Por Patricia Giménez Pérez.- La violencia económica contra la mujer se manifiesta a través del dominio de la economía doméstica, así como en la explotación o el sabotaje laboral. Mermar la independencia económica de las mujeres mediante estas vías se considera, actualmente, la tercera forma más frecuente de violencia de género, y la que más puede perdurar. Sin embargo, en España no está legalmente reconocida como violencia de género, careciendo de un protocolo de aplicación específico en el ordenamiento jurídico. Los expertos aseguran que este hecho dificulta gravemente su detección, así como la posibilidad de intervención.
Según el informe «Violencias económicas y salud financiera: un estudio jurídico», coordinado por Silvia Gómez Ansón (catedrática de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo), para paliar esta clase de situaciones es prioritario formar a las víctimas en salud financiera. El objetivo es que adquieran hábitos, habilidades y competencias que les permitan conseguir —y administrar— los ingresos suficientes para cubrir gastos y, a su vez, poder ahorrar.
Los resultados de este análisis en profundidad desde la perspectiva jurídica indican que, en nuestro país, esta forma de abuso se suele desestimar en las resoluciones judiciales. Por ejemplo, alegando falta de pruebas. Además, la expresión «violencia económica» se suele relacionar exclusivamente con el delito de impago de pensiones. En términos generales, solo en ocasiones «el Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor abordan esta violencia, si bien aún de manera demasiado tibia», afirmó en la jornada del 2 de octubre Javier Fernández Teruelo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo.
América y Oceanía, los continentes más implicados
En el contexto internacional, la mayoría de las normativas al respecto son de carácter recomendatorio, en lugar de obligatorio. No obstante, en Europa ya hay 23 países que cuentan con leyes sobre ello —entre ellos Andorra—, pese a que las únicas naciones geopolíticamente influyentes en el listado son Reino Unido y Francia.
A escala mundial, la diferencia la marcan América y Oceanía. En concreto, en Australia y Nueva Zelanda se puede encontrar una normativa completa sobre esta modalidad de abuso contra las mujeres. Lo mismo sucede en diversos microestados insulares de Oceanía. Y dentro del continente americano, también abundan los desarrollos normativos, presentes en 29 países. Muchos de ellos son territorios de gran relevancia internacional, como Estados Unidos, Venezuela, México o Argentina. En cambio, el estudio jurídico subraya la ausencia de regulación en Canadá.
El documento también resalta la labor realizada en África, donde un significativo número de Estados disponen de regulaciones que incorporan la violencia económica, con las correspondientes medidas sancionatorias. Aunque, en ese sentido, se señala que los avances se ven interrumpidos por la inestabilidad de los países, el totalitarismo y, en algunos casos, la presencia de la tradición islámica. Este último factor también afecta negativamente a la legislación sobre esta materia en Asia, a pesar de que 20 naciones asiáticas cuentan con ella. Sin embargo, ni Japón ni China pertenecen a ese grupo.
Falta de formación sobre salud financiera en la Justicia
La primera vez que el Tribunal Supremo recogió en una de sus sentencias penales el término «violencia económica» fue en el año 2021. A partir de entonces, solo figura en tres más. Pero en todas ellas está vinculado estrictamente al impago de pensiones.
Aunque fuera de lo penal, acudiendo a la jurisdicción civil, el Supremo ha emitido recientemente una nueva resolución de distinta índole. Esta reconoce la excepcional existencia de un caso de violencia económica hacia un padre, que tenía que soportar toda la carga que suponía alimentar a sus hijos porque la madre no lo hacía. Por último, en el ámbito social, la indagación llevada a cabo ha revelado que solamente existe un auto del TS en esta rama. Dicho auto refiere que la Administración causaría «una situación calificable como violencia económica» de no conceder una pensión de viudedad que se reclamaba.
Por su parte, consultando los datos de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas únicamente se han hallado cinco sentencias que hablen de violencia económica. Añadiendo a estos resultados los derivados de las audiencias provinciales, que son altamente heterogéneos pero igualmente poco alentadores, el informe concluye que «estas deficiencias legales y judiciales ponen de manifiesto la importancia de tratar con la mayor rapidez posible la violencia económica de manera integral en España».
A esta reflexión se suma que «deviene imprescindible una educación/especialización en salud financiera de todos los operadores jurídicos en esta manifestación de violencia. El sistema judicial ha de proveerse de una formación específica en los juzgados especialistas en violencia de género, y también en los de familia», como se puede leer en el colofón de este análisis.
Los proyectos de salud financiera como solución
Conforme se observa en el trabajo de investigación, el 11,5% de las mujeres mayores de 16 años en España sufren violencia económica. Este porcentaje equivale a más de 2.350.000 víctimas. A la vista de esta realidad, en el evento celebrado en la Universidad de Oviedo, María Jesús Álvarez (directora general de Igualdad del Principado de Asturias) insistió en que «si la desigualdad económica se hace crónica, e impide la autonomía de las mujeres, se convierte en una forma de violencia de género que estamos obligados a combatir».
En definitiva, el texto «Violencias económicas y salud financiera: un estudio jurídico» plantea la necesidad de una mejora de la salud financiera de las víctimas, como pilar para que la violencia económica disminuya. En este campo, una de las iniciativas es de la Fundación Nantik Lum, cocreadora del informe. «Hemos desarrollado un programa de prevención de violencias económicas, diseñado para prevenir, detectar y combatir este tipo de abuso a través de la formación y el acompañamiento», explicó Lucía Medina Ruiz-Mateos, directora de la entidad sin ánimo de lucro y moderadora de la mesa de debate.
Tanto la Fundación Nantik Lum como la Universidad de Oviedo forman parte del Plan Nacional de Educación Financiera, en la que participan más de 45 instituciones con la finalidad de promover esta enseñanza práctica en la vida diaria de los ciudadanos.