Este décimo informe de evaluación desde la creación de la CEPEJ en 2002, el primero que mide el impacto de la pandemia de Covid en los sistemas judiciales, proporciona a los responsables políticos y a los profesionales de la justicia una herramienta práctica y detallada para comprender mejor el funcionamiento de la justicia en Europa con el fin de mejorar su eficiencia y calidad.
Presupuesto asignado al sistema de justicia
El informe destaca que la parte del presupuesto destinada a la justicia en la mayoría de los países europeos sigue siendo baja en comparación con otros sectores públicos, representando alrededor del 0,31% del PIB. De media, cada país gasta 85,4 euros por habitante en su sistema de justicia (7,31 euros más que en 2020). Los países más ricos suelen destinar un mayor presupuesto al sistema judicial, que en ocasiones supera los 200 euros por habitante, mientras que los países menos ricos dedican un mayor porcentaje de su PIB a la justicia, lo que refleja un mayor esfuerzo en relación con sus recursos económicos.
En promedio, 2/3 del presupuesto de su sistema judicial se gasta en los tribunales, el 25% en la fiscalía y el resto en asistencia jurídica (11%). A pesar de los aumentos del 11,74 % y del 18,75 % en los presupuestos de los tribunales y los fiscales, respectivamente, se ha producido una notable disminución del 16 % en el gasto en asistencia jurídica gratuita desde 2020. Los países más ricos (con un PIB per cápita de más de 20.000 euros) suelen invertir más en asistencia jurídica, con una media del 24% del presupuesto judicial asignado a la asistencia jurídica, en comparación con solo el 3% en los países menos ricos.
Se observaron aumentos significativos en varias áreas presupuestarias, incluida la formación (+54%), que son en parte una recuperación de las disminuciones significativas en estas áreas en 2020 debido a la pandemia de Covid-19.
Profesionales de la justicia
En 2022, Europa contaba con una media de 22 jueces, 12 fiscales y 180 abogados por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, existen grandes disparidades entre los países, en particular en lo que respecta a los jueces, debido a las características nacionales específicas de los sistemas judiciales, la existencia de jueces legos (en el 54% de los Estados y entidades miembros), el papel de los Rechtspfleger (en el 35% de los Estados miembros y entidades) y el número y las tareas del personal no judicial que asiste a los jueces.
En Europa hay más juezas y fiscales que hombres (el 57 % de los jueces profesionales y el 54 % de los fiscales son mujeres), y el porcentaje de juezas recién contratadas es incluso superior a la proporción existente en 24 de los 32 países (en 17 de los 27 países para los fiscales). Sin embargo, el techo de cristal sigue siendo una realidad, aunque parezca que ha empezado a resquebrajarse, y la proporción de mujeres en los puestos más altos sigue aumentando.
Entre 2012 y 2022, los salarios de los jueces y fiscales en proporción a los salarios medios aumentaron ligeramente en Europa, aunque se produjeron disparidades significativas, y en algunos países se registraron descensos. En promedio, el salario bruto de los jueces es 2,5 veces más alto que el salario nacional promedio al comienzo de su carrera y 4,9 veces más alto al final de su carrera. Por otra parte, el salario bruto de los fiscales al comienzo de su carrera es, en promedio, 1,9 veces el salario medio nacional, siendo esta proporción de 3,7 a nivel del Tribunal Supremo.
Acceso a la justicia
44 Estados miembros ofrecen acceso gratuito en línea a textos jurídicos, jurisprudencia de los tribunales superiores y diversa información sobre el sistema judicial a través de los sitios web de sus tribunales. Solo en 3 Estados miembros el acceso a los tribunales es gratuito. Sin embargo, la asistencia jurídica gratuita está disponible en los 46 Estados participantes, aunque las condiciones para obtenerla varían. En algunos países, categorías específicas de personas, como las víctimas de violencia doméstica o sexual, los inmigrantes o los solicitantes de asilo, se benefician automáticamente de esta ayuda.
En 2022 se confirmó la tendencia a la baja del número de juzgados en Europa. Al mismo tiempo, la existencia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (en todos los Estados miembros existe mediación judicial), así como de soluciones digitales, se considera cada vez más un medio para mejorar el acceso a la justicia.
Eficiencia de los tribunales
Los sistemas judiciales europeos han mostrado una mejora significativa en 2022 en comparación con los datos de 2020. Si bien el tiempo teórico de tramitación de un asunto ha disminuido en general en comparación con 2020, la situación difiere en función del tipo de asunto (civil, penal, administrativo) y del nivel de jurisdicción (primero, segundo, Tribunal Supremo). Por ejemplo, mientras que los casos penales han visto una reducción en los tiempos de procesamiento en primera instancia, los casos civiles y comerciales aún no han vuelto a sus niveles previos a la pandemia, con un aumento en los tiempos de procesamiento en primera y segunda instancia. Los juzgados de tercera instancia han sido los más eficientes para todo tipo de casos. La mediación judicial sigue estando infrautilizada en el 25% de los Estados que proporcionan datos.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
La inversión en TIC es constante y casi todos los estados han aumentado su presupuesto promedio de TIC por habitante. Esto demuestra la creciente importancia de las TIC para el sistema judicial. Por primera vez, un nuevo índice experimental de uso de las TIC acompaña al índice de despliegue de las TIC existente y proporciona una medida más completa del papel de las TIC en el poder judicial.
El despliegue y uso de las TIC varía significativamente de un estado a otro. Es interesante observar que algunos de los países que obtuvieron los puntajes más altos en el índice de implementación tienen un índice de uso aún algo más bajo, lo que sugiere un desarrollo reciente en las TIC o la incapacidad de medir el uso en este punto. desde el último ciclo y después del Covid, muchos estados y entidades han logrado avances significativos en la introducción de audiencias remotas en los tribunales y en 33 estados esto es posible en materia penal. Además, durante este ciclo de evaluación surgieron nuevos instrumentos innovadores para ayudar a los jueces, lo que marca el inicio de avances significativos que serán visibles durante el próximo ciclo de evaluación.