Licitado un contrato para la selección de proveedores para el suministro de libros para el ejercicio 2024, con destino al centro provincial coordinador de bibliotecas del Instituto Leonés de Cultura, el TARCYL ordena modificar los pliegos porque el criterio de adjudicación que otorga 10 puntos solo por el hecho de disponer de una librería física en la provincia, es una cláusula de territorialidad o arraigo territorial que supone una quiebra a los principios de igualdad y no discriminación rectores de la contratación pública.
Señala el TARCYL que no se justifica la cláusula que atribuye 10 puntos por tener servicio de libros a examen en una librería de la provincia de León. El órgano de contratación lo justifica por la necesidad de examinar los libros para verificar su calidad y así el interés en su adquisición, pero a juicio del Tribunal dicho examen no ha de ser necesariamente físico, ya que existe la posibilidad de acceder digitalmente a los libros o a su información.
Además, el criterio de selección favorece de facto a las empresas de la provincia de León frente al resto de empresas de otros lugares cuyo domicilio fiscal se encuentre fuera de ella.
El criterio supone una discriminación entre libreros que cuenten con un espacio de 20 m2, frente aquellos que tengan un espacio más reducido, entre libreros y licitadores que ostenten la condición de proveedores o distribuidores y entre libreros situados en el ámbito espacial de la provincia de León y el resto del territorio.
En definitiva, el criterio perjudica a los licitadores que no dispongan de un punto de venta propio. La proporción – 10 sobre 100 puntos-, aunque pequeña, sí puede llegar a ser decisiva en la adjudicación. Por ello, no disponer de una librería propia en la provincia condicionaría a los licitadores en el momento de elaborar sus ofertas, porque para obtener la máxima puntuación en el apartado concernido estarían obligados a alcanzar un acuerdo de cesión con una librería ubicada en la provincia de León.
La obligada anulación del criterio obliga a reformular los pliegos para que se elimine cualquier posibilidad de discriminación a la hora de concurrir a la licitación del contrato.