La abogacía institucional ha expresado su malestar por la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano cuya renovación se ha retrasado cinco años y medio fruto de la ausencia de acuerdo político. La fotografía final ha dejado de lado a los abogados, lo que ha generado quejas y reproches.
Malestar en el CGAE
«Hemos apelado con fuerza a la responsabilidad institucional, más allá de los inmediatos intereses partidistas; a la cultura del pacto y la negociación, como vía para la renovación del Consejo General del Poder Judicial», así comenzaba Victoria Ortega, actual presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), una publicación al respecto en su perfil de «X». «Son señas identitarias de la Abogacía, como lo son la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas a través de su tutela efectiva por un Poder Judicial independiente y un servicio público de Justicia de calidad. Por eso la Abogacía debía estar por derecho propio en el nuevo CGPJ», acababa lamentando en su mensaje.
También manifestaba su malestar Blas Jesús Imbroda, consejero del CGAE y candidato a sustituir a Victoria Ortega al frente del mismo y decano del Colegio de Abogados de Melilla, que en una Tribuna publicada en la sección «Legal» de Cinco Días bajo el título «La renovación del CGPJ: un desprecio a la abogacía», manifestaba: «151.400 abogados y abogadas de toda España deberíamos tener la suficiente fuerza para que en el futuro no se produjera más este trato y que la abogacía conocedora de los problemas que tiene la justicia y de las soluciones que precisa, y afectada en su trabajo profesional diario, esté siempre presente también en el CGPJ contribuyendo con su voz a hacer mejor la justicia en beneficio de todos los ciudadanos y en beneficio de toda la sociedad».
Sorpresa en el ICAM
En un comunicado difundido este miércoles, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha hecho pública la «sorpresa y pesar» de la corporación madrileña por la notable ausencia de la Abogacía en la nueva composición del Consejo. «Ni un solo profesional de la Abogacía ha sido incluido, a pesar de ser el principal operador jurídico y el enlace natural entre la sociedad y la justicia», ha reprochado el decano del ICAM, Eugenio Ribón, a través de sus redes sociales.
A juicio de Ribón, «esta exclusión es un grave error que no solo margina a un colectivo esencial para el funcionamiento de la justicia, sino que también priva al CGPJ de la valiosa perspectiva y experiencia que los abogados y abogadas aportamos. Desde el ICAM, instamos a las fuerzas políticas a reajustar esta decisión y a incluir a representantes de la Abogacía en el CGPJ, en cumplimiento con lo establecido en la Constitución y en beneficio de una justicia más completa y equitativa».
La abogacía andaluza también se lamenta
Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha recordado en otro comunicado, que el hecho de que el artículo 122.3 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) prevea que 8 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos «entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia» —además de los 12 elegidos entre jueces y magistrados— tiene como objetivo, precisamente, «incluir las perspectivas y sensibilidades de los distintos operadores jurídicos», y lamenta que «ni PP ni PSOE hayan incorporado el punto de vista de uno de los colectivos profesionales esenciales en la Administración de Justicia como es la abogacía».