El anterior gobierno autonómico impulsó la tramitación de una reforma estructural de la Ley 8/2012, de 19 de julio (LA LEY 12918/2012), del turismo de las Islas Baleares con la aprobación de la Ley 3/2022, de 15 de junio (LA LEY 13803/2022), de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Islas Baleares, que entró en vigor el 18 de junio de 2022.
Entre otros objetivos, la Ley 3/2022 (LA LEY 13803/2022) se centraba en impulsar un impacto regenerativo del turismo sobre el territorio y la sociedad, fomentando la desestacionalización de la oferta turística para consolidar la posición de liderazgo turístico de las Islas Baleares introduciendo múltiples medidas.
Antes de obtener el permiso de obras, es necesario obtener un informe favorable de la administración turística competente. El proyecto de obras debe contemplar una reducción de las plazas del establecimiento (5%, 3%, 2% o 1% según el aumento de la edificabilidad proyectada). Además, las instalaciones para el aprovechamiento de aguas pluviales o grises, eficiencia energética, energías renovables o recogida selectiva y monitorizada de residuos no computan urbanísticamente en ocupación, edificabilidad, distancia a linderos ni altura.
Se establece la categoría de hoteles de bienestar, que deben tener al menos 4 estrellas y contar con instalaciones para tratamientos de bienestar y belleza. Asimismo, se introduce la instalación de camas elevables con un período de 6 años, con excepciones para establecimientos con menos de 30 habitaciones, ubicados en bienes de interés cultural, catalogados, con protección singular o en el núcleo antiguo, siempre que se acredite la significación histórica de la estructura de las camas.
Por último, los establecimientos turísticos deben garantizar un consumo mínimo del 3% de productos de origen balear, con variaciones según la clasificación del establecimiento.
Por su parte, las Disposiciones Adicionales de la citada Ley 3/2022 (LA LEY 13803/2022) establecen las denominadas «Moratorias», esto es, la suspensión, por un período máximo de 4 años, de la adquisición de nuevas plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera, así como el intercambio de las mismas entre particulares para iniciar o ampliar la actividad turística.
Por lo que respecta a la isla de Menorca, se suspende igualmente el inicio de nuevas actividades de establecimientos turísticos hasta que se lleve a cabo, mediante un Plan de intervención en el ámbito turístico o el Plan territorial insular («PTI»), la evaluación de la capacidad de carga de la isla para así determinar el número total de plazas turísticas que pueden comercializarse —como ya tuvo lugar en la isla de Mallorca.
Pese a que las ambiciosas reformas llevadas a cabo por medio de Ley 3/2022 (LA LEY 13803/2022) tienen poco más de un año de vigencia, el vigente marco regulatorio del turismo está abocado al cambio de manera inminente.
Como anunció el Conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, el pasado 14 de septiembre en su comparecencia en la Comisión de Turismo del Parlament, se tiene previsto confeccionar una nueva Ley de Turismo, que asegure que la actividad turística sea «sostenible y contribuya al bienestar de Baleares» y que «mantendrá lo mejor de las normativas históricas y aprenderá de las experiencias pasadas» para preservar lo que ha funcionado y «mejorar lo que no se ha hecho».
Con ella, el Sr. Bauzá ha señalado que se pretende regular la actividad turística, preservar la naturaleza y reducir la carga burocrática para fomentar la inversión y la actividad turística, trabajando para ello en coordinación con los Consells Insulares y con el resto de partes interesadas.
Dado que aún estamos ante meras declaraciones públicas sin mayor concreción, está por ver hasta qué punto el nuevo Gobierno Autonómico deroga el régimen anterior y en qué medida afectarán las reformas de la regulación del turismo a los profesionales e inversores de un sector esencial en la economía balear, siempre deseosos de una seguridad y estabilidad jurídica que podría verse amenazada por el turnismo de los dos grandes partidos a nivel nacional, especialmente si no se implementan reformas con el máximo respaldo político, social y profesional.