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La ley establece normas que regulan las condiciones bajo las cuales los procedimientos penales iniciados en un Estado miembro pueden transferirse a otro Estado miembro. La ley será fundamental para garantizar que el país mejor situado investigue o procese un delito penal y para evitar procedimientos paralelos innecesarios (del mismo sospechoso) en diferentes estados miembros de la UE. Por tanto, la ley contribuirá a luchar más eficazmente contra la delincuencia transfronteriza.

Una lucha eficaz contra el crimen también significa que los países de la UE cooperen para que la investigación criminal se lleve a cabo en el país que está en mejores condiciones para hacer justicia. Esta ley será un gran paso adelante para que esto suceda.

Paul Van Tigchelt, Viceprimer Ministro belga y Ministro de Justicia y Mar del Norte

Las normas que acordaron el Consejo y el Parlamento Europeo también mejorarán el respeto de los derechos fundamentales del sospechoso o acusado en el proceso de transferencia de un proceso penal de un país a otro.

Además, el reglamento ayudará a evitar la impunidad en los casos en que se deniegue la entrega de una persona a otro Estado miembro en virtud de una orden de detención europea. La transferencia de las reglas del proceso (al país donde está presente el acusado) garantizaría que la persona aún enfrentaría la justicia.

Normas comunes para la remisión de procedimientos

En el futuro, las autoridades de un país decidirán solicitar la transferencia del procedimiento (a otro Estado miembro) sobre la base de una lista de criterios comunes. Estos criterios incluyen:

  • el delito se ha cometido en el territorio del Estado miembro al que se va a transferir el procedimiento o la mayoría de los efectos del delito o una parte sustancial del daño se produjeron en ese Estado miembro
  • uno o más sospechosos o acusados son nacionales o residentes en ese estado miembro
  • uno o más sospechosos o acusados están presentes en el Estado miembro al que se trasladarán las actuaciones
  • la mayoría de las pruebas pertinentes para la investigación o la mayoría de los testigos pertinentes se encuentran o residen en ese Estado miembro
  • que hay procesos penales en curso con respecto a los mismos u otros hechos contra el sospechoso o acusado en el Estado miembro que pasaría a ser responsable del proceso

El país al que se le ha pedido que acepte la transferencia de procedimientos debe informar al país que desea transferir estos procedimientos sobre su decisión –ya sea aceptar o rechazar la transferencia– a más tardar 60 días después de haber recibido la solicitud. Este plazo podrá ampliarse hasta un máximo de 30 días.

Un país debe rechazar la transferencia del proceso si según su legislación no es posible iniciar o proseguir un proceso penal en relación con los hechos subyacentes a la solicitud de transferencia. Este sería el caso, por ejemplo, si la conducta en relación con la cual se realizó la solicitud no constituye un delito penal según la legislación del Estado requerido.

Derechos de la víctima y del acusado/sospechoso

El reglamento también incluye obligaciones con respecto a los derechos de los sospechosos y acusados, así como de las víctimas, al decidir sobre un traslado.

El país en el que se lleva a cabo la investigación penal y que desea transferir el proceso a otro país debe, por ejemplo, tener debidamente en cuenta los intereses legítimos del sospechoso o acusado, así como de la víctima. La nueva ley también prevé la obligación de informar al acusado o sospechoso y a la víctima sobre la intención de transferir el proceso y se les debe dar la oportunidad de dar una opinión sobre esta transferencia. Además, se les informa durante otras fases relevantes del procedimiento.

Derecho a un recurso judicial efectivo

Los sospechosos, acusados y víctimas tendrán derecho a un recurso legal efectivo contra la decisión de un país de aceptar la transferencia del proceso penal. Podrán ejercer este derecho en el país al que se traslada el proceso penal.

Habrá un plazo para interponer recurso judicial no superior a quince días contados a partir de la fecha de recepción de la resolución de aceptación del traslado del proceso penal. La decisión final sobre el recurso legal debe tomarse sin demoras indebidas y, cuando sea posible, dentro de los 60 días.

Próximos pasos

El acuerdo provisional se presentará ahora a los representantes de los Estados miembros en el Consejo (Coreper) y a la comisión de Justicia del Parlamento para su aprobación. Si se aprueba y tras la revisión por parte de juristas lingüistas, el texto deberá ser adoptado formalmente por ambas instituciones, antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor. El reglamento comenzará a aplicarse dos años después de su entrada en vigor.

Fondo

Con la expansión de la delincuencia transfronteriza, la justicia penal en la UE se ha enfrentado cada vez más a situaciones en las que varios Estados miembros tienen competencia para procesar el mismo caso. Esto es particularmente cierto en el caso de los delitos cometidos por grupos delictivos organizados. Las normas sobre la transferencia de procesos penales ayudan a aclarar qué Estado miembro estaría en mejor posición para llevar a cabo un proceso penal. También son fundamentales para respetar los derechos fundamentales del acusado.

Actualmente no existe ningún instrumento específico de la UE que regule la transferencia de procedimientos. En cambio, los Estados miembros deben confiar en el Convenio Europeo sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de 1959.

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