Carlos B Fernández. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha inaugurado una nueva sección, dedicada a la protección de datos y el Big Data, que estará copresidida por el Javier Puyol, socio director de Puyol Abogados & Partners, y por Rodrigo González, socio de Deloitte Legal.
Según explicaron en el mismo ambos copresidentes, la sección de protección de datos y Big Data se propone como objetivos, en primer lugar, la obtención, en coordinación con el Centro de Estudios del Colegio, de una certificación de protección de datos de perfil bajo dirigida a profesionales y también a su personal, para fomentar una cultura corporativa basada en la protección de datos, a todos los niveles.
En segundo lugar, y como temática única a la que dedicar su atención durante si primer año de vida, la implicación para la protección de datos del cada vez mayor uso de herramientas de inteligencia artificial en el sector. Para ello, se plantean organizar desde ciclos de conferencias a talleres prácticos centrados en el análisis de casos de uso o de novedades relevantes que merezcan un conocimiento más profundo.
Además, se proponen desarrollar relaciones de cooperación y colaboración tanto con las editoriales jurídicas, para la difusión de obras y contenidos profesionales, como con los fabricantes y usuarios de herramientas de protección de datos, para servir con plataforma tecnológica para su desarrollo.
También se proponen, como objetivo preferente, que el Colegio madrileño suscriba un acuerdo formal con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y otras organizaciones y asociaciones profesionales relacionadas con el sector, para mejorar las prácticas de protección de datos.
En este sentido, se plantean también que la sección sea una cooperadora con otras organizaciones como la red iberoamericana de protección de datos.
Consejo Asesor de la sección
El acto de presentación, celebrado en la sede colegial, sirvió también para presentar al consejo asesor de la sección, compuesto, hasta la fecha, por Ricard Martínez, Daniel Choliz, Carlos Alonso, Vicente Moret y Ofelia Tejerina.
En su intervención, Ricard Martínez señaló que si bien la protección de datos no es una profesión regulada, sus profesionales están cualificados para gestionar la complejidad que supone la progresiva digitalización de empresas y organizaciones y la introducción de toda una nueva regulación y hacer aterrizar el ordenamiento jurídico en la realidad.
En este sentido, Martínez subrayó que las PYMES, modelo de empresa predominante en nuestro país, no están preparadas para el cumplimiento del complejo conjunto normativo en el entorno actual. Sin embargo, las empresas no sobrevivirán sin un jurista digital en su equipo. Por ello, el abogado del mañana, concluyó, será digital o no será.
Por su parte, Daniel Choliz se refirió también al complejísimo contexto normativo en el que deben desenvolverse las organizaciones en la actualidad, que obliga a los abogados a asumir su responsabilidad social para que empresas y particulares cumplan la normativa.
En este contexto, como más se aprende es hablando y discutiendo entre los profesionales, recordando que los abogados tienen el deber de colaborar entre sí.
Finalmente, Ofelia Tejerina, apostó porque la sección sea un canal directo de relación con la AEPD en relación con el trabajo de los abogados, al igual que con la universidad, que no acaba de incorporar la protección de datos a sus programas formativos, y los expertos en ciberseguridad. Y es que no hay que olvidar, advirtió, que la protección de datos busca proteger la dignidad de la persona. Por ello, el trabajo de estos profesionales es hacer que la norma tenga sentido en la práctica, a menudo asumiendo la compleja tarea de que explicar la normativa y sus complejidades a quien tiene que resolver.
Concluyó presentando el top ten de temas que prevé que van a ocupar a los juristas digitales durante este año, comenzando por las cookies y continuando con el control del acceso de menores a contenidos para adultos; el análisis de riesgos; la biometría; los perfilados y la computación cuántica, que ya asoma.
Neuroderechos
En la sesión intervino también la directora de la AEPD, Mar España, quien ya durante la mañana había presentado la Estrategia del organismo que dirige para la protección de la infancia y la adolescencia en internet junto con el presidente del Gobierno.
En su intervención, que reiteró parte de la presentación de la mañana, España subrayó la importancia del reconocimiento de los neuroderechos frente a la próxima llegada de los interfaces hombre-cerebro. Una tecnología que, en conexión con la existencia de grandes bases de datos y el progresivo aumento de la internet de las cosas, amenaza con permitir que por medio de impulsos eléctricos se pueda influir en las conexiones neuronales de otras personas para modificar su comportamiento o creencias.
Por ello, Mar España propone que estos dispositivos sean considerados como productos sanitarios, con todas las obligaciones y garantías que ello supone.
Además, de cara a una futura regulación, sería muy conveniente que nuestro país fuese pionero en la regulación de los neuroderechos, en la línea marcada por la Declaración conjunta impulsada por la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, de octubre de 2023, para el desarrollo de una neurotecnología humanista que proteja los derechos fundamentales de las personas y contribuya a la competitividad y la autonomía estratégica abierta de Europa.