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Por Fernando Cameo.- Gijón será la sede los próximos días 14, 15 y 16 de junio del «DataFórum 2023», el gran evento anual sobre justicia y datos. A lo largo de estas tres jornadas, se desarrollará un completo programa con gran variedad de formatos (debates, mesas redondas, charlas inspiradoras, entrevistas, demostraciones…) en los que un plantel de expertos de diversos perfiles debatirá sobre las posibilidades de la digitalización de los tribunales y de cómo pueden contribuir los datos a conseguir ofrecer a la ciudadanía un servicio público más cercano, transparente, innovador y eficaz.

Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado, Profesor de Derecho Digital, Consultor y Director del postgrado en Legal Tech y transformación digital (DAELT) de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, será uno de los participantes en el evento.

Moisés nos cuenta en esta entrevista en qué consistirá su participación en el evento y nos da su visión sobre cómo influyen e influirán los avances tecnológicos en el mundo de la Justicia y el Derecho.

En el «DataFórum Justicia 2023» participará en la mesa «New Law & LegalTech». ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿podría definirnos estos dos conceptos?

La Legal Tech, abreviación inglesa de Legal Tecnology o Tecnología Legal, engloba la adopción de tecnología y software innovadores para racionalizar y mejorar los servicios jurídicos. Por ejemplo, aquí se incluyen las soluciones para gestionar todo el ciclo de vida de los contratos de una entidad, o las herramientas de analítica predictiva de jurisprudencia. New Law, en cambio, es un término minoritario para referirse al antiguo Derecho de las nuevas tecnologías, que ahora se denomina Derecho digital.

¿Deberían ser parte de la formación de los nuevos abogados?

Sin duda. Estoy profundamente convencido que los juristas tenemos la necesidad de comprender la tecnología en una doble vertiente: primero, como una parte de la realidad que transforma con nuevas herramientas la forma de realizar el trabajo y prestar los servicios en todos los sectores. Y segundo, desde la óptica de las consecuencias jurídicas que la disrupción tecnológica trae consigo.

¿Cuáles son o cuáles deberían ser las principales palancas sobre las que se debe sustentar la transformación digital de las profesiones jurídicas?

Las personas y las necesidades reales y concretas de la organización. La tecnología es siempre una herramienta, nunca un fin en sí misma.

Un reciente estudio de OpenAI, creadora de ChatGPT, ha señalado a la abogacía como una de las profesiones que serán más golpeada por la inteligencia artificial en términos laborales. ¿Qué opina de esta afirmación?

A mi juicio es totalmente exagerada y desconoce la realidad de la abogacía. Como bien ha señalado Markus Hartung en el epílogo de la 2.ª edición del libro Legal Tech. La transformación digital de la abogacía, «la Legal Tech solo sustituye al abogado en aquellas áreas en las que éste nunca fue necesario». ChatGPT puede servir como un asistente del abogado, aunque por el momento no ha acabado el grado de Derecho. Sin embargo, la propia configuración técnica de este tipo de herramientas, que están basadas en grandes modelos lingüísticos (LLM, por sus siglas en inglés de large language models) y en deep learning no supervisado, hace que su corpus no pueda estar permanentemente actualizado y en ocasiones inventa respuestas, citas, sentencias o normas jurídicas. Lo que en otro trabajo académico he denominado como «absurdos algorítmicos».

¿Qué ventajas puede comportar la aplicación de sistemas de Inteligencia Artificial en la Justicia? ¿Y qué riesgos o amenazas implicaría dicha aplicación?

Hoy, en 2023, las herramientas y aplicaciones de IA son utilizadas por las autoridades judiciales en varios países del mundo, en particular en apoyo de decisiones de prisión preventiva o para dictar sentencias, calcular las probabilidades de reincidencia y determinar la libertad condicional, resolver litigios en línea, gestionar la jurisprudencia y facilitar el acceso a la Justicia. Todos los operadores jurídicos tenemos que resolver el reto de que esta transformación digital logre una auténtica mejora del sistema y de las personas. Es decir, que la Justicia digital sea eficiente y garantista. La Justicia digital no puede suponer un menoscabo de los derechos fundamentales. Especialmente debe respetar los derechos de dignidad humana, no discriminación, libertad de circulación, presunción de inocencia y derecho de defensa, libertad de expresión e información, libertad de reunión y asociación, igualdad ante la ley, igualdad de armas y el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juicio justo, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007) y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950).

¿Cómo pueden contribuir los datos a conseguir una Justicia más cercana, transparente, y eficaz?

Los datos son la base con la que operan los sistemas informáticos, y por eso son la materia prima de las soluciones basadas en inteligencia artificial. Por eso es técnicamente imprescindible contar con una Administración de Justicia basada en el dato y no en el documento, como sucede actualmente con LexNET. LexNET trabaja en esencia con documentos en formato pdf, no con datos, e incluso acepta presentar archivos sin la característica de OCR (reconocimiento óptico de caracteres). Si la Administración de Justicia incorpora la analítica de datos, es posible entender mucho mejor las demandas y necesidades de los ciudadanos, los operadores jurídicos y la sociedad, así como diseñar las respuestas adecuadas, ejecutar exitosas políticas y servicios apropiados y evaluar el resultado de su desempeño.

Y para terminar un ejercicio de imaginación. Aunque es complicado, ¿cómo se imagina la Administración de Justicia dentro de diez años? ¿seguirán siendo necesarios los abogados? ¿llegará el tan comentado Juez Robot?

Confío que entonces hayamos culminado con éxito la transformación digital de la Administración de Justicia de España en todo el territorio del país, con una justicia orientada al dato y con el expediente judicial electrónico implantado en todos los órdenes jurisdiccionales. Este hito aportará innegables beneficios procesales de agilidad, mayor transparencia y menos coste, y estaremos preparados para eventuales situaciones excepcionales futuras. Tendremos algunos procesos plenamente automatizados con el “Juez Robot”, sin perjuicio de las posibilidades de recurso y fiscalización. De este modo obtendremos mejoras muy significativas en la agilización de procesos. E incluso podrá ser realidad el poder contar con un orden jurisdiccional propio para los asuntos digitales, que resuelva sus controversias en horas y días, y no en meses o en años, adaptado así a los procedimientos y tiempos de resolución del mundo digital.