Adapta la normativa existente a los cambios producidos durante los últimos años en los ámbitos social, económico, demográfico, laboral y sanitario a las características y circunstancias de los diferentes colectivos de ciudadanos españoles residentes en el exterior y personas retornadas y, unifica en una sola disposición el actual entramado normativo, dispar en cuanto a rango, antigüedad y contenido, que regula los derechos y deberes de la ciudadanía española en el exterior.
Asimismo, actualiza la normativa reguladora de prestaciones, ayudas y subvenciones a los cambios administrativos que se han producido, como la transferencia de la gestión de las pensiones no contributivas a las Administraciones de las Comunidades Autónomas o, más recientemente, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. Tampoco la actividad objeto de subvenciones puede ser ajena a las actuaciones autonómicas de fomento de las actividades de las colectividades de la ciudadanía española en el exterior, especialmente en el ámbito de coordinación e intercambio de información.
En cuanto a la política de retorno, limita el concepto de retorno a los efectos de aplicación de las políticas, entendiéndolo como el regreso a España para establecer la residencia definitiva, quedando fuera del ámbito de aplicación de la norma, el regreso para el disfrute de vacaciones, la realización de estudios, visitas de familiares, atención sanitaria u otros motivos.
La Oficina Española de Retorno recopilará y mantendrá actualizada toda la información relativa a todos los procedimientos administrativos y trámites relacionados con el retorno a través de la Guía del Retorno, que será accesible en la página web institucional y que contará con ediciones periódicas en el marco del plan de publicaciones del Departamento Ministerial.
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