Carlos B Fernández. España avanzada decididamente en la digitalización de sus administraciones públicas, materia en la que ofrece unos resultados muy positivos. Así lo señala la segunda edición, correspondiente a 2022, del mecanismo de seguimiento de la Declaración de Berlín de Berlín de 2020 sobre la administración digital basada en valores.
De hecho, cuatro de las seis Áreas Políticas consideradas han aumentado su puntuación, mientras que dos han recibido la misma puntuación que en 2021.
Los aumentos más significativos se registran en el Área Política 4 (Generación de confianza y seguridad en las interacciones de la administración digital), cuya puntuación ha pasado del 86% en 2021 al 100% en 2022, y en el Área Política 6 (Desarrollo de sistemas centrados en el ser humano y tecnologías innovadoras en el sector público), cuya puntuación pasa del 66% en 2021 al 83% en 2022.
Y aunque España obtiene una puntuación superior a la media de la UE en seis de las siete áreas políticas, sigue habiendo cierto margen de mejora en el área política 7 (Resiliencia y sostenibilidad), cuya puntuación del 64% sigue estando por debajo de la media de la UE, que se sitúa en el 69%.
España destaca en la promoción de los derechos fundamentales y los valores democráticos en el ámbito digital
En relación con el Área Política 1 (Promover los derechos fundamentales y los valores democráticos en el ámbito digital), el informe subraya el hecho de que, en 2021, España lanzase la Carta Española de Derechos Digitales (LA LEY 16317/2021).
Esta Carta, uno de los compromisos más importantes del Gobierno para proteger los derechos de los ciudadanos en la nueva era de Internet y la Inteligencia Artificial, no tiene carácter normativo, sino que propone un marco de referencia para la actuación de todos los poderes públicos. Pretende servir de guía para futuros proyectos legislativos y para desarrollar políticas públicas más justas. Esta carta está alineada con los derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (LA LEY 22/1948), la Constitución Española (LA LEY 2500/1978), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007) y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
En particular, el epígrafe 3.XVIII de esta Carta recoge los derechos digitales de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas.
Fomento de la capacitación digital y la alfabetización digital
Nuestro país destaca igualmente en esta área 3, en particular con motivo de que en noviembre de 2022 se creó el "Pacto Generación D", un compromiso público-privado a gran escala que forma parte del 'Plan Nacional de Competencias Digitales' que se articuló en 2021.
El objetivo de este Pacto es garantizar la capacitación e inclusión digital de trabajadores y ciudadanos en su conjunto para impulsar la creación de empleo de calidad, reducir el desempleo, aumentar la productividad y cerrar brechas digitales. Las partes del "Pacto Generación D" se comprometen a identificar, crear, promover o difundir iniciativas de empleo y aprendizaje dirigidas a la adquisición y mejora de competencias digitales mediante la firma de un Manifiesto. El objetivo es crear un ecosistema cohesionado, coordinado y completo para visibilizar e involucrar a la sociedad española en el proceso de transformación digital, con el fin de cerrar la brecha de competencias digitales, elevando el porcentaje de población española con estas competencias del 70% actual al 100%.
Puesta en marcha de sistemas de IA centrados en el ser humano y basados en valores para su uso en el sector público
El informe destaca igualmente los avances de España en esta área 6, destacando como un ejemplo de éxito de los sistemas de IA centrados en el ser humano en el sector público a ADA, el nuevo asistente conversacional del portal "Mi Carpeta Ciudadana".
ADA es capaz de entender las necesidades de la usuaria y guiarla así a la sección correspondiente donde aparece la información solicitada. Su objetivo es facilitar el acceso a las personas con discapacidad y a las menos familiarizadas con el entorno digital. ADA seguirá aprendiendo y avanzando en sus funcionalidades para ayudar a los ciudadanos en su relación con la administración.
Avance de la digitalización en la Administración Pública europea
Elaborado en el marco de la presidencia sueca del Consejo de la UE, este es el segundo informe sobre la aplicación práctica de la Declaración de Berlín, tras la publicación del primero en mayo de 2022. El documento resume los avances conseguidos por los Estados miembros en la ejecución de las líneas de actuación marcadas por la Declaración de Berlín desde el año anterior.
En el informe se detallan las conclusiones desglosadas por país y se recogen muchos ejemplos de buenas prácticas para los responsables políticos, las empresas y los ciudadanos.
En líneas generales, el informe revela una tendencia positiva en la mayoría de las líneas de actuación, destacando lo siguiente:
- Los Estados miembros siguen implantando estrategias, proyectos y órganos de asesoramiento al objeto de promover los derechos fundamentales y los valores democráticos en la esfera digital. Han avanzado en la creación de plataformas para dar información y fomentar el debate sobre los derechos fundamentales.
- Los Estados miembros han introducido nuevas estrategias e iniciativas, como acciones formativas, destinadas a mejorar las habilidades y competencias digitales de sus ciudadanos. Con ello, contribuyen al empoderamiento y a la alfabetización digital de sus ciudadanos, siguiendo la línea marcada por la Comunicación de abril de 2022, «Atraer capacidades y talento a la UE».
- Los Estados miembros están implantando sistemas centrados en el ser humano y tecnologías innovadoras en el sector público, uno de los pilares fundamentales de la propuesta de Ley sobre la Europa Interoperable, con el objetivo de que la interoperabilidad se pueda desplegar a mayor escala en las administraciones públicas europeas.
Sin embargo, los avances logrados por los Estados miembros han sido más modestos en cuanto a la mejora de la participación e inclusión sociales, y les queda trabajo para reforzar la confianza a través de la seguridad en la esfera digital.
Por ello, la Comisión considera que es importante avanzar en este sentido porque unos servicios públicos justos, inclusivos, abiertos y de confianza son los motores principales del éxito en la digitalización de la sociedad y economía europeas.
En concreto, la Comisión destaca que unos servicios públicos digitales e interoperables son decisivos para preservar la resiliencia, la competitividad y el carácter innovador de la UE. En su conjunto, los Estados miembros de la UE gastan más de 48.000 millones de euros en la digitalización y transformación de los servicios y administraciones públicos mediante instrumentos como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Instrumento de Apoyo Técnico.
La Declaración de Berlín de 2020
Firmada en diciembre de 2020, la Declaración de Berlín sobre la sociedad digital y el gobierno digital basado en valores (Berlin Declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government), coloca los derechos fundamentales y los valores democráticos en el eje central de esta transformación digital, con el fin de conseguir la prestación de servicios públicos digitales centrados en el ser humano al objeto de alcanzar los objetivos digitales fijados en la Década Digital de Europa para 2030.
La Declaración de Berlín parte de la base de la Declaración de Tallin sobre Administración Electrónica de 2017 y desarrolla aún más sus principios de colocación del usuario en el centro de la actuación, apostando por una transformación digital de Europa firmemente asentada en los valores democráticos y principios éticos.
Desde esa base, la Declaración de Berlín representa una apuesta por una sociedad digital que se asiente en los derechos fundamentales, los valores democráticos y una administración digital basada en valores, además de reafirmar el firme compromiso de Europa con la transformación digital y los valores europeos. Se centra en modelar una transformación digital centrada en el ser humano y en conseguir la interoperabilidad, en tanto que pieza clave para permitir la prestación de los servicios públicos digitales en la UE, marcando como objetivo la prestación telemática del 100 % de los servicios públicos básicos en la Unión Europea antes de 2030.
Por otra parte, la Declaración de Berlín ayuda a hacer el seguimiento del Programa Estratégico de la Década Digital 2030 y de la relacionada Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales (LA LEY 362/2023).
En paralelo, se estima que poner en común los esfuerzos transformadores de los distintos Estados miembros incrementará la eficiencia, eficacia e interoperabilidad a menor coste, en consonancia con la propuesta de Ley sobre la Europa Interoperable, la Pasarela Digital Única y la Identidad Digital Europea.
Dado que esta Declaración pretende impulsar el papel del sector público como un elemento esencial para el Mercado Único Europeo y una fuerza impulsora de soluciones tecnológicas nuevas e innovadoras para los servicios públicos y los retos de la sociedad. Para ello establece 7 principios clave con las correspondientes líneas de actuación política y a escala nacional y de la UE:
1. Vigencia y respeto de los derechos fundamentales y los valores democráticos en el ámbito digital;
2. Participación social e inclusión digital para dar forma al mundo digital;
3. Capacitación y alfabetización digital, que permita a todos los ciudadanos participar en la esfera digital;
4. Confianza y seguridad en las interacciones de la administración digital, para que todos puedan navegar por el mundo digital con seguridad, autenticarse y ser reconocidos digitalmente dentro de la UE;
5. Soberanía digital e interoperabilidad, como clave para garantizar la capacidad de los ciudadanos y las administraciones públicas para tomar decisiones y actuar de forma autodeterminada en el mundo digital;
6. Sistemas centrados en el ser humano y tecnologías innovadoras en el sector público, reforzando su papel pionero en la investigación sobre el diseño de tecnologías seguras y fiables;
7. Una sociedad digital resiliente y sostenible, preservando nuestras bases naturales de vida en línea con el Pacto Verde Europeo y utilizando las tecnologías digitales para mejorar la sostenibilidad de nuestros sistemas sanitarios.