"Ahora ha llegado el momento de cumplir la ley, o si no es así, desde luego no se pueden recibir ayudas cuando uno se declara desobediente de la ley del Gobierno de España", ha advertido para recalcar que el Ministerio está trabajando para que, a partir de 2024, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes que quieran acceder a las ayudas al tranporte público deban tener un ZBE en funcionamiento.
Fernández Heredia ha recordado que las ZBE son una obligación legal por parte del Gobierno de España, que está consignada en la Ley de Cambio Climático y que los municipios afectados han tenido tiempo para hacer las tareas que tuvieran que hacer desde 2023.
"Las leyes están para cumplirlas. Yo creo que los ayuntamientos han tenido tiempo, han dispuesto de ayudas por parte del Gobierno de España, más de 1.500 millones de euros, para actuaciones en entidades locales para acelerar la implantación de ZBE", ha añadido.
CRITERIOS COMUNES
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han iniciado reuniones para fijar criterios comunes que definan qué es una zona de bajas emisiones (ZBE), según ha confirmado el MITECO a Europa Press.
Una ZBE es una zona delimitada por las Administraciones públicas en la que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en base a las etiquetas de la DGT. Desde el 1 de enero de 2023, es obligatorio que tengan una municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite.
Ahora, ambos ministerios quieren fijar unas características comunes que sirvan para determinar qué zonas son efectivas y cuáles no, es decir, qué zonas cumplen con los objetivos de reducir el tráfico y la contaminación.