La Comisión Europea ha anunciado este 23 de mayo su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar correctamente la Directiva de fusiones empresariales, que busca eliminar los obstáculos fiscales a las reorganizaciones transfronterizas.
Según confirma el Ejecutivo europeo en un comunicado, da este paso después de que no haya percibido voluntad por parte de las autoridades españoles de realizar cambios al sostener que su legislación fiscal se ajusta a la Directiva sobre fusiones.
"La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes y, en consecuencia, lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", señala.
El objetivo de la Directiva sobre fusiones es eliminar los obstáculos fiscales a las reorganizaciones transfronterizas en las que participen empresas situadas en dos o más Estados miembros. Busca armonizar las normas fiscales relativas a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones entre sociedades en el mercado interior y en los Estados miembros de la UE.
Este paso llega después de que Bruselas abriera expediente a España a principios de 2019 y presentara un dictamen motivado en noviembre de ese mismo año, con una serie de peticiones a las autoridades para ajustar la ley nacional a la normativa europea.
La legislación española establece condiciones restrictivas para las escisiones totales de sociedades que no están previstas en la Directiva sobre fusiones: tras la escisión total de una sociedad, los accionistas de la sociedad escindida tienen que mantener la misma proporción de acciones en cada una de las sociedades que recibieron los activos de la sociedad escindida, que la que tenían anteriormente en la sociedad escindida.