La Abogada General ha dictado sus conclusiones, de fecha 22 de junio de 2023, en el Asunto C-281/22, donde se solicita por primera vez al Tribunal de Justicia que interprete el instrumento jurídico por el que se crea esa Fiscalía y se establecen sus normas de funcionamiento, a saber, el Reglamento de la Fiscalía Europea
Antecedentes
La Fiscalía Europea está facultada para investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea y ejercer la correspondiente acción penal. En el presente asunto se solicita por primera vez al Tribunal de Justicia que interprete el instrumento jurídico por el que se crea esa Fiscalía y se establecen sus normas de funcionamiento, a saber, el Reglamento de la Fiscalía Europea.
En este procedimiento se acusa a varias personas físicas y jurídicas de haber creado un amplio sistema de importación de biodiésel desde Bosnia y Herzegovina a la Unión, carburante que, según ellas, había sido fabricado a partir de aceite de cocina usado. Supuestamente, este «aceite de cocina usado» había sido previamente importado a Bosnia y Herzegovina desde los Estados Unidos. Sin embargo, se sospecha que ese biodiésel ya se había fabricado en los Estados Unidos sin llevarse a cabo ninguna actividad de transformación o producción intermedia en Bosnia y Herzegovina. La Fiscalía Europea está realizando, a través del Fiscal Europeo Delegado encargado (en Alemania), una investigación preliminar sobre estas declaraciones supuestamente falsas, que han ocasionado un lucro cesante total de aproximadamente 1.295.000 euros. Ese supuesto perjuicio afecta a los intereses financieros de la Unión, de manera que está comprendido en el ámbito de competencia de la Fiscalía Europea.
Aunque la investigación principal se está realizando en Alemania, la Fiscalía Europea consideró necesario realizar una investigación transfronteriza en Austria. En consecuencia, el Fiscal Europeo Delegado encargado (alemán) encomendó el registro e incautación de los bienes de los investigados a un Fiscal Europeo Delegado asistente (en Austria).
No obstante, con arreglo al Derecho austriaco, esa medida de investigación precisa de autorización judicial previa. El Fiscal Europeo Delegado asistente obtuvo, por lo tanto, órdenes judiciales de registro y de incautación de documentos y equipos informáticos potencialmente incriminatorios.
El 1 de diciembre de 2021, los investigados recurrieron ante el Tribunal Superior Regional de Viena (Austria) las órdenes de registro dictadas por cuatro tribunales austriacos. Sostienen que las medidas de registro e incautación no eran ni necesarias ni proporcionadas.
El Tribunal Superior Regional ha decidido plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia para que determine si está autorizado a realizar un control exhaustivo (como haría en un supuesto estrictamente interno) o si su control debe circunscribirse a cuestiones de procedimiento relativas a la ejecución de las medidas de investigación transfronterizas en cuestión.
Conclusiones de la Abogada General
En sus conclusiones, tras evaluar las distintas opciones interpretativas a disposición del Tribunal de Justicia y teniendo en cuenta la eficacia de la Fiscalía Europea así como la protección de los derechos fundamentales, la Abogada General Tamara Ćapeta propone al Tribunal de Justicia que declare lo siguiente: El Reglamento de la Fiscalía Europea debe interpretarse en el sentido de que permite a los tribunales del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado asistente (en este caso, de Austria) examinar únicamente los aspectos relativos a la ejecución de una medida de investigación, aceptando la apreciación del Fiscal Europeo Delegado encargado (en este caso, de Alemania) en cuanto a la justificación de la medida.
En primer lugar, y ante todo, la Abogada General señala que Reglamento de la Fiscalía Europea solo regula los procedimientos de la Fiscalía Europea de forma parcial. Es significativo que no establezca nada en cuanto a la necesidad de autorización judicial previa para las medidas de investigación transfronterizas, dejando la regulación de esa cuestión en manos de la legislación penal de los Estados miembros.
La Abogada General también destaca el propósito de que la Fiscalía Europea sea un mecanismo eficaz en la lucha contra los delitos que perjudican a los intereses financieros de la Unión, incluidas las investigaciones transfronterizas.
Un control jurisdiccional completo en el Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado asistente implicaría que las investigaciones transfronterizas de la Fiscalía Europea constituyeran un sistema menos eficaz de lo deseado. Una división de tareas en materia de autorización judicial en el marco de la cual los tribunales del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado asistente únicamente pueden examinar los aspectos relativos a la ejecución de una medida de investigación no resulta contraria al tenor del Reglamento de la Fiscalía Europea y responde en mayor medida a su objetivo de crear un sistema eficaz para luchar contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.
Según la Abogada General, esa solución, que se deriva del hecho de que la Fiscalía Europea sea un instrumento más avanzado de reconocimiento mutuo, también salvaguarda los derechos fundamentales de los sospechosos y acusados en las investigaciones transfronterizas, especialmente desde la perspectiva del sistema más amplio del Reglamento de la Fiscalía Europea.
En concreto, el Reglamento de la Fiscalía Europea contiene varias salvaguardias que garantizan la protección de los derechos fundamentales. Se trata, por ejemplo, del mecanismo de comunicación entre el Fiscal Europeo Delegado encargado y el Fiscal Europeo Delegado asistente cuando se asigna una medida de investigación transfronteriza; de una lista concreta de los derechos que asisten a los sospechosos y acusados en los procedimientos de la Fiscalía Europea, y de la obligación de los Estados miembros de prever vías de recurso contra los actos procesales de la Fiscalía Europea.
Así, al permitir que los tribunales del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado asistente únicamente controlen aspectos relacionados con la ejecución de una medida de investigación se garantiza que la Fiscalía Europea pueda realizar eficazmente sus tareas y no se pone en riesgo la protección de los derechos fundamentales.