con una capacidad rápida de respuesta. Y ello sólo es posible si los profesionales concentramos nuestro tiempo en aquellos cometidos que verdaderamente definen nuestra condición, delegando las actividades secundarias de naturaleza burocrática o repetitiva a las oportunidades que ya hoy concede la tecnología.
La creación de documentos jurídicos, la planificación de su presentación, la organización de notificaciones y trámites pendientes, la coordinación entre órganos privados y públicos… Todo lo anterior son tareas asumibles con mayor eficacia a través de las aplicaciones tecnológicas basadas en la automatización documental. ¿Futuro? En realidad, no. Presente. Todavía por explorar, pero presente…
La transformación digital de la Administración de Justicia, entendida como un fenómeno integrado de corporaciones privadas y públicas en el «hecho tecnológico», localizará en la automatización inteligente de documentos una herramienta crucial y decisiva, un instrumento esencial para que la eficacia de los proyectos legislativos del plan «Justicia 2030» sea un horizonte alcanzable, un presente en el que los operadores jurídicos, al fin, puedan hacer de lo jurídico el verdadero valor añadido que requiere una sociedad moderna y digitalizada.
1º. ¿Qué es la «automatización documental»? ¿Por qué es un recurso tan importante para el desarrollo del sector legal?
Cristina Retana Gil (Directora de Contenidos e Innovación en LA LEY)
El concepto de «automatización documental» es muy amplio y necesariamente ligado a la digitalización, que debe ser un paso previo y muy importante en todas las fases de los procesos que se pretendan automatizar. En todo caso, se trata de un recurso importante para nuestro sector en una doble dimensión: tanto para las tareas internas de los abogados; como para la dimensión externa de los despachos, cuando se relacionan con clientes, proveedores o administraciones públicas. Con respecto a las primeras, las automatizaciones posibles dependen de la materia jurídica o del tipo de abogado: no es lo mismo actuar en Fiscal (donde es posible operar con conjuntos enormes de datos estructurados) que en Penal. Y no es lo mismo ser abogado «litigador» que «transaccional» o dedicado al «compliance». Cada ámbito jurídico, cada especialización dentro de él y cada manera de abordar el Derecho según los perfiles jurídicos, brindarán unas oportunidades u otras. Herramientas como ContractBOX, Jurimetría, Complylaw Penal, Gioconda Administración Concursal o CheckFiscal son resultado de ese análisis. Lo que es seguro es que todas ellas ofrecerán ventajas comunes que la automatización aporta: eficacia, ahorro de tiempos, seguridad jurídica, calidad de resultados y minimización de riesgos. Y todas estas ventajas inciden en la eficiencia y, con ello, en la reputación. La cuestión será detectar, en cada caso, con qué medios se cuenta y qué objetivos se quiere alcanzar, para ir avanzando en el impacto que esas automatizaciones, que esa tecnología, nos permitirá lograr. Y, todo ello, siempre paso a paso, no podemos pretender automatizar todo, sólo lo que es susceptible de ser automatizado en todo o en parte, y con garantías de que el proceso legal en cuestión no se ve afectado en su calidad y seguridad jurídica.
Alejandro Sánchez del Campo Redonet (Abogado y Consejero de Innovación y LegalTech)
«"Automatización" es uno de los términos de moda ahora mismo. Algunos expertos afirman que cualquier proceso que se pueda automatizar, se terminará automatizando. El sector legal no es una excepción. Muchas de las tareas que llevan a cabo los abogados diariamente son repetitivas y basadas en reglas. A veces el volumen es muy alto. Ese es el tipo de labores o procesos que podría tener más sentido empezar a automatizar.
Dentro de la automatización documental podemos destacar la creación de contratos. Un ejemplo sería la generación de un acuerdo de confidencialidad respondiendo a unas sencillas preguntas (idioma del documento, si va a ser una o las dos partes quien va a revelar información, jurisdicción aplicable…).
Las herramientas de automatización documental presentan ventajas evidentes: permiten a los abogados evitar errores, ahorrar tiempo en tareas que no aportan valor al cliente y ser más eficientes.»
Víctor Bonilla Ortega. (Fundador del Instituto Iberoamericano de Gobernabilidad e Innovación — iiGOBinn y Consultor de la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos — OEA.)
«La incorporación de la tecnología en los diversos ámbitos de la interacción social ha generado múltiples transformaciones en la dinámica de la gestión de las entidades públicas y privadas, uno de esos elementos es la "automatización documental" que consiste en la gestión de documentos y procesos que se han digitalizado mediante diversas tecnologías, algoritmos e inteligencia artificial, con el objetivo de generar ahorros de tiempo y recursos. Evidentemente, como paso previo, hay que considerar otorgar valor legal a esa documentación digital, lo cual significa un reto adicional porque supone cambiar la cultura del valor que otorgábamos a los documentos en papel.
El sector justicia no es ajeno a estos procesos, en tal sentido la "automatización documental" es un recurso importante para el desarrollo legal porque entre otros aspectos, permite a los juzgados mayor agilidad, rapidez y eficiencia, reduce la necesidad de la presencialidad de los usuarios (abogados, procuradores, partes en los litigios, etc.) en las sedes judiciales, quienes podrán acceder a la documentación a través de los accesos como el de "Consulta de expedientes judiciales para ciudadanos" o LexNET.»
Roberto Vicente del Castillo (Innovation Manager. Pérez Llorca) y Marisa Delgado (Abogada. Head of Knowledge Management. Pérez Llorca).
«La automatización documental es un proceso en el que se utiliza un software para la generación de documentos a través de plantillas previamente creadas de documentos jurídicos. La automatización viene cuando el usuario va añadiendo los datos que va preguntándole el software. Con esa información, la herramienta puede generar, por ejemplo, el contrato al momento.
Es un recurso importante ya que permite al abogado centrarse en actividades de mayor valor añadido para el cliente y dejar que el software realice aquellas tareas que son repetitivas y constantes, pero siempre bajo la supervisión del profesional. Además, reduce los esfuerzos y tiempos de producción y mejora la productividad reduciendo costes.»
2º. «Eficiencia». Es el sustantivo más repetido en los últimos años cuando hablamos de Justicia y futuro. ¿Puede ser la Justicia eficiente? ¿Qué pueden aportar las herramientas de automatización documental a los operadores para que su trabajo, y con él el de toda la Justicia, sea más eficiente?
Cristina Retana Gil (Directora de Contenidos e Innovación en LA LEY)
Estoy totalmente convencida de que la Justicia puede y debe ser más eficiente, y de que esa eficiencia sin duda mejorará gracias a la tecnología, como ha pasado en otros ámbitos. Pero es cierto que las cautelas para que no se vulneren derechos, en especial el derecho a la tutela judicial efectiva, deben ser máximas e introducen elementos que inevitablemente deben ser tenidos en cuenta. Creo que las futuras leyes de eficiencia digital, procesal y organizativa incluyen elementos que sin duda favorecerán ese contexto. Sin olvidar, como anuncia ya el primer artículo del proyecto de eficiencia digital, que la tecnología es un instrumento «de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional» que debe respetar plenamente «las garantías procesales y constitucionales». Dicho esto, existen herramientas útiles que la iniciativa privada ya utiliza y que son exportables a la Administración de Justicia. Por poner dos ejemplos que ofrecemos en Aranzadi LA LEY, citaré las automatizaciones de enlaces a legislación o jurisprudencia o tecnologías sobre extracciones de datos que aparecen en volúmenes amplios de documentos y que alivian enormemente el trabajo manual y favorecerán la anunciada Justicia orientada al dato.
Alejandro Sánchez del Campo Redonet (Abogado y Consejero de Innovación y LegalTech)
«La justicia puede y debe de ser eficiente. Tenemos ejemplos de servicios públicos que lo son y no veo por qué no puede ser igual en este caso.
Ya existen herramientas fiables que permiten autoclasificar automáticamente documentos, extraer cierto tipo de información aunque el documento sea un PDF, ayudar en la generación de escritos, trabajar en remoto de forma colaborativa, configurar distintos flujos de trabajo y un largo etcétera.
La sociedad se está digitalizando a pasos acelerados. Al sector legal le está costado un poco más pero ya ha empezado a recorrer el camino. No tiene sentido que la justicia se quede atrás cuando existen los medios para conseguir esa eficiencia y dar mejor servicio al ciudadano.»
Víctor Bonilla Ortega. (Fundador del Instituto Iberoamericano de Gobernabilidad e Innovación — iiGOBinn y Consultor de la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos — OEA.)
«Efectivamente, la "eficiencia" es el sustantivo más repetido en los últimos años, tanto es así que, en el marco de la digitalización de la administración de justica en España, se está debatiendo el proyecto de "Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia" que en la actualidad se encuentra en trámite en las Cortes Generales.
En tal sentido, si entendemos la automatización documental como un proceso que involucra la articulación de los distintos sistemas de los órganos judiciales, con el fin de modernizar y agilizar el ecosistema judicial, en la actualidad se está promoviendo que la justicia sea eficiente.
Ahora bien, en ese contexto las herramientas de automatización permitirán a los diversos operadores mayor agilidad en la gestión, reduciendo los tiempos de los procesos con la tramitación digital de los procedimientos judiciales mediante la interoperabilidad de los diversos sistemas que existen, en un escenario donde el uso de la inteligencia artificial, los sistemas de aprendizaje automático y los algoritmos jugarán en un futuro próximo un rol importante.»
Roberto Vicente del Castillo (Innovation Manager. Pérez Llorca) y Marisa Delgado (Abogada. Head of Knowledge Management. Pérez Llorca).
«Rotundamente sí, pero no esperemos ver jueces robots, ni abogados virtuales. Vamos a ver procesos más eficientes según vayamos incorporando estas tecnologías y herramientas en administraciones, asesorías jurídicas y despachos de abogados.
La automatización, no solo documental sino también de procesos judiciales, va a ayudar a que toda la justicia sea más eficiente, asumiendo estas herramientas las tareas de poco valor añadido como la revisión documental o la generación de contratos estándares.»
3º. La automatización se sostiene sobre datos, requiere de ellos para poder cumplir su cometido. ¿Cómo deben ser esos datos y qué tratamiento debe realizarse con los mismos? ¿Son los datos la nueva gran materia prima de la Justicia 5.0?
Cristina Retana Gil (Directora de Contenidos e Innovación en LA LEY)
La llamada Justicia orientada al dato es de enorme interés para todos, pero lo es también para nosotros, en Aranzadi LA LEY, dada nuestra amplia experiencia en la estructuración de datos y asignación de metadatos en documentación jurídica, y la posterior extracción de información relevante. Por eso seguimos atentamente su evolución, tanto a nivel nacional, con el Manifiesto del dato que ofrece el Ministerio de Justicia, como la Estrategia Europea de Datos. El proyecto de Ley de eficiencia digital nos da algunas pistas, pero aún no demasiadas, sobre los datos y, no olvidemos, también metadatos, que se recopilarán y tratarán. Su consideración de bien público es una cuestión sumamente relevante que, entendemos, afectará a un tratamiento que, necesariamente, debe seguir la senda marcada por la normativa de protección de datos. Pero, como decía, no importa solo la cantidad de datos, y su calidad, sino que hay que hacer un ejercicio posterior de qué se quiere hacer con ellos. Recientemente hemos conocido el primer paso dado por el Ministerio de Justicia en esta orientación al dato, con el recién estrenado servicio electrónico de insolvencia de microempresas, cuyos datos hasta la fecha son aún escasos, pero reveladores. Así que sí, creo sin duda que los datos de la Administración de Justicia serán importantes, pero lo realmente importante será la finalidad a la que se dediquen permitiendo, con su análisis, anticiparse y solucionar un problema (crear o reforzar juzgados, decidir especializaciones de los funcionarios, etc.). Y sin olvidar que lo absolutamente relevante es la tutela de los derechos de los ciudadanos y que toda la tecnología, incluida la desplegada sobre datos, debe ser un instrumento para ese fin.
Alejandro Sánchez del Campo Redonet (Abogado y Consejero de Innovación y LegalTech)
«Se ha dicho muchas veces que los datos son el petróleo del siglo XXI. Las compañías tecnológicas son las que están liderando la economía ahora mismo. Otras que no nacieron digitales (Telefónica, BBVA, Starbucks…) han comprendido que la única forma de competir con aquellas es ser data-driven companies, es decir empresas que toman decisiones basadas en Big Data.
El potencial de los datos es enorme. Herramientas como Jurimetría lo demuestran. Contar con información valiosa es clave para plantear un caso con garantías de éxito.
Desgraciadamente Jurimetría es una excepción y el sector legal está aprovechando muy poco el potencial que tienen los datos. Viendo el lado positivo, la ventaja es que no tenemos que inventar nada: bastaría con copiar las mejores prácticas de otras industrias y aplicarlas al mundo jurídico, con las adecuaciones necesarias. Además, cualquier pequeña mejora, tendría un gran efecto.»
Víctor Bonilla Ortega. (Fundador del Instituto Iberoamericano de Gobernabilidad e Innovación — iiGOBinn y Consultor de la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos — OEA.)
«Para que las plataformas de interoperabilidad puedan gestionarse de manera óptima requieren de "insumos", siendo uno de los principales: los "datos"; en ese orden de ideas, los datos deben ser estructurados de tal manera que se permita el intercambio masivo entre los diversos sistemas (metadatos), debiendo considerar la anonimización y seudonimización de documentos para no vulnerar la Ley de protección de datos personales.
Estos aspectos técnicos han sido considerados en el capítulo II (Tramitación orientada al dato) del Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia.
Yuval Noah Harari en la página 399 de su libro Homo Deus (2016) nos dice que "(…) En 2016, únicamente una candidata está sentada en la sala de espera de la historia, aguardando la entrevista de trabajo. Esta candidata es la información. La religión emergente más interesante es el dataísmo, que no venera ni a dioses ni al hombre: adora los datos."
Por otro lado, la Directiva (UE) 2019/1024 (LA LEY 11090/2019), relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público ha servido como insumo para la formulación de IV Plan de Acción del Gobierno Abierto de España, donde encontramos que se ha considerado el compromiso 2.3 "Impulso de la apertura de datos y la reutilización de la información del sector público"
En ese contexto, teniendo en cuenta que el sector justicia cuenta con abundante información, para efectos de la interacción en el ecosistema de los procesos judiciales esta información se convierte en "datos". En tal sentido, es innegable el protagonismo que tiene este importante recurso en la "Justicia 5.0", que puede permitir agilizar la gestión de los diversos procesos para lograr una mejor tutela de los derechos de la ciudadanía.»
Roberto Vicente del Castillo (Innovation Manager. Pérez Llorca) y Marisa Delgado (Abogada. Head of Knowledge Management. Pérez Llorca)
«Para empezar, dentro de las administraciones jurídicas, las asesorías y los despachos tiene que haber una buena gobernanza del dato, ya que esto nos aportará conocimiento y podremos automatizar de una manera más efectiva los procesos y documentos.
Para que consigamos esta buena gobernanza de los datos debemos definir y clarificar la propiedad de los mismos, su accesibilidad, seguridad y calidad; en definitiva, hay que poner en valor el conocimiento. Con el nuevo Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, se pondrá mayor foco en la interoperatividad y en el acceso digital a los datos, por lo que estos tendrán todavía mayor relevancia.»
4º. Los artículos 56 y siguientes del Proyecto de Ley de Medidas Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia hablan de «actuaciones automatizadas». ¿Qué opinión merece la propuesta legislativa en cuanto a la automatización de actuaciones de naturaleza procesal? ¿Podemos ser más ambiciosos? ¿Qué cabe esperar de la tramitación parlamentaria?
Cristina Retana Gil (Directora de Contenidos e Innovación en LA LEY)
Efectivamente, considero que la regulación de las actuaciones automatizadas, así como de las asistidas y proactivas, es un gran hito de la futura ley. Tal vez causa, tal vez consecuencia, pero en todo caso, íntimamente ligado a la Justicia orientada al dato. Considero que el legislador ha sido prudente en la definición de cada una de ellas y en la delegación para su precisión y la fijación de los requerimientos técnicos de cada caso. En concreto, para las automatizadas y proactivas, en las que no hay intervención humana (aunque puede haberla y se prevé también que se puedan revertir), siento enorme curiosidad precisamente por el debate parlamentario y conocer si hay consenso o si en el Derecho comparado existen parámetros que aconsejen fijar los casos concretos de uso o postergarlos al desarrollo reglamentario. Y estoy deseando ver también los requerimientos y diseños tecnológicos, así como los desarrollos normativos e informáticos que el proyecto anuncia. Lo asimilo a los casos de uso que analizamos en la empresa privada antes de abordar un proyecto tecnológico: hay que estudiar por qué se hace, para qué, y cómo; y priorizar, en base a las respuestas. Y teniendo en cuenta las exigentes peculiaridades de la Justicia (independencia del poder judicial, principio iura novit curia, tutela judicial efectiva,...), me parece un reto apasionante.
Alejandro Sánchez del Campo Redonet (Abogado y Consejero de Innovación y LegalTech)
«No tengo suficiente conocimiento para poder contestar adecuadamente a esta pregunta. Mi única recomendación sería genérica: ser lo más ambiciosos posible porque, aun en ese caso, probablemente nos quedemos cortos dado el desarrollo tan acelerado de las tecnologías en los últimos años.»
Víctor Bonilla Ortega. (Fundador del Instituto Iberoamericano de Gobernabilidad e Innovación — iiGOBinn y Consultor de la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos — OEA.)
«La incorporación de la inteligencia artificial y los algoritmos en las actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas ya es un paso más trascendental en el ámbito judicial; es por eso que, su aplicación en la tramitación procesal está fundamentada en la posibilidad de que los diversos operadores puedan liberarse de tareas que se repiten constantemente, que son mecánicas o que no requieren un mayor razonamiento lógico.
Si bien su implementación inicial puede tener ciertos riesgos, es importante resaltar que en el proyecto de Ley de Medidas Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia se ha precisado que, para el caso de actuaciones automatizadas se posibilitará la automatización de actuaciones que "…no requieren interpretación jurídica". Asimismo, en el caso de actuaciones asistidas, el sistema generará un borrador que pueda ser producido por algoritmos, pero que "…en ningún caso el borrador generado constituirá una resolución judicial o procesal".
Estas consideraciones normativas pueden garantizar que se eviten errores u omisiones en los procesos generados por la inteligencia artificial, ya que inicialmente pueden contener sesgos mientras estos algoritmos están "aprendiendo".
Intentar ser más ambiciosos para usar la inteligencia artificial y los algoritmos en el ámbito de las decisiones judiciales ya es mucho más "osado", por los riesgos que ello supone, teniendo en cuenta además que los jueces deben basar sus decisiones en base al análisis de los elementos objetivos y subjetivos de cada proceso, y por las consideraciones que respecto a su función están establecidas en la Constitución y demás documentos normativos, que garantizan la seguridad jurídica. Sin embargo, en un primer momento se puede pensar en que los algoritmos inicien una etapa exploratoria que considere el potencial de su capacidad predictiva durante el proceso de "aprendizaje", que pueda servir en el futuro como un insumo más en las decisiones judiciales. En función a los resultados de esta etapa exploratoria se puede evaluar su uso en el futuro, considerando que el algoritmo, mientras más datos procese, más preciso se vuelve para predecir las decisiones futuras.»
Roberto Vicente del Castillo (Innovation Manager. Pérez Llorca) y Marisa Delgado (Abogada. Head of Knowledge Management. Pérez Llorca)
«La automatización de actuaciones de naturaleza procesal puede ser una herramienta de apoyo fundamental para la consecución de uno de los principales objetivos del Ministerio de Justicia: favorecer la implantación de una justicia más moderna y ágil. En este sentido, con la introducción de las actuaciones automatizadas (sean estas proactivas o asistidas) para tareas repetitivas, basadas en datos y en el uso de la inteligencia artificial, se podrá agilizar la actividad de la Justicia y aumentar la eficiencia de determinados trámites procesales mediante, por ejemplo, la realización notificaciones o avisos automáticos, sin necesidad de intervención manual. Esta automatización exigirá un cambio cultural y un cambio de paradigma dentro de la propia administración de justicia, que deberá adaptarse a esta nueva realidad y será clave para liberar de las tareas más repetitivas a jueces y funcionarios, para optimizar recursos y así lograr una justicia más rápida y eficiente.
Por tanto, uno de los desafíos de la norma será acompasar este deseo de eficiencia con la necesidad de garantizar la seguridad jurídica digital en la tramitación de los procedimientos. Parece acertado, teniendo en cuenta el estado actual de la tecnología, el hecho de que se establezcan determinados límites a este tipo de actuaciones, previendo la intervención humana en aquellas tareas más complejas y donde la tecnología se presenta como un aliado, pero no como el elemento decisorio final. Por ejemplo, el Proyecto de Ley prevé que los borradores generados por medio de actuaciones asistidas no puedan considerarse por sí mismos una resolución mientras no cuenten con la validación de la autoridad competente. Además, en unos procesos basados principalmente en avances tecnológicos y en inteligencia artificial, dado que su correcto funcionamiento dependerá de la calidad de la información incorporada en cada expediente o procedimiento, deberemos estar atentos a la tramitación parlamentaria de la norma y a su posible posterior desarrollo reglamentario para ver cómo se definen las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema de información, de su código fuente, y de toda la tecnología en la que estas nuevas actuaciones se apoyen.»
5º. Actualmente parece ciencia ficción pero quizá no estemos tan lejos… ¿Podemos imaginar una aplicación pública conectada a las aplicaciones privadas de despachos profesionales, todas integradas a través de un mismo macrosistema de automatización? ¿Los proyectos Next Generation ofrecen una buena posibilidad para intentar un escenario de pruebas que viabilice una mejor comunicación inteligente entre abogados y juzgados?
Cristina Retana Gil (Directora de Contenidos e Innovación en LA LEY)
Creo que imaginar una conexión total es el sueño de todo tecnólogo pero, por ahora, vivimos una realidad en la que esa interoperabilidad absoluta no existe. No obstante, quiero destacar que sí existen herramientas como Aranzadi Fusión que conectan los sistemas de gestión documental de los despachos con las plataformas judiciales. Pero es cierto que una mayor inversión e interoperabilidad ente los diferentes aplicativos judiciales ayudaría también a la accesibilidad de los sistemas privados. Y eso motivaría a su vez el recurso a esos fondos por más despachos que quieran beneficiarse de esa mejora ya existente entre abogados y juzgados. En todo caso, creo que en este punto la Administración de Justicia debe ir mejorando la interconexión entre sus sistemas y mejorar el acceso a los mismos. Y nuevamente pongo como ejemplo el recién estrenado servicio electrónico de microempresas, ideado para simplificar el procedimiento de insolvencia de este tipo de empresas, pero que en la realidad está implicando gran complejidad para sus usuarios, precisamente por problemas de interoperabilidad. Puede ser un buen banco de pruebas para mejoras futuras.
Alejandro Sánchez del Campo Redonet (Abogado y Consejero de Innovación y LegalTech)
«Los fondos Next Generation son una estupenda oportunidad de modernizar y digitalizar múltiples aspectos de nuestro sistema de justicia y no la deberíamos desaprovechar.
La administración tributaria debería ser el modelo a seguir en la transformación digital de la justicia. Cuando existe voluntad política y se ponen los medios económicos y humanos necesarios, se pueden conseguir resultados que hoy nos parecen imposibles. Añadido a lo anterior, creo que es fundamental poner al justiciable en el centro de cualquier reforma que vayamos a hacer así como fijarnos en lo que están haciendo otros países más avanzados. En la web Remote Courts Worlwide (https://remotecourts.org/) podemos encontrar multitud de ejemplos de distintas jurisdicciones del mundo. Muchos de ellos serían adaptables a nuestro entorno con pequeñas adaptaciones.»
Víctor Bonilla Ortega. (Fundador del Instituto Iberoamericano de Gobernabilidad e Innovación — iiGOBinn y Consultor de la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos — OEA.)
«Hace unos años pensar en mostrar en una sola plataforma información (datos) integrada de los países miembros de la Unión Europea que esté abierta al público, podría haber parecido de "ciencia ficción"; sin embargo, en la actualidad esa plataforma existe, es el "Portal Oficial de Datos Europeos" que muestra los datos abiertos de todos los países en las 24 lenguas oficiales de la UE.
Esta iniciativa ha significado un gran esfuerzo de recursos, que ha permitido vencer barreras geográficas, culturales, de sistemas y aplicaciones internas, así como de idiomas. Tomando ese ejemplo, pensar en un "macrosistema" de automatización que conecte una aplicación pública del sector justicia de España a las aplicaciones privadas de los despachos profesionales no está muy lejos.
De hecho, ya existen en el mercado aplicaciones que integran las tareas de los despachos privados con una aplicación pública como son LexNET y E-Justicia que cuentan con la homologación respectiva. Ahora bien, de cara hacia las actualizaciones que se están incorporando al interior del ámbito judicial, será necesario actualizar las aplicaciones privadas para que estén en condiciones de integrarse al gran "macrosistema" de automatización.
El escenario será propicio para la incorporación al mercado de nuevas plataformas que cumplan los requisitos de integración e interoperabilidad con las aplicaciones públicas, de tal manera que puedan ser homologadas y brinden los niveles de seguridad apropiados para evitar potenciales ciberataques que pongan en riesgo la gestión del flujo de los procesos.
Otro tema de vital importancia para gestionar la integración del "macrosistema" son las competencias de los recursos humanos, así que será necesario que los despachos de abogados cuenten con capital humano con mayores habilidades y conocimientos en materia digital para garantizar óptimos resultados.
Definitivamente los proyectos financiados con los fondos Next Generation, ofrecen una gran oportunidad para hacer realidad estas iniciativas.»
Roberto Vicente del Castillo (Innovation Manager. Pérez Llorca) y Marisa Delgado (Abogada. Head of Knowledge Management. Pérez Llorca)
«El Ministerio de Justicia emprendió hace tiempo el camino de la transformación digital de la justicia. Para impulsarla está llevando a cabo diferentes iniciativas tecnológicas, que —con mayor o menor éxito— tratan de aprovechar el potencial de innovación que ofrece la tecnología para poner la justicia al servicio de la ciudadanía. Cabe mencionar como ejemplo la implantación de LexNET como una de las muestras más palpables de este intento dirigido a fomentar la digitalización de la administración.
No es descartable por tanto que, en un futuro, las tecnologías de la información puedan promover iniciativas de interconexión entre abogados y tribunales, pero deberán desarrollarse garantizando esta relación en condiciones de igualdad, garantizando siempre la seguridad jurídica y el respeto a la normativa de protección de datos y respetando el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente. Se trata, en todo caso, de buscar siempre una complementariedad entre la innovación, el servicio público, el respeto de los derechos fundamentales y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.»
6º. Procesos de ejecución civil basados en una automatización documental que permita detectar de forma rápida las peticiones de embargo de los acreedores y ejecutarlas instantáneamente, cancelaciones de antecedentes penales sin intervención humana, órdenes europeas de investigación coordinadas a través de una única aplicación de cooperación internacional europea… ¿Cómo será el futuro de la Justicia «automatizada»? ¿Será al fin la Justicia un servicio público ágil y eficiente? ¿Cómo debemos garantizar la supervisión humana?
Cristina Retana Gil (Directora de Contenidos e Innovación en LA LEY)
Como comentaba anteriormente, creo que, al igual que sucede en el entorno privado, la Administración de Justicia deberá analizar los casos de uso a abordar y priorizar aquellos que requieran mayor urgencia. Pero sí esperamos soluciones en el corto y medio plazo. Y vuelvo al procedimiento especial de insolvencias, porque ha sido pionero en este sentido, y augura, por ejemplo, cómputos automatizados de mayorías de pasivo a la hora de aprobar o no los planes de continuidad de estas compañías. En todo caso, la determinación de los casos de uso implica el análisis de qué precisa revisión humana y qué no. Es, precisamente, la decisión que deja pendiente el legislador en el proyecto de eficiencia digital cuando no concreta qué será actuación automatizada, proactiva o asistida, fijando desde el inicio un criterio crucial en cuanto a las automatizadas: «no requieren interpretación jurídica». Lo cual quiere decir, en sentido contrario, que esa interpretación jurídica es territorio reservado a las personas (letrados y letradas de la Administración de Justicia; jueces y juezas), sin perjuicio de que incluso esa labor pueda ser, se dice luego, «asistida» por la tecnología.
Alejandro Sánchez del Campo Redonet (Abogado y Consejero de Innovación y LegalTech)
«La inteligencia artificial está llamada a jugar un papel relevante en el mundo legal, incluyendo por supuesto, el procesal. Todos los ejemplos que se mencionan en la pregunta son factibles a nivel técnico a día de hoy. ¿Debemos promover entonces "jueces-robots" para todo tipo de procedimientos? Evidentemente no. No tiene mucho sentido que sea un algoritmo quien decida en un caso de divorcio con niños menores de edad. Pero tampoco lo tiene que una persona tenga que esperar seis años para recibir 1500 euros de gastos indebidos que pagó por un préstamo hipotecario, porque el juzgado está saturado.
La solución pasa por arrancar proyectos piloto en procesos que, por cuantía y temática, sean más susceptibles de automatizar y digitar, manteniendo siempre una opción de supervisión humana. A partir de esa prueba piloto, se extraen datos, se corrigen los aspectos mejorables y se extiende a un ámbito mayor.
Insisto, no tenemos que inventar la rueda: hay muchos países —Estonia sería el mejor ejemplo— que nos llevan la delantera en administración electrónica. Podemos (y debemos) aprender de su experiencia para conseguir que efectivamente la justicia sea ágil y eficiente.»
Víctor Bonilla Ortega. (Fundador del Instituto Iberoamericano de Gobernabilidad e Innovación — iiGOBinn y Consultor de la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos — OEA.)
«La pandemia generada por la Covid-19 fue el principal acelerador de los procesos de transformación digital en todos los sectores y evidentemente también lo fue en el ámbito judicial, así que impulsados por ese proceso a nivel supranacional ya se está debatiendo la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial".
En este documento se vislumbra cómo será el futuro de la digitalización de la justicia en la Unión Europea, considerando cambios legislativos de los procedimientos transfronterizos en materia civil, mercantil y penal. Asimismo, considera el principio de "digital por defecto".
Este reglamento tiene por objeto "…mejorar la eficacia y la rapidez de los procesos judiciales y facilitar el acceso a la justicia mediante la digitalización de los canales de comunicación existentes, lo que debe suponer un ahorro de costes y tiempo, una reducción de la carga administrativa y una mayor resiliencia ante circunstancias de fuerza mayor para todas las autoridades que participan en la cooperación judicial transfronteriza".
En el caso de las audiencias orales en los procesos civiles, mercantiles y penales con repercusiones transfronterizas, se ha considerado "…contemplar el uso facultativo de la videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia para la participación de las partes en dichas audiencias, siempre que se disponga de la tecnología pertinente".
Se considera también que el punto de acceso electrónico europeo debe alojarse en el Portal Europeo de e-Justicia, que servirá de ventanilla única para la información y los servicios judiciales en la Unión.
Estas iniciativas grafican una parte de lo que nos espera en el ámbito de la justicia digital en los próximos años, que promete que la justicia pueda ser un servicio público ágil y eficiente, escenario donde la supervisión humana será imprescindible para evitar los potenciales sesgos y riesgos que los algoritmos pueden generar.»
Roberto Vicente del Castillo (Innovation Manager. Pérez Llorca) y Marisa Delgado (Abogada. Head of Knowledge Management. Pérez Llorca)
«La Justicia orientada a la automatización de procesos ha de ser sin duda uno de los principales focos de la estrategia de digitalización de la justicia. La implantación de procesos automatizados y ágiles será clave para el desarrollo de una administración de justicia más eficiente, donde los funcionarios se verán liberados de funciones repetitivas que podrán ser realizadas por máquinas y podrán ser más productivos, al dedicarse a tareas de mayor valor añadido, con el consiguiente beneficio para los ciudadanos que ello supone.
No son pocos los esfuerzos que se están realizando y los proyectos que ya se están implementando en este sentido por parte de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia que, bajo la dirección de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, tiene el objetivo de liderar todo este cambio cultural y tecnológico encaminado a la modernización de la Administración de Justicia. Podemos destacar como ejemplo el plan de robotización del procedimiento de cancelación de antecedentes penales, que fue puesto en marcha el año pasado por el Ministerio de Justicia y que ha permitido que desde 2021 más de un cuarto de millón de personas viera su historial limpio sin tener que solicitarlo ni esperar más tiempo del necesario. En este sentido, es deseable que en los próximos años se automatice un mayor número procesos en donde la intervención humana no es necesaria, pero, a la vez, se garantice que no se va a prescindir del elemento humano en aquellos momentos resulte clave. Será aquí clave también la labor de los tribunales, como garantes del Estado de Derecho, corrigiendo a posteriori los potenciales fallos que se produzcan debido a la implantación de estas nuevas tecnologías.
En definitiva, el futuro de una justicia ágil y eficiente deberá sentar sus bases en la automatización masiva de procesos y la introducción progresiva de software de inteligencia artificial, pero también deberá garantizar la seguridad jurídica digital, regulando los derechos y obligaciones de los colectivos que se relacionen digitalmente con la Administración de Justicia e incluyendo un régimen de protección de datos adaptado a esta nueva realidad, promoviendo también el Estado de Derecho en este nuevo entorno digital.»