"Este 'totum revolutum' recuerda a las antiguas leyes de acompañamiento, que, pese a estar validadas por el Constitucional, resultaban absolutamente cuestionables en términos de técnica legislativa y calidad democrática", ha afirmado Pich durante una jornada para analizar los principales factores que inciden en el fraude fiscal.
Dentro de la batería de medidas propuestas para atajar el fraude, los economistas consideran que habría que dar una mayor estabilidad al sistema tributario de manera que se eviten los continuos cambios en el mismo, "que provocan incertidumbre y retraen o retrasan la inversión tanto nacional como internacional en el país".
Asimismo, el CGE cree que los criterios administrativos también deberían ser más claros y tener vocación de permanencia, para evitar incertidumbres y discrepancias de interpretación.
Apuntan, además, que las modificaciones que se tengan que realizar en la normativa tributaria han de respetar el principio de seguridad jurídica y evitar perjudicar las expectativas legítimas de los contribuyentes, especialmente cuando el cambio normativo afecta a situaciones que se remontan a muchos ejercicios anteriores a su entrada en vigor, sin establecer un régimen transitorio adecuado y avocando a los sujetos pasivos a afrontar una carga fiscal no prevista en su día y que no podrán recuperar.
POCA EFECTIVIDAD DE LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE MOROSOS
Los expertos han alertado sobre la incidencia de la litigiosidad tributaria y de la inestabilidad normativa en el fraude fiscal y sobre las implicaciones de la duración de los procedimientos de inspección en la seguridad jurídica.
Además, los economistas han advertido sobre la poca efectividad de la publicación de las listas de morosos y la conveniencia de tener también en cuenta los datos de cotizaciones sociales y gravámenes a la hora de evaluar el fraude fiscal.
FACILITAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO
Por ello, Pich ha apuntado varias medidas para intentar rebajar el fraude fiscal, como profundizar en la concienciación ciudadana y la asistencia a los contribuyentes, simplificar trámites y priorizar la estabilidad de la regulación tributaria.
Además, el presidente de los economistas considera que "habría que hacer todo lo posible para que el cumplimiento voluntario fuera más fácil y cree que se deberían reforzar los recursos humanos y materiales de la Administración Tributaria, intensificar el eficaz tratamiento de la información de que disponen las administraciones tributarias e incorporar el uso de la inteligencia artificial en todas las administraciones públicas.
En cuanto a la economía sumergida, uno de los elementos que, en la práctica, se perciben como más relevantes para la adopción de la decisión de sumergir un negocio es el elevado coste de los trabajadores. Siendo eso así, el CGE cree que habría que analizar la posibilidad de disminuir la brecha fiscal sobre el factor trabajo.