Carlos B Fernández. Los representantes del Consejo, la Comisión y el Parlamento de la UE alcanzaron, el pasado día 6 de febrero, un acuerdo de compromiso sobre la Ley de Infraestructura de Gigabit (Reglamento del Parlamento y del Consejos por el que se establecen medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de gigabit y se deroga la Directiva 2014/61/UE (LA LEY 7998/2014), Ley de la Infraestructura de Gigabit o Gigabit Infrastructure Act), una propuesta legislativa de la Comisión, presentada en febrero de 2023, destinada a facilitar y acelerar el despliegue de redes de muy alta capacidad en la Unión.
El acuerdo incluye el mantenimiento del límite de precios de las comunicaciones dentro de la UE del 14 de mayo de 2024 al 1 de enero de 2032.
Ahora serán precisas algunas reuniones técnicas para que cerrar por escrito un texto final, que luego deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
El objetivo original de la Ley de Infraestructura Gigabit es acelerar el despliegue de fibra y 5G, con el fin de alcanzar el 100% de cobertura de Internet de muy alta capacidad para todos los ciudadanos de la UE de aquí a 2030.
Por lo tanto, la Comisión tendrá que presentar un informe a los colegisladores sobre la implementación de la Ley de Infraestructura Gigabit, centrándose en las zonas rurales, incluyendo al mismo tiempo un análisis del backhauling por satélite y el uso de la constelación de Internet por satélite de la UE, la Infraestructura para la Resiliencia, Interconectividad y Seguridad por Satélite (IRIS2).
Ley de Infraestructuras de Gigabit
Según explicó en su momento la Comisión, la creciente adopción de tecnologías digitales avanzadas exige una necesidad urgente de un mayor ancho de banda a velocidades más rápidas para poder ofrecer servicios más inteligentes, flexibles e innovadores a los ciudadanos, las empresas y los sectores públicos clave, en un momento de fuerte desarrollo y uso de tecnologías como la nube, la inteligencia artificial (IA), los espacios de datos, la realidad virtual y el metaverso, haciendo efectivo que los ciudadanos europeos puedan disfrutar de sus derechos digitales.
A este respecto, la Ley de Infraestructuras de Gigabit responde a la creciente demanda de conectividad más rápida, fiable e intensa en datos, y sustituirá a la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha (2014).
La Ley de Infraestructuras de Gigabit persigue superar el problema del despliegue lento y costoso de la infraestructura física subyacente que sustenta las redes avanzadas de gigabit. Reducirá la burocracia y los costes y la carga administrativa asociados al despliegue de las redes de gigabit.
Entre otras cosas, simplificará y digitalizará los trámites de la concesión de permisos. La nueva norma también mejorará la coordinación de la obra civil entre los operadores de redes para desplegar la infraestructura física subyacente, tales como conductos y mástiles, y velar por que las partes interesadas pertinentes tengan acceso a ella.
Además, todos los edificios nuevos o sometidos a renovaciones importantes, salvo casos justificados, deberán estar equipados con fibra para que los ciudadanos puedan disfrutar de unos servicios de conectividad más rápidos. Gracias a las nuevas normas, los operadores podrán desplegar rápidamente las redes con trámites simplificados, digitalizados y menos costosos.
Recomendación sobre el gigabit
La Comisión presentó un “Proyecto de Recomendación sobre el gigabit”, centrado en facilitar orientaciones a las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) sobre las condiciones de acceso a las redes de los operadores que tengan un peso significativo en el mercado.
El proyecto de Recomendación tiene por objeto velar por que todos los operadores puedan acceder a las infraestructuras de redes existentes, cuando proceda. De este modo, podrá garantizar un entorno regulador adecuado, estimular el cese de las tecnologías tradicionales sin demora indebida, es decir, en un plazo de dos a tres años, y fomentar el despliegue rápido de la red de gigabit, por ejemplo, promoviendo la flexibilidad de los precios para el acceso a las redes reguladas y facilitando a la vez una competencia sostenible.
Las medidas también contribuirán a que los consumidores disfruten de las ventajas de un mercado único de las comunicaciones electrónicas en Europa, esto es, mejores servicios prestados a través de redes de alta calidad a precios asequibles.
El proyecto de Recomendación se ha remitido al Organismo de Reguladores Europeos (ORECE) para una consulta que durará dos meses. Tras examinar el dictamen del ORECE, la Comisión adoptará su Recomendación definitiva, que sustituirá a las Recomendaciones sobre el acceso, esto es, la Recomendación sobre el acceso de próxima generación (2010) y a la Recomendación sobre la no discriminación y las metodologías de costes (2013).
Supresión de los recargos por comunicaciones dentro de la UE
Según el acuerdo, el límite de precios de las comunicaciones dentro de la UE se prorrogará del 14 de mayo de 2024 al 1 de enero de 2032.
Aunque los consumidores de la UE "vagan como en casa" cuando viajan dentro de la UE, sin pagar ninguna tarifa adicional por utilizar sus teléfonos inteligentes, siguen pagando cargos cuando llaman (0,19 €/min) o envían un mensaje de texto (0,06 €/min) desde su país de origen a otro Estado miembro de la UE. La abolición de estas tasas ha sido una prioridad política para el Parlamento Europeo durante años, pero fracasó en múltiples ocasiones debido a la oposición del Consejo.
A más tardar el 30 de junio de 2027, la Comisión deberá presentar una evaluación de impacto sobre la eliminación gradual del límite de precios minoristas. El ejecutivo de la UE debería tener en cuenta el mercado mayorista, el impacto en los precios al consumidor y la evolución de las preferencias de los consumidores como parte de su análisis.
A más tardar el 1 de enero de 2029, tras un acto de ejecución de la Comisión Europea adoptado a más tardar el 30 de junio de 2028, se abolirán las tarifas de comunicación dentro de la UE en el sentido de que los precios minoristas serán iguales a los precios internos nacionales.
El acto de ejecución incluirá salvaguardias que impidan abusos, siguiendo el ejemplo del reglamento de itinerancia de la UE. Abarcarán normas de sostenibilidad, uso legítimo y medidas antifraude.
Para 2032, los colegisladores de la UE decidirán si renovarán la abolición de las tasas de comunicación dentro de la UE.
Aún así, ya en 2025, y con el fin de presionar al mercado para que comience a aplicar estas reglas, se permitirá a los operadores de telecomunicaciones reducir sus precios minoristas a sus precios internos nacionales, fomentando así la competencia de precios en las comunicaciones dentro de la UE.
Aprobación tácita
A cambio de esa abolición gradual de las tasas, el Parlamento Europeo ha suavizado su voluntad de impulsar un principio obligatorio de "aprobación tácita" al conceder permisos a los operadores de telecomunicaciones.
Sugerido por la Comisión Europea como la solución para acelerar el despliegue de redes de muy alta capacidad dentro de la UE, el principio de "aprobación tácita" significa que, en el caso de que una autoridad administrativa no responda a una solicitud de concesión de permiso dentro de un plazo determinado, la la ausencia de respuesta se trata como una autorización implícita.
Varios países de la UE se opusieron a la disposición porque la consideraban una configuración anticonstitucional contra la autonomía de su autoridad administrativa competente o no estaba alineada con sus prácticas administrativas.
Los negociadores de la UE acordaron la propuesta de conciliación de la Comisión Europea y de esta forma, los países de la UE podrán hacer excepciones al principio de aprobación tácita y obligar a sus autoridades que otorgan permisos a compensar a los solicitantes si no responden a tiempo o darles el derecho a presentar una queja ante los tribunales.
En caso de que los Estados miembros opten por derogar el principio de aprobación tácita, se prevén audiencias de conciliación. Los solicitantes y las autoridades administrativas estarán facultadas para activar el mecanismo en caso de desacuerdos.
El plazo acordado para que una autorización se considere tardía se ha fijado en cuatro meses, retomando la propuesta original de la Comisión Europea.
En cuanto a las prórrogas de los plazos, el Parlamento logró imponer una prórroga restrictiva de cuatro meses, si la autoridad administrativa no es responsable del retraso. Ese sería el caso cuando otra autoridad administrativa sea responsable del proceso demorado, o en caso de fuerza mayor.
Entrada en vigor
La Ley de Infraestructura Gigabit entrará en vigor 18 meses después de su publicación en el Diario Oficial.
Algunos artículos relacionados con la digitalización de los puntos únicos de entrada digital, las plataformas informáticas que deberían informar públicamente a los operadores de telecomunicaciones sobre las infraestructuras nacionales de telecomunicaciones existentes, entrarán en vigor después de 24 meses.