I. Introducción
El informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (en adelante, Comisión de Venecia) sobre la futura ley de amnistía es un documento de vital importancia que aborda una serie de cuestiones cruciales relacionadas con el Estado de Derecho, la independencia judicial y la preservación de la integridad del sistema judicial, habiéndose presentado como Informe sobre los requisitos de las amnistías en el Estado de Derecho, con especial referencia al proyecto de ley parlamentaria de España «sobre la ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña», adoptada por la Comisión de Venecia en su 138ª reunión plenaria (Venecia, 15-16 de marzo de 2024). El presente artículo, que tiene ciertos fines de profundidad, profundiza en diversas ideas presentadas en el informe, ofreciendo una visión amplia y detallada sobre el alcance y las implicaciones de la ley de amnistía en un contexto legal sólido y respetuoso de los derechos humanos, que tiene especial relevancia a pesar de no haber tenido fuerte repercusión mediática.
Ya se recogieron interesantes reflexiones sobre la independencia judicial en el Informe sobre la independencia del sistema judicial (parte I): la independencia de los jueces, adoptado por la Comisión de Venecia en su 82ª reunión plenaria (Venecia, 12-13 de marzo de 2010), que llega a afirmar lo siguiente:
«6. La independencia del poder judicial tiene un componente objetivo, como calidad indispensable del sistema judicial como tal, y un componente subjetivo, como el derecho de toda persona a que un juez independiente establezca sus derechos y libertades. Si no existen jueces independientes, los derechos y libertades no pueden aplicarse de una manera correcta y legal. Por lo tanto, la independencia del poder judicial no es un fin en sí mismo. No es un privilegio del que gozarían los jueces a título individual, sino que se justifica por la necesidad de permitir que los jueces cumplan su misión de guardianes de los derechos y las libertades de las personas.»
A través de un examen minucioso de temas como el ámbito de aplicación de la ley de amnistía, los efectos suspensivos de las cuestiones de inconstitucionalidad, la independencia de los jueces y tribunales, y el papel de las comisiones de investigación parlamentaria, este análisis busca comprender a fondo los desafíos y consideraciones clave que surgen en relación con la amnistía y su implementación.
Al profundizar en estas ideas, se pretende no solo obtener una comprensión más amplia de las implicaciones legales y políticas de la ley de amnistía, sino también garantizar que se tomen medidas apropiadas para salvaguardar la justicia, la equidad y el respeto por los principios fundamentales del Estado de Derecho en cualquier proceso de reconciliación nacional.
II. El ambiguo ámbito de aplicación de la futura ley de amnistía
El informe de la Comisión de Venecia sobre la futura ley de amnistía aborda uno de los temas más delicados en materia legal y política: el alcance y los efectos de una amnistía sobre casos del pasado. La amnistía, a diferencia de la derogación o modificación de una disposición penal, es un acto legislativo que perdona ciertas categorías de delitos cometidos en un período y bajo circunstancias específicas. Sin embargo, su aplicación no es retroactiva en el sentido estricto, ya que solo afecta a los delitos ya cometidos y no a los casos futuros.
Una de las principales preocupaciones planteadas por la Comisión de Venecia es el ambiguo ámbito de aplicación de esta futura ley de amnistía. Ello plantea desafíos tanto desde una perspectiva legal como política
Una de las principales preocupaciones planteadas por la Comisión de Venecia es el ambiguo ámbito de aplicación de esta futura ley de amnistía. Ello plantea desafíos tanto desde una perspectiva legal como política. Desde el punto de vista legal, la aplicación de la amnistía debe ser clara y precisa para garantizar la seguridad jurídica y el respeto por el principio de separación de poderes. Los jueces deben poder aplicar la ley de manera consistente y predecible, lo que requiere que los criterios para la aplicación de la amnistía estén claramente definidos.
El informe enfatiza la importancia de que el proceso de aplicación de la amnistía no socave la autoridad del Poder Judicial. Aunque la decisión de otorgar la amnistía recae en el ámbito legislativo, es esencial que se respete el papel de los jueces en la interpretación y aplicación de la ley en casos individuales. Ello asegura que la revisión judicial del proyecto de ley de amnistía no se vea comprometida y que se mantenga la integridad del sistema judicial.
Precisamente, una de las recomendaciones clave de la Comisión de Venecia es la necesidad de acotar y definir de manera precisa el alcance material y temporal de la aplicación de la amnistía. Ello es fundamental para garantizar que los efectos de la ley sean previsibles y coherentes con los principios de seguridad jurídica y respeto por el Estado de Derecho. La falta de claridad en el ámbito de aplicación de la ley podría dar lugar a una gran cantidad de casos y controversias, lo que podría trasladar los conflictos del ámbito político al judicial, lo cual no sería coherente con el propósito de la amnistía.
En definitiva, el informe de la Comisión de Venecia destaca la importancia de establecer criterios claros y precisos para la aplicación de la ley de amnistía, tanto en términos de los delitos cubiertos como de los procedimientos para su aplicación. Ello garantiza la coherencia, la previsibilidad y el respeto por el Estado de Derecho en el proceso de reconciliación nacional.
III. Los efectos suspensivos de la cuestión de inconstitucionalidad y su taxativa integridad
La posición de la Comisión de Venecia sobre los efectos suspensivos de las cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la futura ley de amnistía plantea cuestiones fundamentales sobre la integridad del sistema judicial y la protección de los derechos individuales en el contexto de la amnistía.
El artículo 35.3 de la Ley Orgánica 2/1979 (LA LEY 2383/1979) establece claramente que las cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por los jueces ante el Tribunal Constitucional dan lugar a la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre la admisión de dicha cuestión. Esta disposición tiene como objetivo garantizar que se respeten los principios constitucionales y que se suspendan las actuaciones judiciales pertinentes hasta que se resuelva la cuestión de constitucionalidad.
No obstante, el artículo 10 del proyecto de ley de amnistía propone una excepción a esta norma al establecer que cualquier recurso posterior no tendrá efecto suspensivo. Esta disposición plantea preocupaciones sobre la coherencia y la integridad del proceso judicial, ya que podría dar lugar a la continuación de procesos judiciales que podrían verse afectados por una eventual declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.
Las autoridades españolas han informado a la Comisión de Venecia de que las normas que se aplican a los recursos son, en principio, las ordinarias y que la exclusión del efecto suspensivo no se aplica al procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Comisión subraya que esta cláusula no puede interpretarse de manera que prive la revisión judicial del proyecto de ley de amnistía de cualquier efecto práctico, especialmente en lo que respecta a la aplicación de los principios del Derecho Penal.
Resulta esencial que se mantenga la integridad del proceso judicial y se garantice el respeto por los derechos individuales en el contexto de la amnistía. La Comisión destaca que cualquier disposición que afecte a los efectos suspensivos de las cuestiones de inconstitucionalidad debe ser analizada cuidadosamente para asegurar que no se socave la revisión judicial del proyecto de ley de amnistía ni se pongan en riesgo los principios fundamentales del Estado de Derecho y los derechos humanos.
Como puede inferirse fácilmente, el informe de la Comisión de Venecia enfatiza la importancia de preservar la integridad del sistema judicial y garantizar la protección de los derechos individuales en el contexto de la amnistía. Es esencial que cualquier disposición relacionada con los efectos suspensivos de las cuestiones de inconstitucionalidad sea coherente con los principios del Estado de Derecho y respete los derechos fundamentales de los ciudadanos.
IV. La independencia de los jueces y tribunales en general
La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho, y su preservación es crucial para garantizar la imparcialidad y la integridad del sistema judicial. El informe de la Comisión de Venecia sobre la futura ley de amnistía destaca la importancia de este principio y su aplicación en el contexto de la legislación de amnistía.
La independencia de los jueces y tribunales individuales es esencial para asegurar que el sistema judicial funcione de manera justa y equitativa
La independencia de los jueces y tribunales individuales es esencial para asegurar que el sistema judicial funcione de manera justa y equitativa. Ello significa que los jueces deben poder tomar decisiones sin restricciones ni influencias indebidas, ya sea del poder legislativo, ejecutivo u otros organismos públicos. La independencia judicial también implica que los jueces deben tener la libertad de decidir los casos de manera imparcial, de acuerdo con su conciencia y su interpretación de los hechos, y conforme a las normas de derecho vigentes.
La Comisión de Venecia hace referencia a la Lista de Verificación del Estado de Derecho, que destaca la importancia de garantizar la independencia de los jueces individuales y del Poder Judicial en su conjunto. Ello significa que las actividades judiciales no deben estar sujetas a la supervisión de ningún otro poder, y que los jueces deben poder actuar de manera independiente en la toma de decisiones judiciales.
Además, la Comisión destaca la Recomendación (94)12 del Comité de Ministros sobre la independencia, eficiencia y papel de los jueces, que establece que los jueces deben poder actuar sin restricciones ni influencias indebidas de ninguna parte. Los jueces deben tener la libertad de decidir los casos de manera imparcial, de acuerdo con su conciencia y su interpretación de los hechos, y de conformidad con las normas de derecho vigentes. Es fundamental que los jueces no estén sujetos a presiones o interferencias, ya sean directas o indirectas, y que puedan tomar decisiones judiciales de manera independiente y sin ningún tipo de influencia externa.
Es fácil inferir de todo lo anteriormente expuesto que el informe de la Comisión de Venecia destaca la importancia de garantizar la independencia de los jueces y tribunales individuales en el contexto de la futura ley de amnistía. Es fundamental que los jueces puedan actuar de manera independiente y tomar decisiones judiciales imparciales, sin estar sujetos a influencias indebidas de ningún tipo. Ello asegura la integridad del sistema judicial y la protección de los derechos individuales en el proceso de aplicación de la ley de amnistía.
V. Las comisiones parlamentarias como inapropiado elemento de supervisión de la actividad judicial y su incompatibilidad con la independencia judicial
El informe de la Comisión de Venecia aborda críticamente el papel de las comisiones de investigación parlamentaria en relación con el Poder Judicial y la independencia de los jueces en el contexto de la futura ley de amnistía. Este documento resalta la importancia de mantener la separación de poderes y preservar la integridad del sistema judicial en todo momento.
Las comisiones de investigación parlamentaria son herramientas importantes para supervisar y controlar el trabajo del poder ejecutivo, asegurando la responsabilidad política democrática y mejorando la transparencia y la eficiencia del gobierno y la administración. Sin embargo, es crucial que estas comisiones no interfieran con las investigaciones o juicios que estén siendo o estén a punto de ser llevados a cabo por las autoridades judiciales. La interferencia política en la administración de justicia socavaría gravemente la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes.
El Consejo Consultivo de Jueces Europeos ha advertido sobre el peligro de una superposición entre el papel de los jueces y el de las comisiones parlamentarias de investigación. Aunque estas comisiones pueden investigar supuestas violaciones o mala aplicación de la ley, deben hacerlo con cuidado para no interferir con las funciones judiciales. Los informes de estas comisiones nunca deben reemplazar un proceso judicial adecuado ni cuestionar las decisiones judiciales existentes en casos individuales.
En el contexto específico de España, el artículo 122 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) otorga al Consejo General del Poder Judicial la competencia para conocer de las posibles faltas disciplinarias cometidas por los jueces. Exigir a los jueces que informen a un órgano político sobre la manera en que abordaron un caso específico representa una interferencia política inaceptable en la administración de justicia. Ello no solo podría socavar la independencia judicial, sino que también crearía un efecto paralizador sobre otros jueces que podrían temer ser objeto de escrutinio político por sus decisiones.
Por lo tanto, la Comisión de Venecia hace una recomendación clara: las comisiones de investigación parlamentaria no deben tener el mandato de convocar, ni siquiera de invitar, a los jueces a informar sobre el fondo de los casos que han decidido. Esta medida es fundamental para cumplir con los principios de separación de poderes y de independencia del Poder Judicial, asegurando que los jueces puedan desempeñar sus funciones de manera imparcial y libre de interferencias políticas.
Del modo indicado, el informe de la Comisión de Venecia enfatiza la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes en el contexto de la futura ley de amnistía. Garantizar que las comisiones de investigación parlamentaria no interfieran con las funciones judiciales es esencial para mantener la integridad del sistema judicial y proteger los derechos individuales de los ciudadanos.
VI. Reflexión final
Las conclusiones extraídas del análisis referente al contenido del informe de la Comisión de Venecia sobre la futura ley de amnistía son significativas y destacan varios aspectos clave relacionados con el Estado de Derecho, la independencia judicial y la preservación de la integridad del sistema judicial.
En primer lugar, destaca la importancia de garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad en la aplicación de la ley de amnistía. La claridad y precisión en el alcance material y temporal de la amnistía son fundamentales para evitar controversias y conflictos legales que podrían surgir debido a interpretaciones ambiguas.
La independencia de los jueces y tribunales emerge como un principio fundamental para la protección de los derechos individuales y el mantenimiento del Estado de Derecho. Los órganos judiciales deben poder actuar sin restricciones ni influencias indebidas, garantizando así la imparcialidad y la integridad del sistema judicial.
La separación de poderes también se revela como un aspecto esencial para asegurar la independencia del Poder Judicial. Las comisiones parlamentarias de investigación deben evitar interferir con las funciones judiciales y respetar el ámbito de competencia de los tribunales, preservando así la integridad del proceso judicial y evitando la politización de las decisiones judiciales.
En el contexto específico de la amnistía, es crucial que cualquier disposición relacionada con los efectos suspensivos de las cuestiones de inconstitucionalidad sea coherente con los principios del Estado de Derecho y respete los derechos fundamentales de los ciudadanos. La interferencia política en la administración de justicia podría socavar gravemente la independencia del Poder Judicial y poner en peligro la protección de los derechos individuales.
Ciertamente, las conclusiones extraídas de esta exploración subrayan la importancia de preservar la integridad del sistema judicial y garantizar la independencia del Poder Judicial en el contexto de la futura ley de amnistía. Ello implica establecer criterios claros y precisos para la aplicación de la amnistía, evitar interferencias políticas en la administración de justicia y respetar los principios fundamentales del Estado de Derecho. Estas medidas son fundamentales para garantizar la justicia, la equidad y el respeto por los derechos humanos en cualquier proceso de reconciliación nacional, aunque todavía parece complicado constatar que la ley de amnistía a los independentistas catalanes es, verdaderamente, un pacto de reconciliación y no una vía para premiar al secesionismo catalán.