Además, 391 de los delitos investigados fueron contra el medio ambiente; 990, sobre el urbanismo y ordenación del territorio; 311 corresponden a patrimonio histórico; 768, a delitos contra la flora y fauna; y 864, a incendios forestales.
A su vez, la memoria detalla que durante 2023 se formularon 1.327 escritos de acusación de los que 83 fueron por delitos contra el medio ambiente; 498 en materia de urbanismo y ordenación del territorio, 41 por delitos contra el patrimonio histórico, 282 en materia de flora y fauna, 138 por delitos de incendios forestal y 285 por malos tratos a animales. Asimismo, la Fiscalía incoó 2.799 diligencias de investigación el año pasado. Las más numerosas fueron las de urbanismo y ordenación del territorio, 1.010; seguidas de las de incendios forestales, 550; medio ambiente, 462; delitos contra la flora y fauna, 447; malos tratos contra animales, 246; y patrimonio histórico, 84.
Del total de las diligencias sobre medio ambiente, la memoria refleja que 989 fueron objeto de denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal y 1.456 fueron archivadas, mientras que las restantes se encuentran en tramitación. Además, de entre todos los procedimientos incoados, 134 fueron diligencias fueron urgentes; 23 se concretaron en juicios rápidos; un total de 4.502 constituyeron diligencias previas de juzgado de instrucción; 202 fueron delitos leves; 1.051, procedimientos abreviados de juzgado de lo penal y dos, procedimientos ordinarios.
En relación con la tramitación de procedimientos e iniciativas adoptadas por la unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía, la memoria pone de relieve que en el año 2023 se abrieron un total de 640 expedientes de los que 568 adoptaron la forma de expediente gubernativo y 82 la de diligencias preprocesales. En comparación, en 2022 se incoaron un total de 626 asuntos, de los cuales uno revistió la forma de 646 diligencias de investigación, 83 fueron diligencias preprocesales y 542 revistieron la forma de expedientes gubernativos.
UN TOTAL DE 959 SENTENCIAS CONDENATORIAS
Sobre las sentencias, la memoria del organismo recoge que durante 2023 se dictaron 959 sentencias condenatorias: 61 por delitos contra el medio ambiente, 295 por urbanismo y contra la 659 ordenación del territorio, 39 en patrimonio histórico, 218 en materia de flora y fauna, 90 por incendio forestal y 256 por malos tratos a animales. Por otro lado, se reportan 222 sentencias absolutorias de las que 32 lo son en materia de medio ambiente, 64 en urbanismo y contra la ordenación del territorio, 6 por delitos contra el patrimonio histórico, 40 por delitos contra la flora y fauna, 28 por delitos de incendio forestal y 52 por malos tratos a animales.
Además, el Tribunal Supremo dictó el año pasado tres sentencias en casación (dos condenatorias y una absolutoria) en cuanto a delitos contra el medio ambiente; cinco sentencias en ordenación del territorio (cuatro condenatorias y una absolutoria); una condenatoria en flora y fauna; otra condenatoria por incendio forestal; y dos por malos tratos a animales (una absolutoria y una condenatoria).
DIFICULTAD PARA EJECUTAR LAS SENTENCIAS DE DEMOLICIÓN
Por otro lado, la memoria señala que los integrantes de las secciones de Medio Ambiente destacan las dificultades que suscitan las ejecutorias de sentencias por delitos contra la ordenación del territorio, en lo que se refiere al cumplimiento de la demolición, así como su seguimiento. Aún así, las fiscalías refieren en sus memorias que durante 2023 se llevaron a cabo un total de 72 demoliciones efectivamente realizadas, 37 voluntarias y 35 forzosas, si bien el organismo recoge el dato con cautela. Asimismo, indica que, según las fiscalías, hay un total de 64 pendientes.
Por último, el organismo recoge cuatro causas por ataques de perros potencialmente peligrosos (PPP), todas ellas están pendientes de sentencia.