El objetivo de la norma es marcar las principales líneas, instrumentos y mecanismos de gobernanza para lograr una mayor autonomía estratégica a través del impulso de la industria y su transformación para recuperar la base industrial en España, aumentar su competitividad en la escena internacional y lograr la neutralidad climática antes de 2050. Dentro de la regulación de las estructuras de gobernanza del ecosistema industrial español se incluyen:
- Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica: es el documento que contiene las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española, la cual determina los objetivos y elementos críticos e interrelaciones del ecosistema industrial que se tendrán en cuenta en su planificación, sin perjuicio de las estrategias industriales impulsadas desde las comunidades autónomas, y en línea con la política industrial de la Unión Europea. La primera Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica abarcará el período hasta 2030. Se desarrollará a través de los Planes Estatales de Industria y Autonomía Estratégica, que definirán las medidas, programas, y recursos específicos para su implementación. A estos efectos se establecen los procesos de elaboración, aprobación, seguimiento y revisión de la Estrategia y del Plan Estatal, así como su alcance temporal y los mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas en su implementación.
- Consejo Estatal de Política Industrial: se crea como órgano consultivo, asesor y de coordinación en las materias que afectan a la industria, para favorecer su competitividad, crecimiento, autonomía estratégica y resiliencia y sostenibilidad en su dimensión nacional, europea e internacional. Se determinan sus funciones y se contempla la creación de comisiones, que tendrán la consideración de grupos de trabajo de los previstos en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015), para coordinar los ámbitos de política industrial en los que sea imprescindible una coordinación interministerial continuada, como los de transición ecológica, transformación digital, trabajo y provisión y desarrollo de talento, y simplificación y agilidad administrativa que afecta a las empresas industriales.
- Conferencia Sectorial de Industria y PYME: es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Su composición, funciones y régimen jurídico es el establecido en los artículos 147 a (LA LEY 15011/2015)152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre (LA LEY 15011/2015). Asimismo, se crearán los grupos de trabajo que se consideren oportunos para avanzar en la simplificación administrativa, agilización de procedimientos y mejor regulación, así como en la coordinación conjunta de mecanismos de vigilancia de mercado.
- Foro de Alto Nivel de la Industria Española: es un órgano colegiado dotado de plena autonomía funcional, que asesorará al Ministerio de Industria y Turismo en el diseño de las políticas del Gobierno en materia de política industrial, en aras de lograr un mayor peso relativo del sector industrial y sus servicios, así como una mayor autonomía estratégica. Se regulan sus funciones, composición y funcionamiento y régimen jurídico aplicable.
Asimismo, recoge medidas de protección para la industria intensiva en energía que faciliten la descarbonización de sus procesos y su transición energética, en línea con los objetivos de la Estrategia a largo plazo para una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050 y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Dentro de este mismo contexto, dispone que con el objetivo de incentivar la inversión empresarial que suponga un incremento del impacto económico, social y medioambiental mejorando las exigencias establecidas en la normativa aplicable y de aumentar la concienciación sobre la importancia de estas actuaciones, las administraciones públicas promoverán las actividades de certificación de impacto en empresas e inversiones industriales sobre la base de las normas técnicas que se aprueben por los organismos de normalización internacionales o nacionales, en defecto de norma técnica internacional. Esta certificación será realizada por organismos de evaluación de la conformidad acreditados según la normativa europea y servirá para validar las inversiones de impacto.
Por otro lado, se promoverá el uso de la certificación financiera o rating de empresa que registre la situación en términos de solvencia y liquidez y otros aspectos relevantes en términos económico–financieros. Las agencias de rating acreditadas por la European Banking Authority (EBA) serán las únicas competentes para elaborar certificaciones en materia financiera.
Modifica:
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LA LEY 1730/2003): introduce una disposición adicional sexta bis.
- Ley 32/2014, de 22 de diciembre (LA LEY 19897/2014), de Metrología: artículo 7 y los apartados 1, 2 y 3 del artículo 22 e introduce un nuevo artículo 27.
- Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional (LA LEY 14800/2015): artículo 10 y la letra j) al artículo 21.1, pasando la actual letra j) a ser la nueva letra k), y se introducen los artículos 30 y 31.
- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (LA LEY 26470/2020): disposición adicional quincuagésima séptima uno, dos cuatro y cinco.
Deroga:
- Ley 21/1992, de 16 de julio (LA LEY 2144/1992), de Industria.
- Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero (LA LEY 970/1997), por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial.
- Real Decreto 1823/1998, de 28 de agosto (LA LEY 3456/1998), por el que se establece la composición y el funcionamiento de la Comisión para la Competitividad Industrial.
- Real Decreto 436/2010, de 9 de abril (LA LEY 7596/2010), por el que se crea la Comisión Interministerial de Política Industrial y se regula su composición y funcionamiento.
- Artículos 12 (LA LEY 10552/2010), 13 (LA LEY 10552/2010) y 14 del Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo (LA LEY 10552/2010), por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial.
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