Esas son las conclusiones de la Memoria Socioeconómica y Laboral del país del año 2023, que el Consejo Económico y Social ha publicado este jueves 30 de mayo.
Así, el órgano consultivo del Gobierno ha detallado cómo en 2023 la severidad de la sequía dio lugar a restricciones en diversas zonas y favoreció un aumento de la superficie afectada por incendios forestales (en concreto, la superficie fue un 44,4% superior a la de 2013, aunque la cantidad de sucesos se ha recudido un 28,2%en los últimos diez años). Al margen de este factor, ha apuntado a otros como el abandono rural, que deterioran y reducen las formaciones forestales, aumentando también el riesgo de llamas.
Además, el organismo ha explicado que empeoró la calidad del agua, a tenor del aumento de la concentración de nitratos y fosfatos en aguas subterráneas. En este sentido, ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia por la que condenaba a España por no prevenir la contaminación de nitratos derivada de la agricultura y la ganadería.
En líneas generales, ha incidido en que la irregularidad espacio-temporal del régimen hidrológico en España hace necesario tanto impulsar un uso racional y sostenible del agua como garantizar su disponibilidad en cantidad y calidad suficiente. Asimismo, ha pedido mayores inversiones para las infraestructuras hidrológico-hidráulicas.
En concreto, opina que las necesita para acometer actuaciones relacionadas con las conducciones, la seguridad hidrológico-hidráulica, infraestructuras de regulación y mejora de las condiciones de sus desagües de fondo. Por esta parte, ha considerado fundamental desarrollar además la totalidad de las medidas contempladas en los Planes Hidrológicos, desplegando el total de recursos económicos previstos en ellos.
Por otro lado, el Consejo Económico y Social ha reconocido que se aprobaron diferentes medidas orientadas al impulso de la movilidad sostenible y el mantenimiento de las ayudas al transporte público contribuyó a su mayor utilización. No obstante, ha subrayado que el uso del vehículo privado continúo en aumento y ha criticado la expansión del vehículo eléctrico.
A su juicio, esta choca con sus comparativamente "elevados" precios, con la "tardanza" en la concesión de ayudas respecto al momento de adquisición y con la "todavía insuficiente" red de puntos de recarga. Por esta parte, ha incidido en que si bien han experimentado un aumento de 11.173 nuevos puntos durante 2023 (hasta un total de 29.301), se sitúan lejos del objetivo del PNIEC (45.000).
Sobre este tema, el organismo también ha reprochado que a pesar del compromiso de implementar zonas de bajas emisiones (ZBE) en 149 municipios antes de 2023, únicamente se hizo en 15 de ellos, mientras que el resto se encuentra en proceso de tramitación. Aún así, ha señalado que la calidad del aire en las ciudades españolas mostró una favorable evolución en 2022, con la excepción del ozono troposférico que superó los valores objetivo.
Por último, el Consejo Económico y Social ha afirmado que la gestión de los residuos "continúa representando un reto para España" y que queda un largo recorrido tanto en la aplicación de criterios homogéneos para el establecimiento de las tasas que reflejen el coste real de las operaciones de recogida, gestión y tratamiento como en la provisión de incentivos para las buenas prácticas ambientales.
MÁS COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Por otro lado, el organismo ha pedido más coordinación entre Administraciones y más colaboración entre el sector público y privado para el diseño de estrategias conjuntas de lucha contra el cambio climático.
Así, ha instado a tener en cuenta factores como la distribución competencial entre las distintas Administraciones, el diferente contexto socioeconómico, el reto demográfico a los que se enfrentan los distintos territorios (despoblación, envejecimiento y población flotante (turismo)), las posibilidades tecnológicas y las limitaciones que suponen las brechas digitales en este tipo de políticas.
A su vez, ha demandado aumentar la colaboración entre el sector público y privado para el diseño de estrategias conjuntas de lucha contra el cambio climático y además ha animado a contar con la participación de los agentes económicos y sociales para realizarlas. Además, ha reclamado una hoja de ruta transversal que actúe desde numerosos ámbitos de las políticas no estrictamente ambientales ni sectoriales, a través de iniciativas que promuevan la educación y los hábitos de vida respetuosos con el medio ambiente; impulsen el papel de la agenda urbana, la ecoeficiencia de la vivienda y la movilidad sostenible; den respuesta a las necesidades específicas de las comunidades rurales e incorporen la perspectiva de género, la justicia intergeneracional así como el diálogo con los interlocutores sociales.
Según ha desgranado en el informe, los sectores con mayor incidencia de los riesgos físicos del cambio climático son por un lado el primario, que hará frente a graves pérdidas en agricultura, pesca y acuicultura por los cambios en la temperatura, la acidificación y la desoxigenación de las aguas marinas.
Por otro lado, el turismo, cuya adaptación es necesaria por la degradación de los recursos naturales, el deterioro de infraestructuras clave o los cambios en la oferta y la demanda turística, con especial incidencia en los destinos de litoral y nieve; y en último lugar, la construcción, que será impulsado por el impacto del cambio climático sobre las infraestructuras físicas y la necesidad de adaptación de las edificaciones.