El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden de bases (LA LEY 16723/2023) para la convocatoria de las ayudas 5G Redes Activas del programa UNICO, que contarán con un presupuesto de más de 500 millones de euros para desplegar en municipios de menos de 10.000 habitantes el equipamiento necesario en los servicios de 5G.
La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha informado que son unas ayudas pioneras en Europa con las que el Gobierno de España quiere evitar la aparición de una brecha territorial en la implantación del 5G. Persiguen el objetivo de garantizar la cohesión territorial mediante la conectividad universal en España a esta tecnología que va a marcar todo tipo de tendencias económicas y sociales en los próximos años.
Las ayudas 5G Redes Activas forman parte de los diferentes programas UNICO que está desarrollando el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Unas ayudas con las que se está dotando de igualdad de oportunidades en conectividad como un nuevo derecho de la ciudadanía con independencia del lugar en el que residan o lleven a cabo su actividad económica.
Para conseguir el despliegue del 5G en el ámbito rural, estas ayudas están dirigidas a los operadores con derechos de uso de frecuencias en las bandas 5G, para incentivarles al desplegar esta tecnología también en municipios de menor tamaño, y también Uniones Temporales de Empresas (UTEs) entre las que se encuentren algún operador con las características requeridas.
Entre los diferentes aspectos técnicos incluidos en las bases reguladoras de estas ayudas está la provisión de equipamiento necesario activo, pasivo y, en su caso, la infraestructura adicional como "backhaul", refuerzo de mástiles o de energía, necesaria para la prestación de servicios 5G stand alone.
Todas estas medidas permitirán a la ciudadanía de estos entornos rurales profundizar en la transformación digital de sectores económicos como el agropecuario, el del turismo rural, el de la vigilancia de infraestructuras críticas como presas y centrales eléctricas, la telemedicina o la tele educación, etc.
En los criterios de evaluación valora la cantidad de población cubierta y los kilómetros de carretera, así como la construcción de nuevos emplazamientos. Además, los proyectos deberán estar finalizados antes del 30 de junio de 2025.