Por Ilier Navarro.- ¿Qué están haciendo los países al otro lado del Atlántico para proteger a los mayores? ¿Qué medidas y políticas se están implementando? ¿Cómo se crean entornos participativos y qué desafíos comparten con la realidad española? La falta de recursos y de una institucionalidad coordinada, así como la necesidad de trasladar al ordenamiento jurídico de cada país los convenios y acuerdos que se firman a nivel internacional son algunos de los principales obstáculos que comparten casi todos los países de Iberoamérica en sus políticas y estrategias relacionadas con los mayores. Estas barreras impiden ofrecerles una protección social suficiente, una atención correcta y adaptada a través de normas que incentiven la creación de entornos físicos accesibles y seguros, cuidados, integración en su entorno o, simplemente, favorecer un envejecimiento activo, respetuoso y libre de discriminaciones.
Los Estados y sus sistemas de justicia deben invertir recursos para avanzar en la implementación de medidas e iniciativas para la protección y la inclusión de las personas mayores. Un reto que es global, pero que en América Latina y el Caribe se presenta con urgencia. De todo ello se habló en la última sesión de Jubilare (cuya grabación está disponible en este enlace), que tuvo lugar el miércoles 9 de octubre en «La Cristalera» de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), una iniciativa de debate y reflexión de la Comisión Científica JUBILARE que impulsa el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME).
Bajo el título «La protección jurídica de los mayores: una visión Iberoamericana», se celebró una mesa redonda en la que intervinieron Martha Fernández, profesora titular de la Universidad de La Habana (ULH), en representación de Cuba; Franklin Reyna, vicepresidente de la Confederación Sindical de Trabajadores (CST), de Perú; y Mirian Serna, profesora titular, desde Paraguay. Por parte del Colegio Registradores y de la Comisión Científica JUBILARE, Sergio Saavedra, director de Relaciones Institucionales, ayudado por Rocío Perteguer, ejerció de anfitrión y moderador de las intervenciones.
El primer reto que afronta la institucionalidad paraguaya para dar un trato adecuado a las personas mayores está relacionado con las dificultades para la detección de la vulnerabilidad en general, a pesar de que la Constitución de Paraguay reconoce su derecho a contar con protección «en todos los aspectos, como alimentación, salud, vivienda y ocio», explicó Mirian Serna. La docente recordó que cualquier persona que tenga 65 años o más y que se encuentre en situación de vulnerabilidad o de extrema pobreza debe contar con el amparo del Estado, que está obligado a otorgarle una pensión.
Sin embargo, el país afronta problemas de infraestructura y otras barreras que impiden llegar hasta donde ellos se encuentran, a veces en zonas aisladas, para que las leyes se cumplan y los beneficiarios puedan acceder a esas ayudas y medidas de apoyo que, aunque son por una cuantía simbólica (equivalentes a 80 euros mensuales), suponen un respaldo económico que, en situaciones de extrema precariedad, les puede ayudar a costear los alimentos.
Por otra parte, existe un elevado nivel de demanda de estos apoyos y dificultades prácticas, como que una persona de 80 años tenga que presentarse físicamente en una oficina para cumplir con el requisito de dar una fe de vida para evitar prácticas fraudulentas y ello es así, a pesar de que existen mecanismos para que puedan acreditar que están vivas, pero no se implementan.
Aunque Paraguay cuenta con una institución previsional, el Instituto de Previsión Social (IPS), «no hay una protección integral. Tampoco tienen ni infraestructura ni sostenibilidad financiera ni hay coordinación entre las instituciones para identificar a esos adultos mayores y así incluirlos en los registros», advierte Serna. También destacó que el IPS permite que el adulto siga recibiendo atención médica. «Nosotros, los funcionarios públicos, nos jubilamos y perdemos ese beneficio. Por eso muchos funcionarios no quieren jubilarse y es uno de los mayores inconvenientes», admitió la profesora.
Eficacia de los derechos
Al abordar la realidad de Perú, Franklin Reyna puso el foco en la situación de discapacidad que afecta a un alto porcentaje de personas mayores no solo en Perú, sino en toda la región. Recordó asimismo que el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de 2002 se ha replicado en varios países, como Uruguay y Chile, y destacó sus principales ejes. «Una persona, por ser mayor, no queda excluida de la economía, derribando el edadismo. No está fuera del mercado, puede seguir trabajando si quiere». Por otra parte, refuerza las garantías para el acceso a sistemas sanitarios y la protección a través de la vivienda.
Reyna indicó que cerca del 17% de los 33 millones de habitantes de Perú son personas mayores, pero «el país no tiene la posibilidad de atenderlos como quisiera. Tenemos una crisis institucional», reconoció, a la vez que puso el acento en la escasez de recursos por la falta de crecimiento económico. «La justicia social y los derechos recogidos en la Constitución no se pueden hacer eficaces y dar mejor calidad de vida a los mayores», admitió, a la vez que subrayaba que la pobreza extrema había aumentado considerablemente en suelo peruano y en el resto del continente.
«Las desigualdades son una barrera para que puedan existir el acceso a la justicia social y a las medidas de protección a los ancianos», señaló el experto, que también destacó que la seguridad jurídica es fundamental para proteger a las personas mayores, porque contribuye a que no se vulneren sus derechos. Además, solo un simbólico 0,03% de la población puede hacer un uso efectivo de la normativa de discapacidad.
Para facilitar el acceso a recursos y a protección, Reyna puso de relieve el rol esencial que desempeñan las municipalidades peruanas, donde se puede asesorar a los mayores acerca de los beneficios de los que disponen, ya que han mostrado un desempeño eficaz en otras áreas de actuación, como en la tramitación de divorcios, que resulta más económico que por la vía notarial o judicial. «Las municipalidades trabajan muy bien la asistencia social», concluyó y destacó que pueden transformarse en agentes adecuados para atender a este colectivo.
Además, la designación de apoyos para los adultos mayores en Perú, así como otras actuaciones legales deben gestionarse por vía notarial o, si una persona no está en capacidad de solicitar el apoyo, tiene que ser por vía judicial. En este sentido, las municipalidades también pueden contribuir «a hacer más accesible el derecho», explicó.
Por su parte, Martha Fernández destacó los avances que supuso la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2015 porque refleja un «consenso de mirar con lupa la vivienda para personas mayores, con el foco en las características de este derecho». La seguridad en la tenencia, en los entornos y en la accesibilidad son claves. «La vivienda hoy es un eje central en el análisis de esta temática», concluyó, porque «tiene que ser parte de la integración, la independencia, la interacción y la identidad» de las personas de la tercera edad.
La importancia de la vivienda
Por otra parte, recordó que las ciudades están experimentando un crecimiento exponencial y que una de cada cinco personas en Iberoamérica vive en entornos habitacionales inseguros de las urbes. Y ahí, precisamente, es donde se detecta uno de los retos jurídicos frente a los adultos mayores. «Desde el derecho se tiene que propiciar un entorno de accesibilidad y de seguridad, tanto en el plano material, como funcional y jurídico. Lo primero es que tiene que existir la vivienda, no puede ser simbólica; también tiene que ser estable y adaptada a las características de la vejez, a su dependencia, con una estructura interna adaptada. Y la parte simbólica es que las personas mayores tienen que estar en su entorno. Es muy común entre nosotros, los latinos, que cuando se saca al mayor de su hogar, es como que se marchita», sostuvo Fernández.
Los juristas desempeñan un rol fundamental en el estatus de tenencia. «Uno se siente seguro cuando tiene una titulación efectiva porque da seguridad. Y los ancianos quieren esa seguridad», explicó la profesora, que también destacó los distintos modelos de vivienda para la vejez, como las residencias públicas (también conocidas como asilos en algunos países de esa región), los centros privados y otras fórmulas mixtas que ofrecen una atención en espacios y locales durante el día. «Todos estos modelos buscan ofrecer una protección a los adultos».
En Iberoamérica, explicó, existen iniciativas diversas para garantizar la vivienda a los adultos mayores. En Argentina, existe un programa que otorga una vivienda a los mayores de 60 años que se llama Casa Activa, con una protección desde el ámbito público. O en Colombia, donde con un enfoque más rural, se ofrece un subsidio. En Costa Rica, también hay una política basada en un bono y en Chile se ha puesto en marcha un sistema de condominio de viviendas estatales tuteladas. Mencionó también actuaciones de Bolivia o Brasil.
Asimismo, destacó otros instrumentos legales a los que recurren los adultos mayores y en los que los juristas desempeñan un rol protagónico, como la hipoteca inversa, el contrato de alimentos, la venta de la propiedad con reserva del usufructo, el comodato, etc. Y destacó que, en Cuba, su país, la modificación del Código de Familias adopta iniciativas innovadoras, como una mayor protección de la legítima que corresponde al heredero cuidador. «En nuestro entorno hay ancianos que viven solos, pero también hay quien vive con otras personas. Y el papel del cuidador, que es tan difícil, queda protegido», reflexionó.
Se mostró optimista porque se avanza en figuras jurídicas de protección a las personas mayores, en situación de vulnerabilidad o con discapacidad. «Esto es importante porque cada cual envejece de manera diferente. Decir que una sociedad está envejecida no es malo, quiere decir que ha logrado cuidar a esa persona para que lleguen a ese momento con una vida plena, accesible, sin discriminación y con adaptabilidad. Es una obligación de todos cuidar a quienes en su día lo dejaron todo para cuidarnos. Y ahora les toca a las nuevas generaciones», reflexionó.
¿Carestía de normas?
Por su parte, Sergio Saavedra abrió el debate al plantear si realmente se puede decir que hay una carestía de normas. «Es una queja común, pero no creo que sea el caso, hay normas, pero a lo mejor no son suficientemente útiles o no alcanzan los resultados esperados». Y preguntó si esto se podría deber a una inexistente interlocución entre las autoridades que aprueban las normas y los beneficiarios, es decir, los mayores.
Franklin Reyna señaló que los espacios de consenso y de diálogo social se han deslegitimado en Perú, pero «también es algo característico en nuestra región» y recordó que «tenemos una debilidad institucional» que se ha traducido en numerosos cambios de Gobierno en un breve espacio de tiempo. Como consecuencia, «las personas que tienen responsabilidad son pasajeras, no hay espacio para la reflexión», se lamentó.
Por otra parte, destacó un hecho fundamental: «Todos los países de la región han ratificado los convenios internacionales, pero ¿quiénes han incorporado cambios a sus códigos civiles para que tengan capacidad plena?» y recalcó que es prioritario que las personas mayores tengan derechos que experimenten en su vida diaria. «Los convenios hay que hacerlos prácticos, dar seguimiento a la política».
Las personas mayores son vulnerables a ser engañados, al fraude. «Los gobiernos locales son las instituciones que están más cerca, aunque está el riesgo de corrupción, las municipalidades funcionan muy bien en las políticas sobre adulto mayor y podrían proteger a la persona que va a expresar su voluntad», propuso Reyna. A pesar de ello, reconoció que son más vulnerables ante casos de fraude, por lo que deben contar con una mayor protección en transacciones económicas para que no pierdan su patrimonio. «En la facultad de enajenar, hay que ir con más cuidado, protegerlos mejor», señaló.
Para Martha Fernández, fomentar su participación es un elemento medular y destacó la variable de género: lo que es prioritario para los hombres mayores no siempre coincide con las prioridades de las mujeres mayores.
La profesora cubana destacó el «derecho humano a la ciudad, un derecho emergente presente en las constituciones de varios países, que se vincula con una vida digna, que lo regula Ecuador, Brasil, Perú. Está vinculado a la participación».
El principio de que «todos somos capaces» es algo que tienen que asimilar los funcionarios. «Ellos también tienen que entender y discernir en la discapacidad de una persona mayor y deben buscar apoyos, sin demeritar la capacidad humana. Es un reto para el funcionario en ese juicio valorativo y de presunción de capacidad».
Faltan recursos
La vejez de las comunidades indígenas es otro reto para los distintos países iberoamericanos. En Paraguay, tal como señaló Mirian Serna, el Gobierno está desarrollando políticas para que retornen a sus lugares de origen y puedan reinsertarse allí. Por su parte, Franklin Reyna destacó el elevado nivel de desigualdad que hay en Perú que, junto a la falta de movilidad social y las escasas oportunidades de desarrollo, impide encontrar vías para hacer útiles los derechos de las poblaciones más vulnerables, como son los ancianos indígenas.
Martha Fernández, por su parte, destacó que las poblaciones indígenas ya no están solo en el ámbito rural, sino también y de manera creciente en las ciudades, donde «la idiosincrasia de ese adulto mayor indígena choca. Los Estados deben trabajar para una mayor integración» y destacó que los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ayudan a los gobiernos a centrarse en políticas para encontrar equilibrios respecto de los adultos mayores.
¿El principal reto?
Los tres expertos coinciden: la falta de recursos. «Sin crecimiento económico, no se puede alcanzar el bienestar ni se puede redistribuir», señaló Reyna. «Hacen falta recursos, los Estados son conscientes, pero deben destinar recursos», apuntó Martha Fernández.
Puedes acceder a la grabación de la jornada a través de este enlace.