Por Fernando Cameo.- Tras la celebración del «DataFórum Justicia 2023», que ha tenido lugar recientemente en Laboral, Ciudad de la Cultura de Gijón, hablamos con Manuel Olmedo, Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, y uno de los participantes en este evento, sobre datos e Inteligencia Artificial y de cómo pueden ayudar a conseguir una Justicia más eficaz.
Manuel Olmedo Palacios, ingresó en la Carrera Judicial en el año 2003 y ha desempeñado diversos puestos en la judicatura y magistratura hasta el año 2021 en Asturias, Catalunya y Madrid. También ha ejercido como letrado del Consejo General del Poder Judicial, dentro de la Escuela Judicial, como responsable de la selección y especialización de jueces, fiscales y magistrados en España y entre 2009 y 2015. Como letrado del CGPJ, ha sido miembro y coordinador de los Grupos de Trabajo para la Reforma del Acceso a las Carreras Judicial y Fiscal (2010-2012), para la implementación del Plan de Transparencia y Acceso a la Información del CGPJ (2013-2015) y para la elaboración de los Principios de Ética Judicial (2013-2015).
«DATAfórum Justicia» es uno de los encuentros anuales más relevantes del sector jurídico. ¿Por qué es necesario? ¿Sigue siendo la cultura del dato aplicada a la Administración de Justicia una gran desconocida?
El DATAfórum Justicia no es el primer evento que se realiza en torno al dato, quiero recordar que el año pasado se celebró en Salamanca el primer Simposio Justicia y Derecho en Datos, un evento parecido que contó con un éxito sin precedentes.
Entonces se puso de manifiesto cómo el intercambio de ideas y la unión entre la Administración Pública, la empresa privada y el mundo académico es de suma importancia y que el «dato» es un bien de interés público para todos, y en esta línea hemos continuado trabajando.
Actualmente, estamos en la transición de la Justicia orientada al documento a la Justicia orientada al dato. Orientar la Justicia al dato constituye un macroproyecto enfocado hacia dos aspectos fundamentales: la gestión orientada al dato, que permite incrementar la eficiencia y la interoperabilidad, y la explotación de la información orientada al dato.
Eventos como Datafórum, que ha contado con más de 100 intervinientes de todos los ámbitos, es la muestra tangible de que ese es el camino. Estos encuentros impulsan una comunidad del dato aunando instituciones, academia y sector privado, acercan el concepto de dato como bien común para la ciudadanía, despejan incertidumbres en torno a su tratamiento y permiten aprender sobre los beneficios que el uso ético de los datos tiene para una sociedad más eficiente e inclusiva. De este modo, podemos contar con un foro sobre tecnología y humanismo donde poder abordar el derecho y el tratamiento de los datos y técnicas asociadas desde distintas perspectivas, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el jurídico y humanista.
Se trata de facilitar un punto de encuentro para establecer un coloquio enriquecedor para la innovación en el ámbito de la Justicia contando con la valiosa participación de las figuras más relevantes en esta materia, que comparten su experiencia a través de ponencias, debates, mesas redondas, charlas inspiradoras, etc.
¿Cómo pueden contribuir los datos a conseguir una Justicia más cercana, transparente y eficaz?
La orientación al dato nos permite aprovechar la información de la que disponen las Administraciones que gestionan la Justicia, y el objetivo es conseguir que funcione de una manera más eficiente, transparente y accesible a los distintos actores que se relacionan con ella, y de este modo, la ciudadanía empiece a percibir esta Administración Pública como algo cercano, que inspire confianza y que funciona bien.
El dato es considerado como un bien público, que se ha de preservar debidamente, y cuya gestión y reutilización se debe realizar con arreglo a los estándares más altos de ciberseguridad y de protección de datos personales. La correcta gestión de los datos permite mejorar la calidad de las políticas públicas, así como la transparencia de la misma ante la ciudadanía.
Un ejemplo de ello es el Portal de Datos Justicia que responde a la necesidad de ofrecer un espacio público, común, reutilizable y transparente de datos relativos a la Justicia, cuyo acceso por parte de la ciudadanía y el resto de los actores públicos y privados se configura como un derecho.
En este portal se muestra información que se puede explotar a través de visualizaciones avanzadas, mapas georreferenciados, informes específicos, así como otros medios para posibilitar que el gran volumen de información del que dispone la Administración de Justicia sea realmente procesable de manera efectiva por aquellos que tienen que realizar la toma de decisiones.
Asimismo, orientar la Justicia al dato puede ser una herramienta muy valiosa en nuestra lucha por cerrar las brechas de desigualdad y asegurar la igualdad de acceso a la Justicia. Pongo un ejemplo: Con la tramitación automática y proactiva, a través de este modo de proceder, una persona no tiene que hacer o solicitar formalmente una determinada actuación que se deriva de un hecho o actuación precedente, sino que la administración la realiza de manera proactiva en su nombre. Esto se ha revelado como una herramienta muy útil para beneficiar a toda la ciudadanía por igual, y corregir y prevenir la desigualdad existente en aquellos colectivos en los que se manifiesta.
¿Dispone nuestro sistema de Justicia de datos de calidad suficientes para alcanzar esos objetivos?
Efectivamente, como he comentado ya está en marcha el Portal de Datos Justicia que muestra parte del gran volumen de datos que tiene la Administración de Justicia.
Pero lo interesante no es solamente que Justicia tenga datos suficientes y de calidad, sino que esos datos se puedan cruzar e interoperar con los que poseen otras Administraciones, como las Comunidades Autónomas. Para ello se ha creado un espacio de confianza de datos de Justicia con las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia y otros organismos participantes en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE).
En noviembre de 2022 se hizo público el «Manifiesto por un espacio público de datos en el ámbito de Justicia», documento que ha sido ratificado tanto por el Ministerio de Justicia como por las comunidades autónomas. En él se habla de «creación de un espacio público de generación e intercambio de datos, así como el diseño de un sistema de cogobernanza para ese espacio». ¿Es una declaración de intenciones o es un programa con actuaciones concretas al respecto? ¿Se ha avanzado algo en este camino?
Como señalaba antes, ese espacio ya es una realidad. Los datos compartidos con las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, y demás organismos participantes en CTEAJE, se pueden visualizar en una plataforma y permiten hacer predicciones de complejidad media que aportan a los gestores información de calidad para la mejora de la toma de decisiones tácticas y operativas. Supone un paso más que posibilita realizar previsiones de situación o comportamientos tanto a futuro como en ámbitos distintos de los estudiados, además de una mejora sustancial en la calidad de la explotación de la información. Actualmente, se dispone de decenas de indicadores sobre la actividad judicial y comunicaciones electrónicas, cargas de trabajo, violencia de género y litigiosidad, Registros Civiles, vistas judiciales telemáticas, videoconferencias, etc.
Desde un punto de vista muy general ¿qué ventajas podría aportar la IA al ámbito de nuestra Justicia? ¿Dispone nuestro ordenamiento de normas que habiliten ese uso?
La IA puede ayudar a automatizar tareas repetitivas y laboriosas, como la revisión de documentos y casos, permitiendo a las personas dedicar más tiempo a labores estratégicas y a la toma de decisiones. Esto permite una tramitación automatizada favoreciendo la rapidez y calidad del dato del trámite, eliminando trabajos manuales repetitivos y errores. Se trata de trabajos que no impactan en la capacidad de decisión judicial, y que permiten que el personal pueda dedicar su tiempo a tareas de mayor valor añadido, incrementando la productividad de la Justicia sin afectar a la tutela judicial efectiva.
Esto sólo se puede hacer en sistemas de información orientados al dato. Si, por ejemplo, para conceder la nacionalidad hay que pedir la inexistencia de antecedentes penales, y, en lugar de una imagen del certificado, tenemos sus datos, se pueden tomar decisiones en base a los mismos.
Además, el uso de la IA mejora la eficiencia, ya que procesa grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias, lo que posibilita tomar decisiones más informadas y precisas. También, la IA simplifica el acceso a la información y proporciona mayor nivel de transparencia, ya que aumenta el conocimiento disponible sobre la toma de decisiones y la aplicación de la ley en cada caso.
Y por supuesto, todo ello ahorra tiempo y recursos: El uso de la IA puede reducir el tiempo dedicado a la atención de casos y procesos judiciales, permitiendo a los profesionales de la Justicia abordar más expedientes y acortar los procesos, ahorrando dinero y recursos a la administración, sin afectar en ningún momento a la decisión judicial.
En conclusión, la IA puede aportar enormes ventajas al ámbito de nuestra Justicia, pero es importante que se fomente su desarrollo de manera responsable y ética, asegurando la confidencialidad y privacidad de la información. Además, la IA no puede reemplazar completamente la labor de los profesionales de la Justicia, sino que debe ser vista como una herramienta que los apoya en su labor, pero que nunca afecta a la decisión judicial.
El Proyecto de Ley de Eficiencia Digital regula las actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas, y define las materias o supuestos donde se podrá utilizar la IA. Cabe destacar, además, que en el ámbito europeo se está desarrollando una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de IA. Este proyecto supedita la IA a la ética y propone un marco jurídico destinado a lograr que sea fiable.
¿Con qué finalidades considera que debería aplicarse, preferentemente, esta tecnología?
La Administración de Justicia procesa decenas de miles de procedimientos anualmente que suelen incorporar decenas de escritos, cada uno de los cuales consta de un documento principal que puede venir acompañado de varios anexos.
Esto conlleva que los documentos a tratar dentro de la Administración de Justicia son decenas de millones anualmente. Supervisar su completitud, así como extraer la información que contienen suponen millones de horas de trabajo anuales de muchas personas que, posteriormente, tienen que tomar decisiones. La función primordial de la IA consistirá en reducir al máximo la inversión del trabajo humano en el descubrimiento de la información, aumentando de manera directa y significativa el tiempo que los funcionarios de la Administración de Justicia tienen para decidir sobre los pasos que han de seguirse en el procedimiento y, por tanto, agilizando la tramitación de los mismos.
De este modo, como hemos dicho, las finalidades para las que debería utilizarse preferentemente esta tecnología son aquellas tareas repetitivas y laboriosas, como la revisión de documentos y casos. Desde el Ministerio de Justicia se está utilizando principalmente para ofrecer los siguientes servicios:
- • Descubrimiento automatizado de la información vinculada al documento, entre la que se hallan: actores del procedimiento y profesionales asociados, datos del procedimiento, fechas de hechos, cuantías económicas, etc.
- • Anonimizado de documentos a partir del descubrimiento de la información relevante.
- • Obtención de síntesis de documentos para su empleo en diversas herramientas vinculadas a la actividad judicial, como pueden ser visores, buscadores, etc.
- • Creación de sistemas expertos en determinadas materias a partir de la información descubierta, con automatización de las operaciones que se realizan en los diferentes sistemas y aplicaciones vinculadas a la gestión procesal.
- • Ayuda en la exploración del documento y de los expedientes, con funciones como la similaridad, la correlación y localización de fechas en los diferentes documentos, de cantidades económicas, etc.
Y, por el contrario, ¿qué posibles usos de la IA cree que deberían evitarse por entrañan riesgos o amenazas a los derechos de los ciudadanos?
La IA puede aportar varias ventajas al ámbito de nuestra Justicia, pero es importante que se fomente su desarrollo de manera responsable y ética, asegurando la confidencialidad y privacidad de la información. La IA no puede reemplazar la labor de los profesionales de la Justicia, sino que debe ser vista como una herramienta que los apoya en su labor.
No es recomendable el uso de la IA en procesos que no estén supervisados en todo momento por la intervención humana, o aquellos que, por sus características, requieran toma de decisiones. Se podrán automatizar aquellas actuaciones ligadas a la tramitación de los procedimientos, siempre y cuando los caminos tomados en virtud de los datos presentados sean únicos. Cuando esto no suceda serán las personas quienes elijan la alternativa a adoptar.
Por otro lado, uno de los principales riesgos del mal uso de la IA es la falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones. A menudo, los sistemas de IA utilizan datos históricos para tomar decisiones, lo que puede estar sesgado y perpetuar prejuicios. Si no se supervisa adecuadamente, esto podría llevar a decisiones injustas y discriminatorias. Por ello, estos procesos requieren del componente humano.
El buen uso de la IA debe verse como una oportunidad maravillosa que hay que aprovechar, que va en beneficio de la sociedad y que debe ser garante de los derechos de la ciudadanía, nunca una amenaza.