Fuente: g20.org/es
Ilier Navarro. Con la lupa puesta en el reconocimiento de los beneficios y de los riesgos que presentan los avances en el desarrollo de la inteligencia artificial, los parlamentarios del conocido como G20 aprobaron hace unos días la Declaración de São Luis, en Brasil. En este documento insisten en la idea de reforzar un enfoque responsable en las aplicaciones relacionadas con la IA, subrayando la relevancia de la gobernanza global y la estandarización como medidas para evitar los desequilibrios que esta tecnología disruptiva puede causar entre territorios. Solo Argentina se ha desmarcado de la declaración que promueve el desarrollo sostenible mediante el uso de la IA, cuya regulación se debe abordar desde un punto de vista “transparente, inclusivo, ético, responsable, confiable y centrado en el ser humano”, sostiene el informe.
La Declaración de São Luis -que lleva el nombre de la ciudad brasileña donde se celebró en junio la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Economía Digital- presenta una visión compartida y una serie de recomendaciones estratégicas para el futuro de la IA. El documento se debate en el marco de la cumbre del G20, que congrega en Río de Janeiro a los mandatarios de las 20 economías más potentes del mundo el 18 y 19 de noviembre.
El texto final surgido de la 10ª Cumbre de Presidentes de los Parlamentos del G20 (P20) reconoció la necesidad de mejorar la cooperación internacional en materia de inteligencia artificial. Puso el acento en iniciativas que mejoren la gobernanza global en los desarrollos vinculados a la IA, teniendo en cuenta los avances que se han dado en foros globales como el G20, el G7 y la Organización de Naciones Unidas (ONU). En este sentido, señala que las prioridades deben ser recortar la brecha digital que existe entre los países desarrollados y los que están en un proceso de desarrollo, así como promover una regulación ética de esta tecnología. Con el fin de mejorar su eficacia, también pone el acento en que los avances en los marcos regulatorios se basen en la interoperabilidad, de modo que exista una cierta coordinación y coherencia entre países.
El documento complementa y refuerza el trabajo desplegado como consecuencia de la agenda de la ONU, concretamente en el Órgano Asesor de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial y en el Pacto Digital Global (GDC, por sus siglas en inglés). Ambas entidades han expresado en sus respectivos informes la necesidad de optimizar e incrementar la eficacia de los sistemas globales de monitorización de los riesgos de IA y fomentar la participación de los países en desarrollo en su regulación. Para lograrlo, han planteado la creación de un panel científico que debería situarse en algún país del hemisferio sur. Esta propuesta ha sido respaldada entre los firmantes de la Declaración de São Luis.
Recomendaciones
Otros puntos clave que destaca esta declaración son el desarrollo del trabajo decente, la inclusión y la justicia climática y social, teniendo en cuenta las características específicas de las diferentes jurisdicciones y también los grupos en situación de vulnerabilidad extrema, mediante un enfoque integrador. Además, respalda la conciliación entre el enfoque basado en el riesgo y el basado en los derechos, por lo que solicita a los desarrolladores de modelos de IA que informen públicamente sobre las capacidades y limitaciones de los sistemas avanzados de esta tecnología.
En este sentido, los principales ejes serán la transparencia y rendición de cuentas, propios del enfoque basado en los derechos. En el caso de las aplicaciones de IA de alto riesgo, señalan que debería ser obligatoria la divulgación de las evaluaciones sobre su impacto en el respeto a los derechos humanos y el acceso a datos por parte de investigadores cualificados y auditorías externas. “Estas evaluaciones deberían estar sujetas a un escrutinio público más amplio”, subraya el documento.
Otro punto que destaca el enfoque sobre la justicia de datos, cuyo objetivo es combatir de forma activa la discriminación y reconocer las situaciones de asimetría que se pueden generar a escala mundial. Considera que el desarrollo de mecanismos de gobernanza de la inteligencia artificial debe orientarse a distribuir equitativamente sus beneficios y riesgos. Por otra parte, enfatiza la necesidad de garantizar la protección de grupos vulnerables. En este sentido, señaló que las niñas y las mujeres presentan un mayor potencial de ser víctimas de violencia a partir del uso de aplicaciones tecnológicas.
Asimismo, se destaca la necesidad de regular el uso de los conjuntos de datos y de impulsar políticas que fomenten el uso de datos abiertos que promuevan la diversidad cultural y lingüística. En el ámbito laboral, también subraya que los trabajadores deben contar con los mecanismos adecuados para adaptarse a estas transformaciones de modo que se limiten los efectos adversos del desarrollo de sistemas de IA en el valor de su trabajo. En ese sentido, destaca la necesidad de invertir en iniciativas educativas integradas en el trabajo, así como planes de formación y de desarrollo de capacidades.
El documento respalda el enfoque centrado en los “espacios de datos” en el marco de una estrategia de economía de datos alineada con las demandas de la sociedad y que promueva la interoperabilidad. “Estas políticas deben fomentar el intercambio equitativo de datos, con mecanismos apropiados de distribución de beneficios, protegiendo la privacidad y garantizando la seguridad de los datos de manera legal, transparente y responsable, al tiempo que evitan la captura por parte de intereses privados”, señala.
La intención de los grupos parlamentarios que participaron en la elaboración y aprobación de esta declaración es lograr que los mandatarios del G-20 las integren en su agenda para el desarrollo de la IA y que se generen vías de conexión entre la regulación global de la inteligencia artificial y las demandas locales, en especial las que surgen de los países en desarrollo. Argentina ha sido el único país del G20 que rechazó firmar el documento.