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Materias afectadas:

  • Impuesto sobre Sociedades
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
  • Impuesto sobre el Valor Añadido
  • Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas
  • Impuesto sobre Transacciones Financieras
  • Impuestos extraordinarios a las empresas financieras y energéticas
  • Impuesto sobre Bienes Inmuebles
  • Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
  • Impuestos Especiales
  • Impuestos Medioambientales
  • Prevención del fraude fiscal
  • Derechos y garantías de los contribuyentes
  • Procedimiento de gestión tributaria
  • Recursos y reclamaciones tributarias
  • Delito fiscal
  • Beneficios fiscales

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

El punto de partida para los cambios y reformas en materia fiscal del programa fiscal del PSOE son las medidas contenidas en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria de 2022.

Se apuesta por el impulso de una fiscalidad que ayude a la clase media y trabajadora en la crianza, el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible, la eficiencia energética en los hogares o la adquisición de vehículos eléctricos. Estas ayudas se harían a través de la renta indirecta que suponen los servicios públicos o de las transferencias directas en prestaciones.

Otros de los objetivos es promover una administración tributaria más proactiva y accesible, que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el conocimiento ciudadano de para qué se utilizan los impuestos, así como el establecimiento de medidas que incentiven la transformación del modelo productivo para favorecer la innovación empresarial, la adaptación a la transición ecológica y digital o la igualdad de género, así como el apoyo a sectores estratégicos como la cultura.

Las medidas concretas incluidas en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español para la próxima legislatura son las siguientes:

  • Mejora de los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto.
  • Impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital.
  • Promover un pacto de Estado contra el fraude fiscal consensuado con todas las fuerzas políticas, agentes sociales y profesionales, reforzando y modernizando los recursos y la plantilla de la Agencia Tributaria.
  • Impulsar el afloramiento y regularización de la economía sumergida, reforzando los mecanismos para la regularización de la economía sumergida y la lucha contra el fraude, eliminando las ventajas competitivas de los que abusan del sistema.
  • Promover a nivel internacional y en la Unión Europea el establecimiento de una tributación mínima suficiente en el Impuesto sobre Sociedades y una justa distribución de la recaudación entre los países en los que operan los grupos transnacionales.
  • Abogar por la adopción de medidas para evitar la elusión y la evasión fiscales que realizan los grandes grupos económicos y los grandes patrimonios.
  • Evaluar la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar.
  • Medir los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y, en su caso, avanzar en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios.
  • Avanzar en la fiscalidad verde, bajo la premisa de quien contamina paga, que irá acompañada de medidas compensatorias, bien en la imposición directa o bien en las políticas de gasto, evaluando los incentivos en vigor para impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular.
  • Culminar la tramitación de la nueva ley de apoyo al mecenazgo para que estas actividades constituyan un apoyo real a los sectores de la cultura, el patrimonio y la innovación social.
  • Impulsar una herramienta personalizada para que cada español sepa exactamente a qué se destinan los impuestos que paga.
  • Conseguir que la Agencia Tributaria despliegue un plan de información y asistencia integral a los contribuyentes, en el que la atención al ciudadano y la mejora de las comunicaciones administrativas constituirán una prioridad.

PARTIDO POPULAR (PP)

Para el Partido Popular, tras años de constantes subidas de impuestos, uno de sus objetivos prioritarios es la reducción de la presión fiscal a los ciudadanos, aliviando la carga fiscal de las familias, de los autónomos, de las empresas.

Se propone una política fiscal no confiscatoria, a través de una reforma que alivie la situación de quienes más dificultades tienen.

Por otra parte, se pone de relieve el compromiso de abordar una política de mayor equilibrio presupuestario que corrija la actual situación de acumulación de deuda pública, que se sitúa en más del 110 por 100 del PIB, y que supone un lastre pone una losa en la competitividad presente y futura de España.

Se establece el compromiso de realizar una reforma integral del sistema fiscal con criterios de eficacia, equidad y sostenibilidad de los servicios públicos destinada a proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo.

Las medidas concretas que, en materia de política tributaria, propone el Partido Popular para los próximos cuatro años de legislatura son las siguientes:

  • Aprobación de un alivio fiscal inmediato a las familias, corrigiendo los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF que supone una subida real de impuestos sobre la clase media.
  • Reducción del IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal.
  • Eliminación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
  • Simplificación de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades para las pymes, con especial atención a las empresas con pérdidas y aquellas que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos.
  • Equilibrar la relación entre el contribuyente y la Administración tributaria, estableciendo un estatuto del contribuyente e incorporando el “derecho al error” en el ordenamiento tributario español, para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones de contribuyentes con un registro histórico de cumplimiento.
  • Revitalización del Consejo para la Defensa del Contribuyente, ampliando sus competencias y potenciando la independencia de sus integrantes.
  • Reforma de los Tribunales Económico-Administrativos e impulso de la transacción judicial.
  • Dotación de mayor seguridad jurídica a las operaciones tributarias.
  • Mejora del régimen fiscal para nuevos residentes, ofreciendo incentivos fiscales atractivos y competitivos a nivel global, con el fin de promover la inversión y el desarrollo económico en España y facilitar la movilidad internacional.
  • Fortalecer el papel de la AIREF como evaluador independiente de eficacia y eficiencia de las políticas que contribuyan a la optimización en el uso de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración.

VOX

El partido Vox aboga por la simplificación de normativas, trámites y procedimientos. Concretamente, se propone derogar cinco normativas por cada una promulgada para el comercio y la industria y eliminar todo tipo de coste público (tasas e impuestos) para la constitución y puesta en marcha de una empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte.

Las medidas concretas que, en materia tributaria, Vox ha incorporado a su programa de gobierno para las elecciones del 23 de julio son las siguientes:

  • Rebaja radical del IRPF, aumentando significativamente el mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros, con un tipo único fijo del 20 por 100 hasta los 60.000 euros anuales, tributando al 30 por 100 cualquier exceso sobre el mencionado límite.
  • Reducir el tipo general del Impuesto sobre Sociedades al 20 por 100 con una reducción del 5 por 100 en el caso que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas.
  • Reducción del IVA al 4 por 100 para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos.
  • Reducción del Impuesto de Sociedades para las pymes al 15 por 100, y minimización de los trámites burocráticos para su aprobación administrativa, apoyando a las pequeñas y medianas empresas para que no se las penalice a la hora de recibir financiación bancaria.
  • Ampliar los beneficios fiscales para las familias, en especial para las numerosas, con una reducción mínima del 50 por 100 en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias con hijos y exención del pago de este a las familias numerosas. Asimismo, tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges, para no penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de los dependientes.
  • Reducir impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los culpables de que paguemos uno de los recibos más caros de Europa.
  • Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y las Plusvalías municipales (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) en todo el territorio nacional.
  • Declarar exentas en el IRPF las pensiones contributivas, no por doble tributación sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral.
  • Impulsar una ley de mecenazgo, para que particulares y empresas puedan participar en la creación cultural, aumentando la deducción fiscal de las aportaciones, así como en la restauración y protección del extenso patrimonio cultural nacional.

SUMAR

Como marco general de su política tributaria, Sumar aboga por el impulso de una profunda reforma del sistema fiscal español, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea. La reforma estará orientada a que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias. Asimismo, esta formación considera que la fiscalidad puede desempeñar un papel fundamental a la hora de estimular un cambio en el diseño, fabricación y uso de bienes que garanticen su circularidad.

Las medidas fiscales incluidas en el programa a las elecciones generales de 2023 se concretan en las siguientes:

  • Establecimiento de un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1 por 100 de los ingresos percibidos por alquileres y eliminar las deducciones fiscales en este impuesto de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia (equivalentes al 30 por 100 de la renta de los hogares que alquilan), así como establecer un recargo en el Impuesto sobre Sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico.
  • Revisión del Impuesto sobre el Valor Añadido para aquellos productos de larga duración, así como para aquellos servicios de reparación, de segunda mano y de alquiler que fomenten la circularidad.
  • Implementación de un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, reforzando además su progresividad, hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4 por 100 para los patrimonios más elevados.
  • En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se establecerá un mínimo en el conjunto de España que las comunidades autónomas no podrán rebajar. Esta medida se justifica en el hecho de que las herencias son una de las principales fuentes de desigualdad social, y por tal motivo es necesario recuperar este impuesto en toda España para los herederos que superen los importes que se fijan como referencia en la ley estatal vigente.
  • Reforma, en profundidad, del Impuesto de Sociedades para aumentar la contribución, en especial, de las grandes empresas. Como medida inmediata se debe hacer efectivo el tipo del 15 por 100 sobre los beneficios de la empresa, en línea con lo establecido tanto por la OCDE en la estrategia BEPS, como en la Directiva 2022/2523 (LA LEY 26500/2022), de tal forma que ninguna empresa tribute por debajo de este umbral, con independencia de las deducciones, exenciones, reducciones y beneficios a los que tenga derecho.
  • La reforma del Impuesto sobre Sociedades debe limitar la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores; revisar y recortar las deducciones, exenciones y correcciones que aumentan la complejidad del impuesto para aproximar el tipo efectivo que pagan las empresas al nominal, evitando que sean las pymes las que realizan una mayor contribución fiscal; limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en sociedades filiales; revisar las excesivas ventajas en la consolidación de cuentas de los grupos internacionales; concretar nuevos criterios para definir el concepto de sede de dirección efectiva; modificar la norma anti-deslocalización, introduciendo el concepto de “jurisdicción no cooperativa” y concretando el criterio de “nivel impositivo efectivo considerablemente inferior”.
  • Mantenimiento de los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras mientras se aprueba e implementa completamente la reforma integral del impuesto de sociedades.
  • Eliminación de los privilegios de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), que disfrutan de gravamen del 1 por 100, y de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI), que pagan el 0 por el 100.
  • Aumento de la progresividad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En primer lugar, ampliando el número de tramos a partir de 120.000 euros y aplicando tipos marginales crecientes, del 45 por 100 marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52 por 100 para rentas a partir de 300.000 euros. En segundo lugar, seguir acercando los tipos de las rentas del ahorro a los de las rentas del trabajo. Este aumento afectará a rentas del capital a partir de 120.000 euros para llegar, al menos, hasta un tipo del 30 por 100.
  • Eliminación del actual régimen de estimación objetiva y el régimen especial de IVA que este lleva asociado.
  • Evaluar la eliminación de aquellas deducciones del IRPF sin justificación económica, muchas de las cuales generan además una reducción de la progresividad del impuesto.
  • Modernización de la imposición ambiental, para impulsar la obligatoria y urgente transición energética y la descarbonización de la economía, apostar por la sostenibilidad ambiental y obtener recursos adicionales. Esta revisión, en el ámbito de la energía, de la movilidad, de las reducciones de gases de industrias y del transporte, del fomento de la economía circular o la agricultura ecológica, se hará teniendo siempre en cuenta sus efectos distributivos y estableciendo mecanismos de compensación a los colectivos más vulnerables económicamente con la finalidad de que la transición energética cumpla los principios de justicia distributiva.
  • Reforma de la normativa del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), para que los municipios que así lo decidan puedan establecer escalas según el valor catastral del bien para hacerlo progresivo.
  • Reforma de la normativa del Impuesto de Transacciones Financieras, para gravar también las operaciones más especulativas que actualmente no están sujetas a tributación, se incluirán no solo la compra de acciones, sino también los derivados financieros.
  • Desarrollo de un plan de fiscalidad saludable, con la implantación de un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultra procesados no saludables, y la revisión de los impuestos actuales al alcohol y el tabaco.
  • Reducción del fraude fiscal y mejora de los instrumentos contra la corrupción, analizando de forma continua la economía sumergida y creando una base de datos fiscales única compartida entre Administraciones.
  • Igualación del plazo de prescripción administrativa y penal a cinco años o diez años en los casos de delitos agravados, y unificación de los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales y delitos agravados.
  • Equiparación de la plantilla de la AEAT a la media de los países europeos de nuestro entorno.
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