Carlos B Fernández. En la mañana de lunes 26 de febrero tuvo lugar, en la sede de la Carrera de San Jerónimo, la presentación de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, conocida como “Oficina C”.
Como explicó al comienzo del acto Pedro Peña Jiménez, Letrado de las Cortes Generales y Director de Estudios, Análisis y Publicaciones del Congreso de los Diputados, la Oficina C es un servicio del Congreso en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), una fundación pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
La Oficina C, explicó Peña, surgió de una iniciativa ciudadana, que toma dinámica a mediados de la pasada década, hasta que en 2018 tuvieron lugar unas jornadas que dieron lugar a la firma del correspondiente acuerdo entre el Congreso y FECYT el 5 abril de 2021.
La Oficina está coordinada por la Secretaría General del Congreso y FECYT y cuenta con un consejo asesor.
Su finalidad es facilitar evidencias científicas al Congreso para que este pueda tomar decisiones informadas de una forma accesible, bajo los principios de independencia y rigor científico.
Se rige por los principios de acceso, inclusividad y enlace entre la ciencia y el Parlamento.
Su labor, que se sitúa en el marco del asesoramiento científico a los parlamentos, ni interno ni enteramente externo, no se configura como un servicio bajo demanda de comprobación de datos y hechos. Tampoco realiza investigación propia. En su lugar, conecta la investigación que se está realizando con el trabajo de los parlamentarios para optimizar el desarrollo de la legislación, pero sin marcar políticas públicas
Por su parte, Inmaculada Aguilar, directora general de FECYT, destacó que un poder legislativo abierto a la evidencia científica puede hacer mejores políticas públicas.
Y para ello, los actores públicos necesitan tener acceso al conocimiento y también poder priorizar las fuentes y los resultados más relevantes.
Esta no es una tarea fácil, y por eso hacen falta instituciones puente que permitan rastrear la aplicación de las evidencias científicas a la resolución de problemas, con un enfoque interdisciplinar que combinen las ciencias científicas con las humanas.
El asesoramiento experto que reciben habitualmente los diputados, va a convivir con la actividad de la oficina C, que va a ir un paso más allá, institucionalizando la recogida de evidencias científicas de un modo científico y controlado.
“Queremos contribuir a un nuevo ecosistema en el que los diputados estén mejor informados, para fortalecer a las instituciones democráticas”, añadió.
Izaskun Lacunza, una de las coordinadoras de la Oficina, explicó que las premisas del trabajo de la Oficina C son que los datos científicos son necesarios pero no los únicos para asegurar el desarrollo de una legislación. Por ello este tipo de organismos de apoyo al legislador ya existen en otros países, contándose unas 25 oficinas similares en todo el mundo.
La Oficina C cuenta con un plan estratégico basado en contribuir a que la evaluación de la evidencia científica sea parte de la rutina del trabajo de la Cámara, en un proceso de mejora constante.
Sus líneas de trabajo son: 1. La evidencia científica; 2. La conexión humana, para que sean facilitadores de diálogo; 3. Sensibilizar sobre la importancia del asesoramiento científico y, 4. La conexión internacional.
En la práctica, añadió Lacunza, la producción científica es masiva, pero está muy atomizada por especialidades, por eso no sencillo entender el estado del arte de algunas materias muy complejas. Por ello han diseñado el “Método C”: se proponen a la Mesa del Congreso los temas científicos que se consideran de mayor impacto para el país y la Mesa elige los más relevantes para su análisis en profundidad.
Para ello realizan un amplio número de entrevistas a expertos en cada materia, que posteriormente asesoran y revisan los informes.
La otra coordinadora de la Oficina, Ana Elorza, se refirió a los informes que se presentan este año: neurociencia, enfermedades degenerativas, incendios, calidad del aire, envejecimiento y desinformación. Para ello han consultado con más de 120 expertos, de los cuales casi un 40% se dedican a ciencias humanas, y se han citado más de 1.500 artículos y trabajos científicos.
Para 2024, preparan informes sobre: gestión sostenible de costas, suicidio, IA y educación y otro, pero dejan en previsión la posibilidad de cubrir algunos otros de urgencia y jornadas temáticas. Además, habrá consulta pública de temas, para elegir nuevos temas.
Por otra parte, la idea es llevar a algunos de los expertos que han participado en los informes, para que los diputados puedan hablar con ellos a puerta cerrada.
La sesión contó además con las intervenciones de distintos investigadores de la Oficina C, como Sofía Otero, José Luis Roscales, Rudiger Ortiz y Maite Iriondo, quienes explicaron las particularidades de su trabajo en la misma.
En este sentido destacaron que en sus informes se recoge todo el conocimiento recabado. Son una mezcla entre investigación y divulgación, a través de una metodología propia que incluye unos principios a que el trabajo sea accesible, inclusivo y exhaustivo y transparente, que es el factor que le dota de más relevancia.
Posteriormente, se procedió al emparejamiento de un grupo de científicos con otro de parlamentarios, a fin de que científicos y diputados puedan intercambiar experiencias y participar en un programa formativo de asesoramiento científico y sesiones en las que acompañarán al Diputado o Diputada asignado para conocer la labor parlamentaria.