La Oficina del Parlamento Europeo en España celebró ayer el seminario «Derechos de la mujer en la UE: logros y retos ante las elecciones europeas 2024». El acto, que fue inaugurado por María Andrés, directora del organismo, tuvo lugar en la sede de la Fundación Francisco Giner de los Ríos y en él participaron representantes del mundo político y de la sociedad civil.
En la primera mesa, compuesta por las eurodiputadas de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo María Eugenia Rodríguez Palop (La Izquierda), Rosa Estarás (EPP), Lina Gálvez (S&D), Soraya Rodríguez (Renew) y Margarita de la Pisa (ECR), se analizaron los avances en igualdad de la legislatura que acaba el próximo 6 de junio, día en que tendrá lugar la jornada electoral, y los retos para la próxima.
Desde la lucha contra la violencia de género hasta la igualdad salarial, las ponentes expusieron sus respectivas perspectivas políticas, a veces difíciles de conciliar, con especial atención a las áreas en las que se ha llegado a una solución de consenso. Entre ellas, las propuestas de la Comisión referidas a la violencia de género, la trata de seres humanos, el equilibrio de sexos en los consejos de administración o la transparencia salarial.
En una segunda mesa, compuesta por representantes de la sociedad civil, participaron Isabel Álvarez, catedrática de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid; Laura Baena Fernández, fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio; y Cristina Sancho, presidenta de EJE&CON (Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s) y de la Fundación Aranzadi LA LEY.
Desde la perspectiva académica, Álvarez, que durante 8 años ha dirigido el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), mostró su preocupación por «la escasa presencia de mujeres en empleos tecnológicos, lo que puede incrementar la desigualdad en la transición digital».
Baena, impulsora del movimiento reivindicativo «Yo no renuncio», denunció la discriminación que sufren las mujeres a causa de la maternidad, la escasez de recursos e información para defenderse en caso de despido, y la falta de compromiso de las instituciones públicas con las madres y con la conciliación.
Sancho, por su parte, hizo referencia a la necesidad de «hacer más visibles a las numerosas expertas que tenemos en España sobradamente cualificadas para acceder a posiciones de máxima responsabilidad» y al retraso con el que algunas compañías afrontan su obligación legal de contar con órganos de gobierno equilibrados, y destacó el impacto económico inmediato que tendría la incorporación de más mujeres a consejos y comités de dirección.