El Ministerio de Justicia está embarcado en un amplio proyecto de digitalización de la Justicia que pronto se verá reforzado por la aplicación de técnicas de automatización e inteligencia artificial (IA), con el objetivo de mejorar sus servicios.
En un encuentro con los medios de comunicación al que asistió Diario LA LEY, diversos responsables del área de transformación digital del Ministerio explicaron tanto el trabajo llevado a cabo hasta ahora, como algunos de los proyectos inéditos hasta la fecha que se hallan en estado avanzado de desarrollo. Unos proyectos que, si bien podían quedar en algún riesgo de modificación ante las expectativas electorales, una vez celebrados los comicios, cobran plena validez.
Una Justicia digital en pleno desarrollo
Los responsables de la digitalización del Ministerio se muestran satisfechos de una tarea en la que se ha pretendido avanzar para aumentar la eficiencia de la Justicia, garantizando a la vez la seguridad jurídica, y aumentando con ello la competitividad del país. Pero "no se trata de digitalizar sin ton ni son”, aseveraron.
Por ello, este cambio se ha desarrollado sobre la base de tres pilares: tecnológico, legislativo y colaborativo. Se ha seguido un modelo colaborativo con las todas las administraciones públicas (destacando la colaboración entre "el territorio" que depende del Ministerio de Justicia, y las 12 Comunidades Autónómas con competencias en la materia); los operadores jurídicos (como la abogacía) y el sector privado (como CEOE); para sacar el mejor partido posible de los 410 millones de euros recibidos para la transformación digital de la justicia de parte de los fondos europeos. El pilar legislativo ha estado marcadi por tres amplios proyectos normativos: las leyes de eficiencia procesal, digital y organizativa, actualmente en tramitación.
Los principales proyectos son: Interoperabilidad, Justicia orientada y basada en datos, ciberseguridad, Carpeta Justicia, Inmediación digital, Textualización, Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y digitalización del Registro Civil.
Y este modelo, según se nos dijo, ha aportado muy buenos resultados.
De esta forma se ha logrado un salto cualitativo en la digitalización de la Justicia, que ha alcanzado a todas las áreas dependientes del Ministerio, incluida la sala de lo penal de la Audiencia Nacional (AN), situando a nuestro país como referente en la Justicia digital a nivel mundial. Y hacerlo además, mejorando el ahorro y la lucha contra el cambio climático, tal como se deduce de la última edición del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) que elabora anualmente la Comisión Europea. De hecho, se ha implantado un sistema de medición de retorno de la inversión (calculando las “horas hombre” ahorradas y multiplicándolas por su valoración económica) así como del impacto en sostenibilidad (reducciones de emisiones de CO2 y ahorro de desplazamientos).
Algunas cifras que refuerzan esta valoración se centran en LexNET, el sistema de gestión procesal del MInisterio, que ha permitido el envío de 134 millones de notificaciones y 23 millones de escritos;de los cuales, 4,9 millones corresponden a escritos iniciadores.
Otro proyecto relevante es el de la digitalización del Registro Civil, que ya fue presentado en el pasado Data Forum Justicia 2023 y que supone un cambio trascendental del modelo de hoja registral decimonónico al de hoja de vida digital, que incluye un código de identificación del ciudadano, vinculado al sistema de identidad soberana que está impulsando la Unión Europea.
El problema de la interoperabilidad
Uno de los principales problemas que frecuentemente se achacan a los diferentes sistemas de gestión procesal actualmente en uso en nuestro país, es el de su difícil interoperabilidad.
En opinión de los responsables del Ministerio, el hecho de que haya varios sistemas de gestión procesal (el del Ministerio y los de las diferentes Comunidades Autónomas con competencias que han desarrollado el suyo propio o lo han compartido con otras) no es en sí malo, pues nada permite asegurar que el hecho de que hubiera uno solo implicase que este fuese el mejor de los posibles.
Por otra parte, añadieron, es más frecuente el traslado vertical de expedientes en un ámbito judicial, que no el horizontal, entre tribunales de diferentes marcos geográficos. Por ello, sitúan principalmente el problema en la subida del expediente del Juzgado al Tribunal Supremo. Sin embargo, hoy día, todos los sistemas de gestión procesal permiten enviar el expediente completo al órgano superior, siempre que el mismo se encuentre digitalizado de origen.
Por ello, el proyecto de interoperabilidad puesto en marcha por el Ministerio no se limita a los sistemas de gestión procesal, sino que incluye 17 subproyectos en otros ámbitos como los sistemas de vídeoconferencia de la Policía Nacional, el auxilio judicial entre diferentes juzgados, la tramitación de tutelas en el Registro Civil, la información europea sobre antecedentes penales (ECRIS) y el intercambio de órdenes europeas de investigación o de sanciones pecuniarias (ECODEX).
También destacaron el sistema SIR, que ha permitido el envío de más de 244.000 oficios desde los órganos judiciales a las administraciones públicas entre enero de 2021 y junio 2023, y el sistemas INSIDE, que ha permitido el envío, que ha permitido el envío de más de 417.000 expedientes administrativos desde enero de 2017.
Carpeta judicial electrónica y Sede Judicial electrónica
Estos dos proyectos ya en marcha, se orientan a permitir la realización de trámites electrónicos en la Sede Judicial electrónica, lo que incluye el acceso al expediente judicial electrónico (EJE), la presentación de escritos de trámite, el aumento del exceso de cabida de LexNET hasta los 100 Mb de capacidad y el visor de expedientes Horus.
En cuanto a la Carpeta Judicial electrónica, su objetivo es reducir la carga de trabajo de los tribunales en su relación con los profesionales.
- Entre sus funcionalidades se incluye la nueva agenda de señalamientos, con acceso al calendario del terminal móvil del profesional, la mejora de la intermediación y presencia digital y la textualización de grabaciones de actuaciones, así como una segunda cámara orientada al juez en las actuaciones telemáticas.
- Además, la Carpeta permitirá el acceso al expediente judicial por parte del ciudadano (a partir de octubre).
Los representantes del Ministerio destacaron igualmente la puesta en marcha de las Oficinas de Justicia en el Municipio, que van a sustituir a los actuales Juzgados de Paz y que, en conexión con los sistemas de Justicia de las Comunidades Autónomas y el Registro Civil, tendrán gran utilidad para la prestación de una atención presencial al ciudadano, sin necesidad de consumo de papel, en trámites como las juras de nacionaliad o la ratificación de demandas de divorcio.
Automatización e Inteligencia Artificial en la Justicia
Pero, sin duda, las novedades más relevantes de las que se presentaron fueron las relacionadas con los proyectos de automatización de actuaciones y de implantación de sistemas de IA, con base en los datos que maneja y gestiona el departamento.
En cuanto a los proyectos de robotización, se trata de implantar procesos mecánicos para hacer la Justicia más eficiente y rápida. Entre estos proyectos se encuentran la cancelación de antecedentes penales a su prescripción, la concesión de nacionalidad por residencia y la automatización de la operativa de las CDCJ (Devolución de ingresos erróneos, incorporación de documento de Mandamientos de Pago con orden de Transferencia, Incorporación de documento de ingresos efectuados, Incorporación de certificado de subasta…) y la automatización de procedimientos monitorios. También destaca el procedimiento especial de insolvencia de microempresas, pionero en Europa y que pretende cubrir las necesidades de este tipo de situaciones de principio a fin, procurando a los deudores incluso los formularios que deben completar para su tramitación.
Se trata de una robotización basada en reglas y, por ello, replicable y trazable.
En cuanto a la utilización de la IA, los tres ámbitos principales de trabajo se centran en la textualización de la grabación de actuaciones judiciales en formato video, la anonimización de documentación judicial y la clasificación automática de documentos. Para ello, mediante Inteligencia Artificial se procederá a clasificar la documentación entregada y se extraerá la información de los documentos para, a continuación y mediante automatización robótica de procesos o RPA, introducir de manera automática esta información en el sistema de gestión procesal Minerva.
Este inédito proyecto de Inteligencia Artificial se ha concebido como un sistema de gestión que podría ponerse a disposición de la abogacía, procuradores, jueces y fiscales, para un mejor y más sencillo aprovechamiento del dato. Su misión es analizar los diferentes documentos de cada expediente judicial, sobre los que ejecutaría funcionalidades como la anonimización, traducción, resumen, análisis de orden jurisdiccional, tipo de procedimiento o tipo de documento. Tanto para la anonimización como para la clasificación automatizada se ha acudido a desarrollos propios del Ministerio, huyendo de grandes proveedores como OpenAI (ChatGPT).
Estructura informática para la gestión del dato en Justicia
Para llevar a cabo esta compleja tarea, el Ministerio cuenta con unas potentes instalaciones que, en la actualidad, ya procesan en torno a 33 Petabytes de información (un petabyte equivale a 1024 veces un Terabyte, es decir, un uno seguido de quince ceros de bytes), por medio de varios miles de procesadores que trabajan en paralelo con información actualizada en tiempo real. El equivalente a once mil millones de "Quijotes", nos dijeron.