El ritmo de la Justicia siempre ha sido bastante pausado, pero actualmente se encuentra sumido en una vorágine de nuevas tecnologías. La implementación de la Inteligencia Artificial en Juzgados y en la práctica diaria de los abogados conlleva una serie de riesgos, principalmente la protección de datos y la comprobación de la veracidad de la información y de la fiabilidad de las fuentes.
El evento, moderado por Sonia Alonso Esperanza, directora de operaciones de Proinvest Sandic, S.L., contó con la participación como ponentes Joaquim Matinero Tor, Banking & Finance and Blockchain de Ceca Magán, Carlos Fernández Hernández, Editor Jefe de LA LEY, y Miguel Bueno Benedí, Letrado de la Administración de Justicia y Doctor en Derecho y Sociedad.
El estado de la digitalización de la Justicia en España
Para empezar el debate, Sonia Alonso pidió a los panelistas que presentaran su visión sobre el acceso a la Justicia en España
Sobre este punto, Miguel Bueno aseguró que, a pesar de los anuncios y buenas palabras sobre la incorporación de las tecnologías en los Juzgados, lo cierto es que estos están todavía muy lejos de asumir estas nuevas herramientas. “En muchos sitios seguimos con una Justicia orientada al documento o al papel”, comenta.
En su opinión, los principales problemas que plantea el avance tecnológico y el uso de los datos digitales en la Justicia, son, en primer lugar, la brecha digital.
En segundo lugar, la desconfianza de los trabajadores de la Administración de Justicia hacia el uso de la tecnología. A este respecto, distingue tres perfiles de “compañeros que no avanzan en este ámbito”: Los que no están dispuestos a asumir esta transformación, bien por dejadez o por comodidad; los que tampoco lo están por su desconfianza hacia las nuevas tecnologías, a las que ven como una mayor fuente de problemas y por tanto de inseguridad, que de soluciones y, en tercer lugar, los que sí quieren asumir la transformación digital en la Administración de Justicia, e incluso a asumir ellos los cambios profesionales que sean necesarios, pero que no cuentan con la formación ni con el tiempo necesarios para materializar estos deseos.
Bueno señaló también la falta de medios, consecuencia de una falta de presupuestos públicos destinados a la Justicia en España. En su opinión, “el Ministerio de Justicia da bombo a la transformación digital, pero todavía no hay los medios suficientes para llevarla a cabo”, sentencia Bueno.
De hecho, el mismo habla de una falta de interoperabilidad entre los sistemas informáticos de las administraciones de cada Comunidad Autónoma, asegurando que “el problema no es una falta de centralización, sino la mala comunicación existente entre territorios”.
Por su parte, Carlos Fernández ofreció una serie de datos que ayudan a explicar los actuales problemas en el acceso a la Justicia en España:
Por una parte, el sistema jurídico español es muy complejo, y adolece de una exagerada proliferación regulatoria.
Lo anterior se traduce en una merma de la calidad normativa, y por tanto de la Justicia en general, principalmente a causa de la falta de previsibilidad que provoca, lo que genera una sobrecarga de trabajo en los órganos judiciales.
Sin embargo, según muestran los datos correspondientes a 2023 del Observatorio europeo de la Calidad de la Justicia de la Comisión Europea, la tasa de litigiosidad y de resolución de litigios en nuestro país se encuentra en la media de la Unión Europea (al menos por lo que se refiere a la primera y la tercera instancias).
Además, a esa inseguridad jurídica se une el hecho de que España es uno de los países de la Unión con mayor número de profesionales de la abogacía y, en cambio, con uno de los menores porcentajes de jueces por habitante, circunstancias ambas que, combinadas, contribuyen a complicar la situación.
En la parte positiva, cuenta también que en nuestro país los costes de litigación son bajos en comparación con los de países como Francia o Reino Unido, y que la inversión en Justicia de España, en particular durante los últimos años, sitúa al país en una posición media alta de la UE.
Una justicia orientada al dato
A continuación, Joaquim Matinero Tor explicó cómo de cerca o de lejos estamos de lograr una Justicia orientada al dato, y no al documento.
Hace 10 años casi nadie hablaba de datos, “se regalaban”, mientras que hoy para la empresa vale más el dato que la compra que realice el cliente.
A nivel numérico considera que no estamos tan mal a nivel, si bien faltan fiscales y jueces, un problema importante y generalizado son las herramientas que no se interconectan, duplicando carga administrativa.
Admite que “seguramente falte inversión, pero se deberían de analizar también aquellas herramientas que ya no se usen, que estén obsoletas, y contribuir así a que cada vez más gente se fíe de su incorporación a la Administración de Justicia”. Incidiendo en esto, añade que mucha gente prefiere ir al juzgado en persona, “por si el sistema se cae o si algo se pierde”
Carlos añade que hay también datos que invitan al optimismo, como que, a niveles de inversión, dotación de medios digitales y regulatorios del uso tecnológico por órganos digitales, España está casi a la cabeza en la UE, concretamente cuarta o quinta de 27 países
Los medios alternativos de solución de conflictos
Seguidamente, Sonia Alonso planteó el tema de la mediación, el arbitraje y otros medios alternativos de solución de controversias, preguntando a los ponentes si se trata de excepciones, o de una nueva realidad
Miguel Bueno asegura que estas fórmulas en muchas ocasiones pueden evitar llegar a juicio, aligerando carga de trabajo, y que “cuanto más se forme la gente para llevar estos temas, mejor”.
Por eso señaló que “quienes no acuden a estas fórmulas alternativas malgastan recursos, por lo que, si hacen la justicia más eficiente, bienvenidas sean”. La mediación previa a una demanda ahorra tiempo en recursos, pues muchas veces acorta o incluso elimina el procedimiento. Existe para estos casos un protocolo de conformidad, pero en materia penal los trámites son muy complicados, muy burocrático todo y debe ser actualizado.
Joaquim, por su parte, se mostró de acuerdo, pero añadiendo que “de primeras todo lo nuevo genera rechazo, y hasta comprenderlo e integrarlo la gente no le pierde el miedo”. Y es que, para él, la mediación se irá asentando, se globalizará y para las nuevas generaciones “será algo normal”.
Para ello, añadió, debe haber un cambio desde arriba, no basta con cambios en las leyes, y la gente no puede estar al día de tantas resoluciones normativas en España. “El ciudadano debe ser el primero en recibir esta formación, después los altos cargos de las administraciones”.
La importancia del dato en la Justicia
A continuación, Sonia Alonso planteó el papel que juega el análisis del dato para aumentar la eficiencia y la equidad en la justicia
Sobre este extremo, Joaquim Matinero señaló que las nuevas IAs no pueden ser utilizadas actualmente por profesionales del Derecho, pues por ejemplo las resoluciones judiciales serían erróneas, debido a los errores que comete actualmente la Inteligencia Artificial Generativa. Esa circunstancia es la que, en su opinión, el dato abre la posibilidad de la mediación y de evitar la generación de recursos, dilaciones y de derroche de tiempo y esfuerzos.
En su opinión, si el dato pasa a ser el centro, estos cambios serán trascendentales. Para el futuro se muestra optimista, ya que “las nuevas generaciones no tendrán ese miedo a la formación y adaptación a esta transformación tecnológica de la justicia”, comenta.
A este respecto, Carlos Fernández precisó, por una parte, que hay que distinguir automatización de procedimientos de IA, pues son dos metodologías diferentes. Según este ponente, la automatización de procedimientos en la justicia puede ser beneficiosa siempre que permita un control humano de las decisiones.
Por otra parte, indicó que la predictibilidad algorítmica de conductas delictivas futuras es algo peligros para los derechos de las personas y, por ello, prohibido por
el próximo Reglamento Europeo de IA.
Miguel Bueno opina que digitalizar los datos también genera mucha seguridad: “Que algo esté digitalizado y se pueda enviar a la audiencia genera mucha seguridad, tanto a operadores jurídicos como a ciudadanos, a los cuales llega la información además instantáneamente”.
La Justicia y los nuevos chats inteligentes
En el siguiente bloque, la moderadora comentó que se están desarrollando procesos tecnológicos para gestionar el dato con eficiencia pero que en el sector legal, sector celoso con estas herramientas, hay actualmente una gran brecha entre la tecnología ya desarrollada y su adopción real, por ejemplo, en los despachos. Por ello preguntó a los ponentes sobre qué tecnología destaca actualmente en nuestro sector.
Para responder, Joaquim resalta precisamente el papel de las “Legaltech”, esa palabra vinculada a empresas que ofrecen tecnologías vinculadas al mundo legal. Sin embargo, dice que “aunque a todo el mundo le atrae, aterrizarla es más complicado”. Cree que, en el caso de las IAS, todo el mundo usa ChatGPT a lo loco, a pesar de que muchos no necesitan esta herramienta. Y dice que quienes acuden a la tecnología blockchain adolecen de este mismo error.
Advierte de que actualmente la IA no es tan exhaustiva, llegando a cometer errores que pueden ser graves. “Para cada caso hay una o varias tecnologías, pero necesitas asegurarte de que los datos que te aportan sean veraces, resuelvan situaciones problemáticas y aporten un beneficio”, alerta. Comenta además que las necesidades no serán iguales en cada área, ya que cada una tiene sus propias necesidades, y por tanto deberán apoyarse en tecnologías diferentes.
Carlos Fernández se mostró de acuerdo con Joaquim, afirmando que “aplicar la tecnología por aplicarla no tiene sentido, hay que analizar cuándo y dónde es necesaria”
¿Qué desafíos actuales se plantean ante el uso de estos datos en la justicia?
Sonia Alonso se refirió seguidamente a la vital importancia de poner el foco en consideraciones como la protección del dato o la privacidad, dado el riesgo asociado al procesamiento de datos.
Para Joaquim esta problemática se plantea a nivel de usuario, de la persona en la calle. Y es que ya solo usar el buscador implica que la herramienta filtre la información, con el riesgo de que quien busca el respaldo legal se pierda cierta información importante. “Hoy en día los algoritmos mandan”, admite.
Para el profesional el dato es muy importante, y debe hacer tanto de abogado como de investigador a la hora de recopilarlos, y de tratar con ellos. Según este experto, “ojalá todo dato fuera certero, pero hay que ser consciente de que muchos de esos datos no solo no son veraces, sino que incluso su fuente no es fiable”.
Miguel Bueno, por su parte, afirmó que esta situación y los desafíos que conlleva implican revolución de todas las políticas de protección de datos. Por tanto, en su opinión, se deben establecer políticas nuevas, y los softwares que se incluyan en juzgados deben cumplir religiosamente con estas normativas de seguridad.
Volviendo a Carlos Fernández, este comentó que, si para un abogado es delicado el uso de chatgpt, mucho más lo será para un particular, sin conocimientos jurídicos. Los ciudadanos no deben envalentonarse si no comprueban la información que les otorgan las herramientas como ChatGPT.
Los abogados y ChatGPT y similares
Para terminar el webinar, la moderadora planteó el problema que está surgiendo cuando algunos abogados usan IA Generativa, sin comprobar la veracidad de los datos que este les aporta pero incorporándoles directamente a sus escritos procesales, lo que les ha llevado a sufrir graves profesionales. Por ello planteó a los panelistas ¿Qué consecuencias tiene este cambio a nivel deontológico? ¿Dónde queda la seguridad de la información con la IA generativa?
Para Joaquim Matinro, el abogado es el profesional que va más a la par de la sociedad, adaptándose a sus usos y costumbres, por lo que tiene que estar al día de la información audiovisual que generan las nuevas aplicaciones y tecnologías, por ejemplo, tiktok. En este sentido, apuntó que el profesional del derecho “Debe entender cómo funcionan su clientes, y cuáles son las principales herramientas de información”, dice. Además, afirma rotundamente que Internet debe evitar los macrocentros de datos, como por ejemplo Meta, “o la cosa se pondrá complicada”.
En su turno, Carlos Fernández, alertó del problema que plantea el desconocimiento de muchos abogados de las posibilidades reales de las herramientas digitales. Un desconocimiento que les puede llevar a errores como el cometido ya por algunos abogados norteamericanos que han presentado escritos procesales elaborados por una IA, sin comprobar adecuadamente su contenido.
Los abogados, añadió, ya dedican mucho esfuerzo a preparar escritos en condiciones, pero, hoy por hoy, “las máquinas no están preparadas para esa misma labor, ya que su funcionamiento no se basa en conocimiento de derecho, sino que es un criterios estadísticos”. Por ello, asegura que el profesional del Derecho debe conocer el alcance de las herramientas que use, y saber en qué caso servirse de una u otra, según el trabajo que tenga entre manos.
Para terminar, Miguel Bueno comentó que “va a funcionar mejor el profesional que sepa qué herramientas tiene y cómo usarlas adecuadamente, un factor que va a ser un elemento diferenciador en los profesionales del derecho. Al fin y al cabo, es una profesión que debe ir de la mano de la sociedad”.