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I. ¿Cómo determinar la pena máxima señalada para cada tipo delictivo aplicable a las personas jurídicas? Dos posturas enfrentadas

Existen dos posturas doctrinales: hacer depender la pena máxima de la prevista para la persona física o establecerla en atención a la pena de la persona jurídica.

En efecto, parte de la doctrina aboga por hacer depender la prescripción de la acción penal que nace del delito cometido por la persona jurídica, de la pena que correspondería en abstracto a la persona física si hubiera sido ella la autora del hecho. Esta solución resulta congruente con un sistema en el que rija la responsabilidad vicarial de la persona jurídica. Sin embargo, en nuestro ordenamiento esta concepción ha quedado relegada por la de la autorresponsabilidad o responsabilidad de la persona jurídica por el hecho propio (1) . Pese a ello, algunos autores siguen hoy considerando que vincular la prescripción del delito de la persona física a la jurídica dota de mayor coherencia interna al sistema (2) .

De aceptarse este planteamiento, la respuesta a la pregunta que justifica este estudio consistiría en determinar la pena máxima prevista para la persona física en el concreto delito imputado y aplicar el art. 131.1 CP. (LA LEY 3996/1995) No obstante, esta solución obvia la taxatividad del art. 131.1 CP (LA LEY 3996/1995), planteando serias dudas desde la perspectiva del principio de legalidad.

Por ello, otra parte de la doctrina (3) sostiene —como hacemos en este trabajo— que, para determinar la pena máxima, se debe acudir a las penas previstas para las personas jurídicas para cada delito.

II. Estableciendo la pena máxima prevista para cada tipo delictivo en las personas jurídicas

El legislador diseñó un sistema de penas para las personas jurídicas conforme al cual todo supuesto de culpabilidad del ente lleva aparejada la imposición de una pena de multa, pudiendo aplicarse en los supuestos más graves, adicionalmente, penas interdictivas (4) (entre las que encontramos la disolución de la persona jurídica, la suspensión de actividades, la clausura de locales, la prohibición de realizar actividades, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y la intervención judicial) (5) . Debemos acudir a las penas interdictivas para determinar cuál será la pena máxima aplicable, ya que las penas de multa carecen de referencia temporal alguna.

Comoquiera que entre el elenco de penas que dispone el art. 33.7 CP (LA LEY 3996/1995) se prevé, en su apartado f), la posibilidad de que se impongan penas interdictivas de inhabilitación de hasta 15 años, podría sostenerse que, en abstracto, siendo esta la pena máxima, el plazo de prescripción de la acción penal frente a las personas jurídicas debería ser de 15 años. Sin embargo, como anunciábamos al inicio de este trabajo, para determinar la pena máxima de las personas jurídicas debemos tener en cuenta, además, el art. 66 bis CP. (LA LEY 3996/1995) Este precepto establece límites en abstracto a la duración de estas penas interdictivas lo que permite concluir que, salvo en casos excepcionales de reincidencia e instrumentalidad, las penas interdictivas a imponer (incluida la de inhabilitación) no superarán los 2 años, lo que limitará el plazo de prescripción (6) .

III. Como norma general, la acción penal nacida de la comisión de un delito imputable a las persona jurídica prescribirá a los 5 años

Conforme al art. 131.1 CP (LA LEY 3996/1995) los delitos prescribirán a los quince años cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años; a los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez; a los cinco, los demás delitos. Una interpretación respetuosa con el principio de legalidad lleva a considerar que aquellas penas que no sean estrictamente de inhabilitación deberán subsumirse en el supuesto de «los demás delitos» que sirve de cláusula de cierre al art. 131 CP (LA LEY 3996/1995) (7) . Por consiguiente, todas aquellas penas que no sean las de inhabilitación tendrán un plazo de prescripción de 5 años. Este sería el caso de las penas de multa y de las siguientes penas interdictivas con independencia de su duración: de disolución de la persona jurídica, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de realizar actividades con carácter definitivo y la intervención judicial.

Por lo que respecta a la pena de inhabilitación, como avanzábamos antes, aun cuando el art. 33.7 CP (LA LEY 3996/1995) establece un plazo de duración máximo de 15 años, este plazo se verá por lo general limitado a los 2 años conforme a lo dispuesto en el art. 66 bis CP. (LA LEY 3996/1995) Además, el art. 66 bis CP (LA LEY 3996/1995) también limita la duración máxima de la pena de inhabilitación estableciendo que no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física. Por lo tanto, la posibilidad de establecer un plazo máximo de 15 años constituirá un supuesto específico y excepcional en el que será necesario que se cumplan elementos específicos de la antijuricidad de la acción de la persona jurídica, bien porque sea reincidente o bien porque la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales.

Por lo que respecta al requisito de la reincidencia este será fácilmente constatable para la valoración en abstracto de la pena imponible. Y, en cuanto al requisito de la instrumentalidad, la propia ley recoge que «se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal». Por ello, aun cuando no sean descartables supuestos que exijan un cierto análisis probatorio, lo cierto es que será frecuente encontrarse con compañías infractoras pero con una actividad real, aplicándose la regla general, al poder concluir fácilmente que no incurren en esta condición excepcional. Este ha sido el razonamiento seguido en la mayoría de los escasos pronunciamientos judiciales dictados por el momento, entre otros, los Autos de la Sección 3^ra de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional AAN n.^o 584/2022 de 15 de noviembre (Ponente: Fraile Coloma) (8) y AAN n.^o 192/2023 de 26 de abril (LA LEY 79692/2023) (Ponente: Vázquez Rodríguez) (9) .

En suma, la aplicación del art. 66 bis CP (LA LEY 3996/1995) permite concluir que, con carácter general, las penas interdictivas de carácter limitado, como sería la de inhabilitación, no superarán el plazo máximo de dos años (10) . Así, aun cuando el art. 33.7 f) CP (LA LEY 3996/1995) prevé una duración máxima de 15 años para la pena de inhabilitación, la regla general es que solo podrá alcanzar un máximo de 2 años, por lo que su plazo de prescripción será de 5 años. Y, excepcionalmente, podrán superar ese plazo si la persona jurídica es reincidente o si la entidad ha sido utilizada instrumentalmente, en cuyo caso los plazos de prescripción serán más amplios. Sin olvidar que, en caso de que existieran los elementos de reincidencia o instrumentalidad, la duración de las penas interdictivas no podría superar la pena privativa de libertad aplicable a la persona física, lo que limitaría también los plazos de prescripción de la acción penal.

IV. Otra vuelta de tuerca: la pena de inhabilitación preceptiva

Existen dos supuestos excepcionales en los que el Código Penal prevé la imposición de la pena de inhabilitación de manera preceptiva, afectando a la norma general que hemos establecido en los párrafos precedentes, al no ser aplicable el art. 33.7 y, por consiguiente tampoco las limitaciones temporales previstas en el art. 66 CP. (LA LEY 3996/1995) Así, en los supuestos en que sea obligatoria la imposición de la pena de inhabilitación la pena máxima no quedará limitada por los requisitos de reiteración delictiva y/o instrumentalidad. Por consiguiente, la pena máxima será la que prevea el precepto sin más limitaciones, lo que afectará al plazo de prescripción, que se verá aumentado. Esta situación es predicable únicamente respecto de dos delitos: el delito contra la Hacienda Pública (art. 310 bis CP (LA LEY 3996/1995)) y el de cohecho por un particular en un procedimiento de contratación (art. 424.3 CP (LA LEY 3996/1995)).

V. El cajón de sastre: algunas incongruencias del sistema

Además, en un análisis más amplio de consecuencias derivadas del delito, existen otros tipos delictivos que, sin establecer penas, sí prevén medidas limitativas del libre ejercicio de derechos a las personas jurídicas, como clausura de establecimientos o las consecuencias accesorias del art. 129 CP. (LA LEY 3996/1995) Estos son los delitos de exhibicionismo y provocación sexual (art. 194 CP (LA LEY 3996/1995)), suposición de parto y alteración de la paternidad, estado o condición del menor (art. 221 CP (LA LEY 3996/1995)), delitos societarios (art. 294 CP (LA LEY 3996/1995)), receptación (art. 298 CP (LA LEY 3996/1995)), contra los derechos de los trabajadores (art. 318 CP (LA LEY 3996/1995)), asociación ilícita (art. 520 CP (LA LEY 3996/1995)) y tenencia y tráfico de armas (art. 569 CP (LA LEY 3996/1995)). Estas consecuencias accesorias no condicionarían en modo alguno la determinación del plazo de prescripción.

Por último, cabe mencionar el anómalo supuesto del delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas del art. 262 CP (LA LEY 3996/1995) en el que, además de establecer la posibilidad de imponer las consecuencias accesorias del art. 129 CP (LA LEY 3996/1995), prevé la imposición de [sic.] penas de inhabilitación para contratar con las Administraciones públicas. Estamos ante una pena que sigue siendo de dudosa constitucionalidad hoy (11) , al regirse al margen del régimen del art. 31 bis, para un supuesto para el que ni siquiera se ha previsto la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

VI. Conclusión

La acción penal derivada de los delitos imputables a las personas jurídicas con penas de multa y con penas interdictivas facultativas del art. 33.7 CP (LA LEY 3996/1995) prescribe a los cinco años. Este es el caso de los delitos de tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis CP (LA LEY 3996/1995)), torturas (art. 173 CP (LA LEY 3996/1995)), trata de seres humanos (art. 177 bis CP (LA LEY 3996/1995)), acoso sexual (184 CP), relativos a la prostitución y explotación sexual y corrupción de menores (art. 189 ter CP (LA LEY 3996/1995)), descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 quinquies CP (LA LEY 3996/1995)), estafa (art. 251 bis), frustración de la ejecución (258 ter), insolvencias punibles (art. 261 bis), daños (art. 264 quater), contra la propiedad intelectual (art. 288 CP (LA LEY 3996/1995)), blanqueo de capitales (art. 302 CP (LA LEY 3996/1995)), financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis CP (LA LEY 3996/1995)), contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis CP (LA LEY 3996/1995)), contra la ordenación del territorio (art. 319 CP (LA LEY 3996/1995)), contra los recursos naturales y medio ambiente (art. 328 CP (LA LEY 3996/1995)), contra los animales (art. 340 quater CP (LA LEY 3996/1995)), riesgo catastrófico (art. 343 CP (LA LEY 3996/1995)), riesgos provocados por explosivos y otros agentes (art. 348 CP (LA LEY 3996/1995)), contra la salud pública (arts. 366 (LA LEY 3996/1995) y 369 bis CP (LA LEY 3996/1995)), falsificación de moneda (art. 386 CP (LA LEY 3996/1995)), falsificación de tarjetas (art. 399 bis CP (LA LEY 3996/1995)), tráfico de influencias (art. 430 CP (LA LEY 3996/1995)), malversación (art. 435 CP (LA LEY 3996/1995)), relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 510 bis CP (LA LEY 3996/1995)), organización y grupo criminal (art. 570 quáter CP (LA LEY 3996/1995)) y terrorismo (art. 580 bis CP (LA LEY 3996/1995)). Sin embargo, en caso de que estos delitos tuvieran lugar a través de una entidad multirreincidente o meramente instrumental, el plazo de prescripción aumentaría y sería de 15 años.

Excepcionalmente, los delitos contra la Hacienda Pública (art. 310 bis CP (LA LEY 3996/1995)) y cohecho por un particular en proceso de contratación (art. 424 CP (LA LEY 3996/1995)) prevén la imposición preceptiva de la pena interdictiva de inhabilitación, por lo que operarán al margen del sistema del art. 33.7 CP (LA LEY 3996/1995) y 66 bis CP y, por consiguiente, sin la limitación de la reincidencia y/o instrumentalidad. En estos supuestos la pena máxima en abstracto sería la de 15 años de inhabilitación por lo que el plazo de prescripción de la acción penal se incrementaría hasta los 10 años.

Para finalizar, incluimos un cuadro con el análisis de la naturaleza de penas imponibles a las personas jurídicas y los plazos de prescripción de cada delito: