Por Ana Sequeros.- La recién constituida Asociación de letrados del Tribunal Supremo se ha presentado el pasado mes de noviembre en la comunidad jurídica con la organización de unas Jornadas sobre la reforma del recurso de casación. Hablamos con Ana de Miguel Lorenzo, su presidenta, acerca del porqué de su constitución y de la labor esencial desempeñada por el Cuerpo de letrados del Gabinete técnico del Alto Tribunal. Con objetivos claros, y mucho trabajo por delante, la ALTS comienza su andadura.
Antes de comenzar, convendría facilitar algunos apuntes acerca del trabajo que se desarrolla en el Gabinete técnico del Tribunal Supremo. Sus letrados - Ud. es una de ellos - son el componente esencial de este particular órgano. ¿Cómo definiría la labor de un letrado al servicio del Gabinete técnico del Tribunal Supremo?
El Gabinete técnico es el órgano asesor del Tribunal Supremo, de su Presidente y de sus Salas, y los letrados que lo integramos somos juristas de origen diverso (jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, profesores de universidad, y funcionarios de las distintas Administraciones Públicas u órganos constitucionales pertenecientes a cuerpos del subgrupo A1). Somos seleccionados mediante concurso público de méritos y, una vez nombrados, pasamos al servicio de la Sala correspondiente, atendiendo a nuestra especialización profesional.
Por otra parte, los letrados podemos estar adscritos a la fase de admisión de los recursos o a la fase de decisión. La forma de intervención del letrado depende de cada Sala, pero por regla general, en la fase de admisión lo que hace es estudiar cada uno de los recursos de casación y demás recursos de que conoce el Tribunal Supremo para comprobar el cumplimiento de los requisitos formales, así como el resto de las condiciones de admisibilidad exigidas por la ley. El resultado de ese estudio se plasma en un informe con la propuesta de admisión o inadmisión, propuesta que en este último caso constituye el proyecto de auto o providencia que resolverá definitivamente el recurso correspondiente. En la fase de decisión el letrado interviene en apoyo del dictado de resoluciones de fondo elevando al ponente la propuesta o borrador de resolución correspondiente.
Además de lo anterior, los letrados realizamos otras funciones de estudio y documentación. Por ejemplo, la elaboración de las crónicas anuales de jurisprudencia y las memorias de cada Sala o el análisis de la jurisprudencia del TJUE, TEDH, y otros tribunales internacionales.
Las funciones que comenta parecen esenciales en el desarrollo de la labor del Tribunal Supremo, de ello da fe la antigüedad del Gabinete técnico cuya constitución data de 1985, pero la ALTS tiene apenas un año de vida. ¿Por qué ahora una asociación de letrados? ¿No se había planteado hasta este momento la necesidad de su existencia?
La constitución de una asociación para la defensa de nuestros derechos e intereses profesionales era una necesidad sentida desde hace ya algunos años.
Desde su creación, el Gabinete técnico ha ido evolucionado tanto en su composición como en las funciones que tiene asignadas, pasando de ser en origen un grupo de tres miembros con funciones genéricas de apoyo a la presidencia del Tribunal Supremo, a ser un órgano que en la actualidad cuenta con 78 letrados (mas 12 letrados de refuerzo anual, es decir, alrededor de 100 letrados), con atribución de funciones cuasi judiciales que demandan una mayor responsabilidad profesional para la interpretación y aplicación de un recurso de casación que, además, ha ido aumentando su complejidad a lo largo de estos últimos años con las sucesivas reformas procesales.
A ese incremento cualitativo de funciones hay que añadir el aumento exponencial del número de recursos que cada año entran en el Tribunal Supremo. De acuerdo con su memoria anual, sólo en estos últimos años el número de asuntos resueltos ha pasado de ser de 23.336 en el año 2020 a 33.511 en 2022, y esta tendencia de aumento parece que es la que se va a mantener en lo sucesivo.
Sin embargo, todos estos cambios no han venido acompañados de una mejora de las condiciones laborales de los letrados. Al contrario, seguimos sujetos al régimen que inicialmente se nos adjudicó, por equiparación, con el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia al que, con toda nuestra consideración y respeto, nada nos parecemos, porque realizamos funciones completamente distintas y su aplicación nos coloca en una situación insegura, injusta y discriminatoria.
La constatación de esa situación, y de la ausencia de los mecanismos necesarios para superarla, ha hecho que lleguemos al convencimiento de la necesidad de organizarnos y crear una asociación para la defensa de nuestros derechos e intereses profesionales.
Y ¿por qué una asociación y no la creación de un sindicato o la afiliación a uno ya constituido?
Porque un sindicato, en nuestro caso concreto, en lugar de unirnos nos dividiría. Un sindicato, obviamente, nos permitiría una mayor capacidad de acción, aunque sólo fuera porque nos permitiría ejercer el derecho de negociación colectiva, si bien con las limitaciones propias del ámbito de la Administración Pública. Pero hay que tener en cuenta que los jueces, magistrados y fiscales no pueden afiliarse ni constituir un sindicato, y muchos de los miembros del Gabinete técnico tienen esa condición. Lo que queremos es unirnos y no separarnos, superando el origen profesional de cada cuerpo que se integra en el Gabinete. De ahí nuestra denominación: Asociación de letrados del Tribunal Supremo, la ALTS.
La figura de la asociación es sin duda el mejor instrumento para la consecución de nuestros fines. Nos proporciona una representación ante las instituciones y organismos públicos y privados. Ahora tenemos voz y podemos hacernos escuchar, y trataremos de que cuenten con nosotros en la toma de decisiones que nos afecten.
El Tribunal Supremo, en el que tiene su sede la ALTS, ha sido el entorno en el que la asociación se ha constituido y en el que desarrolla su actividad ¿Se ha sentido respaldada la ALTS desde el alto tribunal en su proceso de creación?
Desde el primer momento. Realmente, la labor que desarrollamos cobra su sentido, en gran medida, en la colaboración que prestamos a los magistrados del Tribunal Supremo. Muchos de ellos, conscientes y conocedores en primera línea de nuestro trabajo, nos han manifestado, de modo reiterado, su reconocimiento y apoyo. De hecho, la asociación ha organizado este mes de noviembre unas jornadas sobre la reforma del recurso de casación y hemos contado con la participación activa de magistrados de cada uno de los órdenes jurisdiccionales. Además, el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, accedió a presentar las jornadas y no hay muestra de mayor apoyo que su presencia en el primer acto público de nuestra asociación. El presidente, por cierto, fue uno de los padres del Gabinete técnico, pues no en vano estuvo en el mismo durante ocho años de Magistrado coordinador del área de civil.
En todo este proceso hemos contado, además, con el apoyo inestimable del director del Gabinete técnico, Juan Manuel San Cristóbal, que ha sido recientemente nombrado asociado de honor de la ALTS precisamente por su compromiso con los letrados y por su empeño en conseguir que nuestras condiciones de trabajo mejoren.
Hablemos de las Jornadas sobre la reforma del recurso de casación. Han sido, de alguna manera, la carta social de presentación de la ALTS. ¿Cómo se ha valorado desde la asociación la respuesta obtenida?
La verdad es que estamos muy satisfechos porque las jornadas han sido muy bien acogidas y todos los comentarios al respecto han sido muy positivos. Queríamos dar a conocer a la comunidad jurídica la reciente creación de la ALTS y pensamos que la mejor manera para hacerlo era con el estudio del recurso de casación que es el máximo exponente de nuestro trabajo; y lo hemos conseguido gracias a la colaboración desinteresada de los magistrados y los letrados de todas las Salas del Tribunal Supremo que intervinieron ilustrándonos con sus ponencias y dándonos a conocer los problemas que plantean las últimas reformas procesales.
Como decía antes, el presidente del Tribunal Supremo las inauguró y lo hizo con una excelente y clarificadora ponencia sobre la evolución del recurso de casación y algunas novedades relevantes de su reciente reforma, tras su intervención, se abordó la reforma de la casación desde la perspectiva de cada uno de los distintos órdenes jurisdiccionales.
¿Qué desafíos se le plantean como presidenta de la ALTS? ¿Con qué equipo cuenta?
Lo primero que me gustaría señalar es que la asociación ha tenido una magnífica acogida entre los propios letrados, hasta el punto de que la gran mayoría de ellos se encuentran asociados; también han querido unirse a nuestro proyecto muchos ex letrados que son «gabineteros», que es como llamamos con cariño a los que estuvieron en el gabinete y nos dejaron para volver a su puesto anterior o a otro destino, pero que siguen en contacto con nosotros y hacen suyos nuestros problemas, quizá con la esperanza de volver algún día. A unos y a otros hemos logrado transmitirles nuestra ilusión y convencerles de que unidos podemos conseguir nuestros legítimos objetivos.
Este consenso que hemos logrado partiendo de la nada resulta ilusionante y nos da fuerzas para seguir adelante, desde el convencimiento de que la ALTS era necesaria y de que estamos culminando lo que tanto tiempo llevaba pendiente. Para ello cuento con el equipo que conforma la Junta Directiva constituida como resultado de las primeras elecciones celebradas en la ALTS y que comparte conmigo el entusiasmo y las ganas de trabajar. Todos sus miembros o bien son en la actualidad letrados del Gabinete técnico o bien han pertenecido al mismo con una trayectoria profesional brillante durante años.
¿Cuál es su trayectoria, su experiencia, antes de asumir el cargo de presidenta de la asociación? ¿Qué la motivó a involucrarse a este nivel en esta asociación en particular?
Soy profesora titular de Derecho el Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Allí estuve desde el año 1992 que entré como profesora ayudante tras licenciarme en Derecho y obtener el grado de doctor por la Universidad Complutense de Madrid. La titularidad la obtuve en 1997 y he impartido clases en las distintas licenciaturas –ahora grados– que contienen asignaturas propias de mi especialidad. También colaboré en los másteres de post grado de la universidad, y llevé a cabo diversas publicaciones hasta que me fui en el año 2004, animada por otros compañeros que habían estado en el Gabinete técnico para concursar a una plaza de letrado del Tribunal Supremo (especialidad en Social). La universidad y el tribunal son dos conceptos distintos de trabajo, pero sin duda se complementan. Trabajar como letrada en el Gabinete me ha enriquecido como jurista, y he forjado amistades entrañables. Estando en el Gabinete técnico tuve a mi hijo Diego, y hoy disfruto con mis compañeros y con el resto del personal que lo conforma de un entorno de trabajo envidiable.
Por todo ello tengo un enorme cariño al Gabinete y, sin perjuicio de ese sentimiento de agradecimiento y de respeto, lo cierto es que desde el primer momento sentí la necesidad de cambiar las cosas.
Por un lado, porque la retribución que percibimos era entonces cuando yo llegué –y sigue siendo ahora– insuficiente, comparada con la que reciben los letrados de otros órganos o tribunales que realizan un trabajo similar al nuestro; además se producían –y se siguen produciendo– diferencias salariales injustificadas en el propio seno del gabinete dependiendo de cuál sea la administración de la que el letrado proceda. Por otra parte, las diferencias de trato se apreciaban igualmente en el ámbito de la protección social pues unos letrados gozaban de una incapacidad temporal mejor retribuida y de mayor duración que otros, de nuevo por razón de su carrera o cuerpo profesional de origen. Son desigualdades injustificadas que, hoy por hoy, se mantienen. Tampoco se respeta la promoción profesional de los letrados dentro del gabinete, y sin olvidar que los derechos de seguridad y salud están seriamente cuestionados, pues trabajamos mucho y en condiciones muy malas, con despachos ubicados a veces en sitios inadecuados y dispersos por todo el edificio, compartidos en la mayoría de los casos por varios letrados, y con un mobiliario decadente.
Una situación que así contada resulta insostenible, pero que, en el día a día, parecía estar asumida por todos probablemente porque debido al enorme volumen de trabajo no había tiempo para pensar. Al poco tiempo de llegar, un compañero me dijo en respuesta a mi petición de reducción del número de asuntos «esto es lo que hay, Ana, o lo tomas o ya sabes dónde está la puerta», razonando que en tiempos pasados todavía había sido peor.
Así que un buen día decidí ir de despacho en despacho para explicar a mis compañeros la necesidad de crear una asociación. La buena acogida de esta iniciativa y el trabajo conjunto de todos ha permitido que la asociación sea hoy una realidad.
¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo de la asociación? ¿Cuál consideraría que podría ser el mayor logro de la ALTS?
El primer objetivo de la asociación es lograr la aprobación del Estatuto del letrado que nos prometió el legislador. La aprobación de ese estatuto contribuiría a poner fin a la indefinición de la que adolece en la actualidad el Cuerpo de letrados del Gabinete técnico y resolvería gran parte de sus problemas.
La disposición final octava de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio (LA LEY 12048/2015), de reforma de la LOPJ (LA LEY 1694/1985), incluyó una previsión en tal sentido, previsión que, a día de hoy, aún no se ha cumplido. Ha habido intentos anteriores, pero todos han acabado frustrados o en un cajón a la espera de que el nuevo equipo ministerial continúe con el proceso. La ALTS tiene el firme propósito de hacer valer un estatuto cuya regulación se ajuste a sus fines, siendo el primero y básico de todos ellos la igualdad de trato de los letrados, que actúa como elemento vertebrador de todos los demás.
Esos otros objetivos son esencialmente cuatro. En primer lugar, el aumento de las retribuciones percibidas para igualarlas a las que reciben los letrados del Tribunal Constitucional. Consideramos que no es defendible que en dicho Tribunal los letrados ganen el doble que los letrados del más alto Tribunal de la jurisdicción, cuando las funciones que realizamos unos y otros son equiparables, sin que a ello obste que el Tribunal Constitucional tenga presupuesto propio porque siendo así, se trata de un órgano constitucional que como el Tribunal Supremo se financia con los presupuestos generales del Estado. Un segundo objetivo sería el incremento de la protección social de los letrados mediante el mecanismo de la aplicación en el Tribunal Supremo de las mejoras de las prestaciones aprobadas en su Administración de origen, particularmente en lo referido a la incapacidad temporal por contingencias comunes. En tercer lugar, la protección del derecho a la promoción profesional de los letrados que actualmente es inexistente y ello frustra sus expectativas y desincentiva su trabajo provocando su desistimiento y la rotación continua de letrados. Por último, es necesaria la mejora de las condiciones de seguridad y salud: como he dicho antes, los letrados tenemos un volumen de trabajo excesivo y eso nos obliga a trabajar muchas más horas de las habituales en la Administración, fines de semana incluidos, lo que compromete el derecho al necesario descanso, a lo que hay que añadir que los despachos, o los lugares de trabajo de los que carecen de ellos, no son los adecuados para el trabajo que realizamos. Comprendemos que el Tribunal Supremo tiene un espacio limitado, pero por esa razón habría que buscar otro edificio para ampliarlo, cuestión ésta que, nos consta, se ha planteado.
En definitiva, estos son los objetivos básicos que la ALTS se ha comprometido a conseguir, más a corto que a medio o largo plazo, a fin de dar al Cuerpo de letrados del Tribunal Supremo la categoría y el justo reconocimiento de la labor que todos estos años ha venido desempeñando con excelencia.
Ana Sequeros
Letrada del Tribunal Supremo y periodista