Ilier Navarro. Es el tema candente de las últimas semanas: la negociación para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales de trabajo -frente a las 40 actuales repartidas en ocho horas diarias- no ha dejado indiferente a ningún sector y la abogacía no es la excepción. ¿Cómo repercutirá en el día a día de los despachos de abogados? En Diario La Ley hemos hablado con especialistas que aseguran que los efectos de esta medida, una vez se apruebe, serán difícilmente asumibles. Mientras unos concluyen que no quedará más remedio que contratar a más personal, con el correspondiente incremento en costes laborales, otros lamentan que probablemente deberán reducir el volumen de asuntos que aceptan. El impacto será profundo.
Los que peor lo van a llevar serán los abogados autónomos y los que están dando sus primeros pasos en despachos pequeños y medianos. Según explica Aída Martínez García, especialista en Derecho laboral, a las microempresas y pymes del sector legal “les va a producir una situación muy negativa porque la reducción de ese número de horas supondrá dos cosas: o bien no poder asumir una carga de trabajo a la que ya estaban acostumbrados por falta de tiempo, o bien a tener que contratar más personal para poder gestionar esa carga de trabajo, con las enormes dificultades económicas que supone”.
Todo ello marcado por una realidad: que los despachos de menor tamaño no cuentan con los medios económicos de los que sí disponen los bufetes de grandes dimensiones. Las consecuencias, en términos de viabilidad de negocio, pueden llegar a ser nefastas. “Esto va a producir un sesgo desde el punto de vista de la competitividad. Si bien es cierto que la medida va a afectar de manera negativa a los grandes, estos tienen mayor capacidad económica para contratar a más personal”.
Por otra parte, puede repercutir en la facturación, señala la experta. Y es que los costes de personal, que se incrementarán, de por sí tienen un impacto mayor en la cuenta de resultados de los despachos más reducidos. “Todos van a tener pérdidas económicas por la asunción de nuevos puestos de trabajo que van a tener que asumir con los costes que esto conlleva”, subraya la abogada Aída Martínez.
Es poco aplicable en los bufetes
El fin que se persigue, de mejorar la conciliación de la vida personal y profesional, tendrá un lado positivo en los trabajadores, pero la conclusión es muy distinta si se plantea en términos de negocio y, más concretamente, de una empresa de asesoramiento jurídico. Los expertos reconocen que, en determinados sectores, donde sí es posible establecer una planificación del trabajo poco alterable en el día a día, puede tener efectos beneficiosos.
¿Pero qué ocurre en los bufetes? “En nuestra profesión nunca sabes qué vas a hacer al día siguiente, en el sector de la abogacía es muy complicado: los plazos llegan todos los días, hay requerimientos de juzgados y de organismos oficiales que hacen que tengas que estar replanificando la agenda con carácter prácticamente inmediato. Y las necesidades de los clientes son las que son: si te viene alguien porque tiene un problema que debe solucionar en uno o dos días, es muy complicado decirle ‘no porque tengo que adaptar mi agenda a una jornada de 37,5 horas’. No puedes hacer eso. Necesitas personal para cubrir estas situaciones”, señala la fundadora de Aída Martínez Abogados.
¿Sería posible reorganizar y hacer lo mismo en menos horas? En principio, esa es la clave de la productividad en términos económicos, pero no siempre es aplicable a todas las realidades empresariales. No, al menos, en un sector con las características de los despachos de abogados. Tal como apunta el experto laboralista Luis Jiménez-Arellano, del Bufete Mas y Calvet, actualmente no es posible firmar contratos temporales para afrontar un pico de trabajo, por lo que los despachos de abogados solo podrían compensar esa reducción de horas mediante contratos indefinidos.
“La reducción de jornada tampoco es que sea mucha, pero la única solución que veo sería contratar: altas nuevas y contratos indefinidos. En lo que sí habría margen es en que, siendo indefinidos, en vez de a jornada completa sean a media jornada”. Y describe un caso concreto que encajaría en la realidad de varios bufetes: la opción sería que un mismo departamento o área de práctica compagine profesionales contratados a jornada completa con empleados a media jornada.
Un ejemplo claro sería el de un bufete cuente con clientes internacionales, por ejemplo, en Latinoamérica. Para cubrir la diferencia horaria, se puede contratar a un profesional del derecho de manera indefinida, pero por cinco horas y trabaja de 17 a 22 horas para atender a ese segmento concreto de clientes. O reforzar con jornadas parciales por las mañanas. Las contrataciones indefinidas a jornada parcial permitirían mitigar, en parte, el impacto en las cuentas de los costes laborales adicionales.
Renunciar a llevar más asuntos
Por su parte, Ricard Gené, socio del bufete La Guard y experto en Derecho mercantil, considera que no tiene sentido que la misma regulación se aplique de la misma manera a todo tipo de empresas sin importar su tamaño. “La rebaja de tiempo de trabajo supone, en la práctica, un incremento de salario y repercute de manera muy diversa en distintos sectores económicos. Habría que pensarlo bien y ver en qué sectores tiene sentido y en cuáles no. En el sector privado no estamos en esa jornada”, reconoce el abogado.
El experto considera que esta medida, en una parte importante de despachos, no va a derivar en un incremento de la incorporación directa más empleados o refuerzos y, de manera inevitable, “habrá que establecer un mayor control sobre la gente para que trabaje de manera más eficiente”, reflexiona.
Además, la incorporación de la tecnología también hace que estés disponible más tiempo. “Los clientes te escriben el fin de semana, te hacen consultas sin respetar los horarios”, destaca. Esta es una realidad para la mayor parte de los abogados en España.
Y también hay que echar cuentas y calcular cómo afectará a la cuenta de resultados. “Es muy fácil resbalar en esta profesión. Haces el cálculo y dices ‘voy a contratar más gente’, pero las cuentas no salen. Al final, coges menos trabajo porque el coste adicional no te compensa. Además, en los despachos de abogados hay mucha movilidad profesional y, a veces, se paga más para retener. A ello hay que sumar el 30% de cargas sociales, dotar de un espacio de trabajo al abogado, el portátil, las dos pantallas, el móvil, adquirir más licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación para que pueda desempeñar sus funciones. Contratar a un abogado más conlleva sobrecostes añadidos, no es el coste directo exclusivamente. Al final, los despachos pueden decir ‘no contratamos’” e insiste en que “No necesariamente la reducción del tiempo de trabajo se traduce en mayor contratación y mayor empleo, no hay una correlación directa, no es automática”. Y coincide con los demás: los más desprotegidos serán los abogados autónomos y los despachos más pequeños.