Ilier Navarro.- El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de 4 de junio el nuevo anteproyecto de ley orgánica para la protección de menores de edad en el entorno digital que, en una segunda fase, servirá de base para desarrollar una estrategia nacional que iniciará su tramitación parlamentaria después del verano.
La estrategia parte de la realidad que viven los menores de edad, que acceden a través de dispositivos digitales a una gran cantidad de información, que tiene el potencial de servir para su educación y el desarrollo de sus habilidades, pero que también entraña riesgos sanitarios y psicosociales, y también en el ámbito penal.
Según ha explicado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el anteproyecto se basa en el informe de diagnóstico elaborado por un comité de expertos que tiene varias líneas estratégicas.
Una de ellas se basa en la prevención y la formación en competencias digitales de los menores, sus familias y los profesionales que tienen contacto con ellos, como profesores y personal sanitario.
La segunda línea se centra en el abordaje integral de los riesgos que se asumen más allá de las medidas regulatorias. Ahí es donde aparece la estrategia nacional.
Otra línea de actuación es la modificación del Código Penal para dar respuesta a delitos que se cometen en los entornos digitales con una legislación acorde y la garantía de los derechos de los menores a la intimidad, al honor y a la integridad.
Por último, está el refuerzo de protección con mecanismos de control parental y de verificación de edad a las personas que acceden a páginas web.
Riesgos digitales para los menores
Durante la rueda de prensa que se celebra tras el Consejo de Ministros, se puso el foco en el elevado riesgo de adicción a las pantallas que se genera con el acceso prolongado por parte de los menores y los adolescentes a los dispositivos digitales.
El ministro Bolaños destacó algunos datos, como que los menores en España suelen tener su primer móvil a una edad temprana, de media a los 11 años. También explicó que en el 95% de los casos, este dispositivo tiene acceso a internet y a los contenidos online. Además, recalcó que el 98,5% de los adolescentes tiene algún tipo de interacción en redes sociales.
Los bloques del anteproyecto
El titular de Justicia destacó varios bloques del anteproyecto de ley orgánica para la protección de menores de edad en el entorno digital aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
En un primer bloque, se establecen las obligaciones del sector público. Se establece una obligación de implementar campañas de sensibilización sobre los derechos de los menores en el ámbito digital y los riesgos asociados. Estas iniciativas estarán dirigidas de manera prioritaria a las familias, pero también tendrán impacto en el ámbito educativo y sanitario.
También se impulsará la creación de espacios de encuentro para que los menores puedan desarrollar actividades lúdicas y de ocio saludable, fuera del ámbito digital.
Se prevé que la aprobación de estrategia nacional se concrete a la vuelta del verano en la que se incluye el compromiso de revisarla y actualizarla cada tres años por parte del Ejecutivo. En el marco de la misma, se investigarán los efectos del consumo de pornografía en edades tempranas, las medidas para evitar los riesgos asociados a ese contenido adulto al que pueden acceder potencialmente los menores con el fin de evitar este tipo de situaciones. El foco se pondrá en el uso seguro de los dispositivos móviles.
Se aprueban dos artículos especialmente centrados en los sanitarios y en los docentes, respectivamente. En el caso del personal sanitario, se fijan medidas para la detección precoz de patologías en menores relacionadas con el uso de tecnologías digitales, que son cada vez más frecuentes Se crearán centros especializados para afrontar esas patologías con la prevención como base de los programas que allí se desarrollen.
Y en el caso de la docencia, se fomentará la educación en ciudadanía digital, alfabetización mediática, privacidad, propiedad intelectual, protección de datos y riesgos asociados al uso de redes sociales.
Alejamiento digital y «Deep fakes»
El segundo bloque de la ley se centra en la adaptación del marco legal para sancionar desde el punto de vista penal las conductas inapropiadas.
Incluye una modificación del Código Penal que incluye nuevas delitos. Entre ellos, se tipificarán como delito las «deep fakes» o ultrafalsificaciones, que consisten en la difusión sin consentimiento de imágenes y audios creados por tecnologías avanzadas o inteligencia artificial que parecen reales. De este modo, se quiere dar respuesta a la simulación de contenidos de tipo sexual o altamente vejatorio para la persona. El caso que se puso como ejemplo fue el de las menores de Almendralejo, de las que otros menores de edad difundieron imágenes falsas en las que aparecían desnudas.
También se regulará como posible sanción penal una orden de alejamiento online de los agresores condenados para que, de modo similar a la orden de alejamiento físico, la persona sancionada no pueda contactar a través de las redes con la víctima. En este sentido, también se establecerán limitaciones a desarrollar actividades en espacios virtuales, según ha indicado el Gobierno.
Otros delitos que se tipificarán serán el «grooming» o el engaño online a menores que cometen adultos a través del falseamiento de su edad y/o de su género con el fin de entablar contacto con un menor para intentar cometer un delito contra su libertad sexual. Asimismo, se tipifica como delito la difusión de material pornográfico a menores.
Obligaciones a tecnológicas
El tercer bloque del anteproyecto se centra en las limitaciones a las empresas del sector tecnológico. Los fabricantes deberán asegurar que los dispositivos legales cuentan con sistemas de control parental y que incluyen un etiquetado informativo sobre los riesgos en la exposición a los dispositivos electrónicos.
Además, se añaden obligaciones para las plataformas de intercambio de videos, que deberán incluir un enlace directo, visible y fácilmente accesible al canal de denuncias y a los sistemas de control parental, para que para los padres o tutores no sea una odisea dar con ellos.
Se implementarán sistemas de verificación de edad por defecto en los dispositivos, dado que desde el Gobierno consideran que los sistemas actuales resultan ineficaces porque permiten el acceso simplemente indicando que se es mayor de edad, pero sin ninguna otra comprobación.
Otra novedad es la prohibición a los menores a acceder a los a los «loot boxes», que son cajas botín, un mecanismo de recompensa asociados a videojuegos y plataformas digitales que en algunas ocasiones requieren el pago de dinero y que tiene un gran poder adictivo.
Entre las medidas adicionales, está el refuerzo de las obligaciones de los influencers, que deben llevar a cabo medidas de protección a los menores en su actividad; el incremento de 14 a 16 años en la edad para prestar el consentimiento en el tratamiento de los datos de carácter personal; o la ampliación de los casos en los que se podrá interrumpir judicialmente la prestación de servicios online u ordenar la retirada de datos.
Según el ministro Bolaños, la ley establece foros y mecanismos de cooperación entre el sector público y el privado y recordó que los productos tecnológicos que se comercialicen en España estarán obligados a cumplir con la nueva ley una vez esté aprobada. La aspiración es avanzar en una armonización normativa de ámbito comunitario.
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Fotos: Pool Moncloa / Raúl Salgado