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Con esta ley se pretende actualizar el marco normativo del sector, ajustando un modelo eficaz a las nuevas circunstancias económicas y sociales.

En lo que atañe a la Ley 27/1999, de 16 de julio (LA LEY 2972/1999), de Cooperativas, se busca la adecuación y actualización de la legislación cooperativa estatal de manera que se recojan los ajustes necesarios para optimizar la eficacia de su funcionamiento interno en lo referido a las formas de participación y el ejercicio de derechos digitales o telemáticos. Por otro lado, el principio cooperativo de igualdad ha impulsado los avances de las cooperativas hacia una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La existencia de una página web corporativa será obligatoria para las cooperativas de más de quinientos socios, será obligatoria al año de la publicación de la ley.

En lo que respecta a la Ley 44/2007, de 13 de diciembre (LA LEY 12400/2007), para la regulación del régimen de las empresas de inserción, debe modificarse, teniendo en cuenta que las sucesivas crisis económicas y sus consecuencias a lo largo de las dos últimas décadas han profundizado en las brechas de desigualdad existentes y han dado lugar a la aparición de nuevos factores que incrementan el riesgo de exclusión social.

Por último, en relación con la Ley 5/2011, de 29 de marzo (LA LEY 5815/2011), de Economía Social, resulta necesario incorporar algunas fórmulas empresariales ya reconocidas a nivel europeo. Efectivamente, la evolución jurisprudencial y del ecosistema de la Economía Social en Europa obliga a realizar un esfuerzo por definir un nuevo marco regulador que permita identificar estas nuevas entidades que operan en el sector de la Economía Social.

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