Una política de retorno de este tipo requiere normas y procedimientos comunes en los Estados miembros de la UE, aplicados de conformidad con las obligaciones en materia de derechos fundamentales y respetando el principio de no devolución, así como un marco de cooperación sólido con terceros países que estén dispuestos a aceptar a los retornados.
Los esfuerzos por aumentar el número de retornos han sido un elemento continuo de la política migratoria de la UE durante los últimos 20 años. Sin embargo, el retorno de los nacionales de terceros países sigue siendo un reto, ya que solo una de cada tres personas a las que se ordena abandonar la UE son efectivamente devueltas a un tercer país. La limitada eficacia de la política de retorno se debe a varios retos a los que se enfrentan la UE y los Estados miembros a la hora de llevar a cabo los procedimientos de retorno. Estos retos se refieren a las dificultades en la aplicación de los procedimientos de retorno en los Estados miembros (dimensión interna), así como a la falta de cooperación en materia de readmisión por parte de terceros países (dimensión exterior).
Desde el pico de llegadas de solicitantes de asilo y migrantes irregulares en 2015, la UE y sus Estados miembros han intensificado significativamente sus esfuerzos para construir una política de retorno más eficiente. Se han introducido amplios cambios en las dimensiones interna y externa de la política de retorno de la UE, que incluyen el refuerzo del marco legislativo de la UE en materia de retorno y la puesta en marcha de herramientas operativas y prácticas.
El Parlamento Europeo ha insistido reiteradamente en la necesidad de mejorar la eficacia de la política de retorno de la UE, insistiendo en el pleno respeto de los derechos fundamentales y procedimentales. También ha subrayado la importancia de celebrar acuerdos formales de readmisión de la UE con terceros países, junto con el control parlamentario de la UE y la supervisión judicial.